Opinión

La ineficiencia estatal

Actualizado el 27 de noviembre de 2012 a las 12:00 am

Los rangos medios de la función pública son invadidos por personas incompetentes

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Pasaban las horas, y un conjunto de catorce ciudadanos tratábamos de hacer arrancar aquel automóvil, varado en una autopista de gran circulación. Ninguno de nosotros tenía idea sobre el funcionamiento de los motores de gasolina y el sistema eléctrico de un vehículo automotor, pero eso no nos impedía dar cátedra sobre el asunto: “Le falta gasolina”, “Debe de ser la batería”, “Empujemos todos juntos y de seguro arranca”.

El fracaso hizo que las discusiones sobre quién tenía la verdad se calentaran violentamente, hasta que de pronto, entre la multitud apareció un electromecánico, enchufó un pequeño conector que se había desprendido de la bobina, y para sorpresa de todos, el automóvil arrancó. El conocimiento técnico de una persona especializada resolvió el problema en escasos treinta segundos.

El Estado costarricense está constituido por personas que realizan funciones normadas por manuales descriptivos y sobre todas las cosas se espera de ellos que se desempeñen de acuerdo con los principios presentes en los artículos constitucionales 191 y 192, los cuales señalan que sus nombramientos deben fundamentarse en la eficiencia y en la idoneidad, respectivamente. Sin embargo, existen también personas favorecidas por procesos de elección popular, cuyos puestos no están cubiertos por el Estatuto del Servicio Civil, con una nefasta característica: los criterios para seleccionarlos puede cumplirlos cualquier persona.

Por ejemplo, el artículo 108 de la Constitución Política indica que para ser diputado basta ser ciudadano costarricense mayor de 21 años, mientras que el artículo 10 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas indica que para ser miembro de una junta educativa basta ser costarricense, mayor de edad, que sepa leer y escribir.

Para ejercer un puesto técnico que implique la planificación de la política educativa nacional es suficiente con la presentación de certificados académicos y constancias de experiencia. Este proceso incompleto de selección de personal funciona sin entrevistas, pruebas de conocimiento ni pruebas psicométricas, que representan los mínimos indicadores en un verdadero proceso de selección para puestos con tanta responsabilidad social.

Si los criterios de selección de personal son pobres, se produce en consecuencia que los rangos medios de la función pública sean invadidos por personas incompetentes que, al pasar los años, pueden hacer carrera administrativa, ascendiendo a puestos de más poder y jerarquía.

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Si a esto le sumamos el compadrazgo y el nepotismo, a largo plazo observaríamos instituciones que consumen mucho presupuesto, pero que no resuelven ningún problema. Mientras las instituciones estatales de bajo desempeño se caen a pedazos, surgen de nuevo los expertos en el tema, tratando de explicar el colapso social: “el Estado debe desaparecer”, “necesitamos un caudillo”, “movilidad laboral inmediata”.

A pesar de que los jerarcas de las instituciones públicas son funcionarios públicos temporales, esto no los libra del deber constitucional que exige demostrar idoneidad. El ingenuo argumento “el pueblo me eligió, el pueblo es sabio” no es suficiente para asegurar la eficiencia de la administración pública. La planificación de la economía, la educación, la infraestructura vial, la salud y la seguridad, debe ser construida por medio del consenso de especialistas en sus respectivas áreas de conocimiento científico. La elección de estas personas debe pasar por filtros de selección de personal, ajustados a los requerimientos constitucionales.

La elaboración de instrumentos de selección y evaluación para puestos públicos de alto rango debe corresponderle a las universidades públicas, asesoradas por el Servicio Civil, y el resultado de dicha evaluación debe ser presentado ante la ciudadanía para una adecuada elección popular, propia de una democracia republicana.

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