Opinión

El indulto es un arma cargada

Actualizado el 11 de septiembre de 2017 a las 10:30 pm

Arpaio disfrutaba su proceder ilícito, jamás se arrepintió de él y nunca mostró compasión

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NUEVA YORK – Joe Arpaio, antes sheriff del condado de Maricopa en Arizona, acusado de desacato por no cumplir la orden de un tribunal federal estadounidense de terminar con el perfilado racial y la detención arbitraria de hispanos con el pretexto de atrapar a inmigrantes ilegales, no es ajeno a la controversia. Pero lo que hoy se debate acaloradamente es el indulto que acaba de concederle el presidente Donald Trump, ya que plantea dudas fundamentales en relación con esta prerrogativa presidencial, un elemento de la política estadounidense desde la fundación del país.

En las monarquías ocurre a veces que los reyes tengan poder ilimitado de perdonar los delitos de los ciudadanos. En la Constitución estadounidense (artículo II, sección 2), los padres fundadores otorgaron un poder similar al presidente, pero con dos importantes salvedades. Una deriva de la separación de poderes: no puede usarse en caso de juicio político, que es prerrogativa del Congreso. La otra deriva del federalismo: solo puede usarse para delitos “contra los Estados Unidos” o delitos federales, no contra aquellos que son exclusivamente del ámbito de alguno de los cincuenta estados.

La concesión del poder de indulto refleja el temor de los redactores de la Constitución estadounidense a una aplicación draconiana del Código Penal que diera lugar a excesos punitivos. Como expresó Alexander Hamilton en el número 74 de sus “ensayos federalistas”: “Los códigos penales de todos los países se hallan tan impregnados de una necesaria dureza, que si no se facilita la forma de hacer excepciones a favor de los delincuentes desgraciados, la justicia exhibiría una faz en extremo sanguinaria y cruel”.

La prerrogativa de indulto, prosigue Hamilton, debe concentrarse en un único individuo, porque este “estará más dispuesto a prestar atención a los móviles que quizá aconsejen una mitigación del rigor de la ley”. Lo que los fundadores no dijeron es qué sucede cuando el móvil que tiene en mente ese individuo no es la justicia.

En sus 24 años como sheriff de una jurisdicción que incluye la floreciente ciudad de Phoenix, Arpaio se construyó una imagen con la agresiva campaña de su departamento para rastrear a inmigrantes indocumentados y las condiciones brutales que instituyó en sus lugares de detención. Fue responsable directo de la detención de miles de personas sin ninguna sospecha razonable de infracción de la ley migratoria: bastaba que parecieran hispanos. Esa conducta hizo a Arpaio sujeto de juicios cuya resolución, entre 1993 y 2015, costó 142 millones de dólares.

Trump y Arpaio son viejos aliados. Durante la presidencia de Barack Obama, los dos fueron figuras prominentes del movimiento racista que insistía en que Obama había nacido fuera de Estados Unidos y por eso no podía ser presidente. En la campaña presidencial de Trump, Arpaio fue una de las caras más visibles del debate sobre la inmigración, y dio apoyo explícito a las promesas más extremas del candidato, incluida la construcción de un muro en la frontera con México.

En este contexto, el indulto de Trump a Arpaio parece puro oportunismo político. No ha sido, sin duda, un acto moral de clemencia. La conducta de Arpaio no puede considerarse “desgraciada”. Arpaio disfrutaba su proceder ilícito, jamás se arrepintió de él y nunca mostró el menor atisbo de compasión. Y puesto que no iba a ser sentenciado hasta octubre, no puede decirse que enfrentara un castigo draconiano (principal inquietud de los padres fundadores).

Los redactores de la Constitución estadounidense imaginaron otra función clave para la prerrogativa de indulto: ayudar al cierre de conflictos y la reconciliación con los enemigos políticos. En palabras de Hamilton: “hay momentos críticos, en que un ofrecimiento oportuno de indulto a los insurgentes o rebeldes puede restablecer la tranquilidad en el país”.

En 1863, a fin de facilitar la reconciliación del país después de la Guerra Civil, Abraham Lincoln decretó la amnistía total de los confederados (con la excepción de sus líderes, y con sujeción al interés público). Incluso el indulto que en 1974 Gerald Ford concedió a Richard Nixon (que había renunciado a la presidencia por el escándalo del Watergate) se presentó como necesario para la sanación nacional.

Esta reseña de indultos del pasado hace más patente la perversidad de su aplicación en el caso Arpaio y de su único y reaccionario propósito: denigrar y, en la medida de lo posible, revertir los logros de Obama y, de hecho, sus valores. En manos de Trump, un poder constitucional pensado para aliviar la “necesaria dureza” de la justicia penal se usó para convalidar crueldades cometidas por un funcionario policial.

Obviamente, dado que su razón es puramente ideológica, el indulto de Arpaio no fue sometido a revisión previa del Departamento de Justicia estadounidense (como era tradición). De hecho, este organismo se apresuró a distanciarse de la decisión, lo que resalta la facilidad con que Trump puede usar o no la prerrogativa de indulto al servicio de sus propios y numerosos fines: es prácticamente el único poder dentro del sistema de justicia penal que el presidente puede ejercer unilateralmente.

Por supuesto, el indulto de Trump a Arpaio no crea una base legal para la impunidad; los límites constitucionales al poder de indulto lo impiden. Pero habrá un problema serio si Trump intenta usar esta capacidad para proteger a su familia, hipótesis nada disparatada, dadas las investigaciones en curso del FBI en relación con los tratos de su círculo íntimo con Rusia. Esa jugada se toparía con un posible cuestionamiento legal basado en la cláusula de juicio político u otros límites constitucionales.

La prerrogativa de indulto es un arma cargada. En manos de un líder sabio y bien intencionado, puede reforzar el Estado de derecho; pero en manos de un líder narcisista, inestable y vengativo, puede ser profundamente perjudicial.

Ruti Teitel es profesora de Derecho Comparado en la Escuela de Derecho de Nueva York y autora de un libro de próxima publicación sobre el legado del presidente Barack Obama en relación con la justicia transicional global. © Project Syndicate 1995–2017

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