Opinión

¿Es el indulto un acto despótico?

Actualizado el 27 de diciembre de 2012 a las 12:00 am

Debe haber control de  constitucionalidad del ejercicio de aquella potestad

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El señor ministro de Justicia, Lic. Fernando Ferraro Castro, sale en estas páginas el día 19 pasado a responder lo que otro ciudadano denominó como “El indulto de la verguenza” en estas páginas. Don Fernando ensaya una justificación que preocupa, por peligrosa. Temíamos que el descarrilamiento del Poder Ejecutivo en este tema, como en otros, fuera producto de un error, pero nos damos cuenta por el mismo señor ministro de que lo hacen cimentados en la ley. Lo grave ya no es, por tanto, el indulto, sino la inteligencia que lo instituye.

El Lic. Ferraro expone que es un acto discrecional del Consejo de Gobierno y por ende, político. Invoca la resolución de la Sala IV 2011-6758 del 25 de mayo del 2011 que afirma que no se trata de un acto jurisdiccional propiamente sino de un acto de gobierno, político, pero de “consecuencias jurisdiccionales”. En resumen, el señor ministro de Justicia nos dice que estaban en su derecho y punto. ¡Es un acto autoritario!

Craso error, señor ministro. Una de las características  del Estado constitucional y democrático de derecho, tal como hoy se entiende lo que son las democracias  maduras –y Costa Rica lo es– es el sometimiento del poder público al ordenamiento fundamental, sin que sea posible entender que existan  áreas de actuación de los gobernantes que  quedan excluidas  de la legalidad constitucional o bien de la legalidad ordinaria. Tal pensamiento regresivo  es propio  del Derecho Público del siglo antepasado y  comienzos del XX, que fue fundamento de horrorosas experiencias totalitarias en la Europa continental  y que en América Latina también fue cuna de sangrientas dictaduras, las que bajo la excusa de la razón de Estado, de “acto de gobierno”, de la discrecionalidad política o bien de la doctrina de la seguridad nacional, pisotearon los derechos fundamentales  de sus ciudadanos.

El baluarte del constitucionalismo democrático es el rechazar la existencia de esas materias ajenas al control  de la  jurisdicción  constitucional  y entender y aplicar  que toda acción pública del gobernante es fiscalizable  por imperio de la Constitución y de la ley.

Todo acto de gobierno, por más discrecional y político que sea, puede ser revisado por la jurisdicción constitucional para determinar si  formal o materialmente se ajusta al derecho de la Constitución ya que si bien el ejecutivo ejercita una potestad constitucional de contenido discrecional, esa discrecionalidad debe estar ajustada al parámetro de la razonabilidad y conveniencia, más aún cuando el efecto jurídico del indulto es la eliminación de una sentencia judicial, firme y definitiva, solo revisable por el recurso de revisión ante Sala Penal o bien, ante la Corte Interamericana. De ahí que con mayor exigencia debe haber control de  constitucionalidad del ejercicio de aquella potestad por la afectación que se hace al principio de independencia de poderes y separación de funciones.

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No me cabe duda de que si la familia afectada llevara el indulto a la Sala Constitucional, esta tiene toda la competencia de revisar la decisión del Consejo de Gobierno que no está blindada pues el disparar por la espalda a un niño travieso que ha entrado a un predio a cortar limones no se sana con 800 firmas que menciona el Lic. Ferraro.

Si fuera así, nuestros expresidentes hubieran salido de la cárceles con cientos de miles de firmas más de sus seguidores políticos. Así de fácil.

Más allá de defender el contenido jurídico del acto como lo hace el señor ministro, debería de entrar a valorar el contenido ético del ataque a un menor con arma de fuego, en lo que también vergonzosamente el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) se ha quedado callado. Quizá, amordazado. Eso y el concepto de imperial con que lo realizaron, es lo que sigue siendo vergonzoso.

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