Opinión

Una indagación necesaria

Actualizado el 18 de febrero de 2017 a las 12:00 am

Se trata de devolverle a la libertad de prensa su sentido democrático y democratizador

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Una indagación necesaria

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El editorialista de La Nación, en su artículo titulado “Espectáculo legislativo” (14/02/17), tildó de “espectáculo político” la comparecencia del 13 de febrero del 2017 promovida por el Frente Amplio para que el señor Manuel Jiménez Echeverría se presentara a la Comisión creada para investigar los papeles de Panamá. Con ánimo de profundizar este necesario debate sobre el tema en cuestión, procedemos a aclarar las afirmaciones inexactas contenidas en el citado artículo.

En primer lugar, el articulista considera que al señor Jiménez prácticamente no se le hicieron preguntas atinentes al tema que estudia la comisión, lo que es falso. El mandato literal del órgano investigador es: “analizar la información hecha pública a partir de la investigación periodística internacional en torno al bufete panameño Mossack Fonseca, con el fin de identificar mecanismos o prácticas utilizadas para eludir o evadir tributos, así como las deficiencias, vacíos y omisiones que pueda tener la legislación costarricense para la adecuada fiscalización y recaudación tributarias”; de modo que el objeto de estudio no se circunscribe solo a las revelaciones inmediatas del escándalo, sino también a las prácticas de elusión y evasión tributarias cobijadas por leyes o por el vacío de estas.

En otra inexactitud de la nota, el editorialista alude a un supuesto reconocimiento por parte de los legisladores de que no existe relación entre el señor Jiménez y los papeles de Panamá. Si bien el compareciente negó cualquier vínculo, nuestras investigaciones han señalado que el señor Jiménez se encuentra mencionado en 21 entidades encontradas dentro de los papeles de Panamá, dato tomado del Semanario Universidad, la base de datos del ICIJ y Opencorporates. Así lo hicimos saber con los documentos correspondientes, durante la audiencia.

La información revelada muestra también que desde 1999 el señor Jiménez ha utilizado los servicios del bufete Mossack Fonseca para varias de estas sociedades donde él figura como accionista o directivo. Entre los servicios se encuentra el cambio de jurisdicción de una de las sociedades de las Bahamas a las Islas Vírgenes Británicas, ambas consideradas paraísos fiscales.

Sobre el llamado “caso de las rotativas”, que abarcó buena parte de la audiencia, basta señalar que el asuntó acabó en el año 2016 con una conciliación donde el Grupo Nación pagó cerca de $2 millones a las autoridades de Tributación para evitar llegar a juicio y una eventual condena. A la Comisión Investigadora no le corresponde reabrir una causa por este caso, pero sí le interesa conocer los mecanismos utilizados en la transacción de las rotativas y que ocasionó lo que el señor Jiménez llamó “diferendo comercial”, mientras que el Ministerio de Hacienda consideró un mecanismo utilizado para evadir tributos.

Otro tema de relevancia para la investigación resultó de una pregunta del diputado liberacionista Juan Marín. Ante la consulta sobre la posibilidad de migrar hacia un sistema tributario de renta universal, Jiménez, presidente ejecutivo del Grupo Nación, se opuso a dicha posibilidad. La línea editorial de su diario confirma lo anterior y cada vez que se ha discutido una modernización del sistema tributario, La Nación ha salido en defensa del sistema territorial vigente, por más anticuado que sea. Luego, ante una pregunta similar de la diputada Carmen Quesada, el señor Jiménez añadió que los papeles de Panamá carecen de relevancia para Costa Rica, pues al no regir un sistema de renta universal, como al que él precisamente se opone, muchas de las prácticas utilizadas para eludir o evadir tributos son perfectamente legales, a diferencia de otros países.

El editorial prosigue recriminando al Frente Amplio por anunciar y preparar una transmisión en vivo y en directo de la audiencia realizada.

Hacemos un mea culpa (?) de esto y reconocemos nuestro interés en que la ciudadanía pudiese informarse directamente y llegar a sus propias conclusiones de lo sucedió el lunes en la comisión, independientemente de las versiones de políticos y periodistas.

Finalmente, contrario a lo que el editorialista concluye de nuestras indagaciones, no se trata de perseguir a la prensa: se trata de combatir el abuso de poder y promover el debate de ideas y el libre acceso a la información. Se trata, en esencia, de devolverle a la libertad de prensa su auténtico sentido democrático y democratizador. Nada más.

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