El pasado 16 de octubre, La Nación publicó un relevante reportaje sobre el costo económico de las incapacidades por enfermedad, con base en un estudio de la Caja Costarricense de Seguro Social ( CCSS), en el que se hace referencia a datos del año 2012.
En el reportaje se indica que los trabajadores de la CCSS, el MEP y el Poder Judicial suman 12.077 millones en incapacidades, lo cual equivale al 40% del pago total de incapacidades por enfermedad. Sin embargo, me surgió la duda de que tales números no contemplaran el tamaño de cada institución o dependencia, puesto que no se puede equiparar el tamaño de la planilla de la CCSS con la de otra institución mucho más pequeña, como la Municipalidad de San José. De ahí que ese mismo día requerí el estudio correspondiente a la CCSS, de cuya lectura advierto datos muy interesantes.
Si se toma en consideración el tamaño de la planilla, el Instituto Nacional de Seguros presenta el porcentaje más elevado de trabajadores incapacitados, pues un 54,73% de sus empleados han sido incapacitados, seguido de la Municipalidad de San José, con un 49,98%, y la CCSS, con un 44,18%. Ahí, el Poder Judicial ocupa el lugar número 8, con un 32,95% (antecedido por el Banco de Costa Rica, Japdeva, Recope y el Ministerio de Seguridad Pública).
Cabe advertir que el Instituto Nacional de Seguros apenas cuenta con 2.198 trabajadores, mientras que en el Poder Judicial hay 14.999. Es decir, a pesar de que la planilla del Poder Judicial es 6,8 veces mayor que la del INS, el porcentaje de trabajadores incapacitados del Poder Judicial tiene 21,78 puntos porcentuales menos que el del INS. Dicho de otra forma, en el Poder Judicial, cerca de una tercera parte de la planilla se incapacita, mientras que en el INS lo hace más de la mitad. Valga aclarar que cito al INS solo por el hecho de que sale de primero en el referido dato.
Si, como parámetro se considera el monto promedio pagado por persona, se tiene que observar que los empleados de Japdeva reciben los montos más elevados, con un promedio de ¢568.884 anuales, seguidos por los trabajadores del Poder Judicial y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, con ¢459.865 y ¢392.127 anuales, respectivamente. En lo que atañe al Poder Judicial, se colige entonces que, si bien sus trabajadores no se incapacitan tanto como los de otras instituciones públicas, no menos cierto es que las incapacidades son caras. Este dato se ratifica porque el costo por día de la incapacidad en el Poder Judicial es de ¢22.577,50, solo superado por el INS, con ¢26.326,87.
Ahora bien, se debe aclarar que, si bien la CCSS, el MEP y el Poder Judicial consumen el 40,23 % de los montos pagados por incapacidades, no menos cierto es que hay una notoria diferencia entre tales entidades, pues la CCSS consume el 18,54% y el MEP, el 15,79%, mientras que el Poder Judicial, el 5,90%. Por lo demás, si se considera el tamaño de la planilla (es lógico suponer que, cuanto más grande sea la planilla, aumenta la probabilidad de que la gente se incapacite), como indiqué arriba, la CCSS pasa a ocupar el puesto 3, mientras que el Poder Judicial tiene el 8 y el MEP, el 11.
Por tanto, el estudio de la CCSS arroja datos muy interesantes que deben ser analizados desde diversas perspectivas, a efectos de tener una visión integral del problema y facilitar así la adopción de decisiones que respeten los parámetros constitucionales del derecho a la salud de los trabajadores, al tiempo que impidan cualquier abuso al respecto.