Opinión

Hay incapacidad, pero no ingobernabilidad

Actualizado el 30 de enero de 2013 a las 12:00 am

La corrupción que carcome al país no tiene nada que ver con ingobernabilidad

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Hay incapacidad, pero no ingobernabilidad

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La Asamblea Legislativa se apresta a realizar un debate en torno al “informe de los notables”, con el propósito de profundizar en algunas de sus recomendaciones buscando generar legislación que coadyuve a la mejor marcha del país.

Importante ha sido el aporte de estos distinguidos ciudadanos, que complementa esfuerzos similares que desde la academia, los partidos y el propio parlamento hemos hecho ciudadanos de diversas posiciones políticas, buscando mejorar sustancialmente el funcionamiento y los puntos de encuentro entre las instituciones que le dan sustento a nuestro sistema democrático.

Efectivamente, hay temas muy relevantes que debemos abordar con sus correspondientes correctivos de manera inmediata, pero no para restablecer la gobernabilidad, porque este país no es ingobernable, como de manera equivocada y en algunos casos interesada se ha estado repitiendo hasta la saciedad en diferentes foros y medios de comunicación.

Gobernantes incapaces. Hay problemas de gobernabilidad que urgen ser atendidos debidamente, pero lo que tiene a este país con síndromes de parálisis, y que la ciudadanía no soporta más, son aquellos derivados de la incapacidad para gobernar como se debe, de la ausencia de asumir responsabilidades como corresponde y, de manera particular, de la gran corrupción que carcome los intestinos de muchas instituciones públicas.

La trocha, la platina, la crisis de la Caja, los desórdenes en Fonabe y los actos de corrupción que ocupan titulares todos los días, para solamente señalar los más relevantes, no tienen nada que ver con ingobernabilidad, y sí mucho con incapacidad y complacencia hacia los corruptos.

Ahí está el problema central de la Costa Rica de nuestros días. Pretender cubrirlo bajo el velo de la llamada “ingobernabilidad”, casi como sinónimo de “Estado fallido”, es zafar el bulto, desviar la atención de la protesta y la crítica pública hacia temas de naturaleza estructural, que no son precisamente los que están generando esa sensación de hastío y de condena a todo lo que huela a política, y que muy bien se reflejan en las encuestas de opinión de los últimos tiempos.

Cuando quienes ostentamos cargos de responsabilidad nacional asumamos como corresponde nuestras obligaciones, actuemos con responsabilidad y transparencia, rindamos las debidas cuentas en el momento oportuno, respetemos como corresponde los recursos públicos y lancemos una batida a fondo a todas las expresiones de corrupción, entonces veremos cómo muchos problemas de hoy empiezan a desaparecer y reconstruiremos la confianza ciudadana. Ese es el reto número uno que debemos encarar, empezando por el Poder Ejecutivo.

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Reiteradamente se hacen críticas al Poder Legislativo, a su funcionamiento y eficiencia. El Ejecutivo suele montarse sobre ese dedo acusador para expiar culpas, desviar responsabilidades y adoptar la postura de víctima frente a un parlamento que no resuelve.

Sin ánimo de eludir responsabilidades propias y del conjunto del Legislativo, es importante precisar que la composición del Parlamento, sobre todo en tiempo de multipartidismo como el que prevalece, dificulta mucho los consensos y la gestión legislativo. Pese a esta realidad, que es directamente fruto de la voluntad ciudadana, a estas alturas, la Asamblea Legislativa no tiene deudas pendientes con el Gobierno.

Todos los proyectos de su mayor interés han sido tramitados y buena parte de ellos convertidos en ley de la República, incluso en tiempo récord.

Otra es la situación del Poder Ejecutivo. Su integración está exenta de la multiplicidad de criterios y banderías que comporta la ciudadanía. El Poder Ejecutivo tiene un gerente, un jefe, electo popularmente, que conforma un equipo de trabajo sin tener que consultarle a nadie. Es un equipo que debe ser el mejor, si el jefe de Estado quiere efectivamente cumplir los compromisos asumidos con el país en campaña electoral.

Complementariamente, el Gobierno debe construir los mejores puntos de encuentro con su bancada parlamentaria, precisamente para que esta pueda articular los consensos necesarios que exige gobernar en democracia, y el mismo Ejecutivo debe mantener una permanente actitud de diálogo y negociación con las bancadas de oposición, fundada en el respeto, la transparencia y la consecuencia con los compromisos que se asuman.

En lo que llevamos de la presente administración, esta no ha sido la nota característica en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Conviene señalar que el “informe de los notables” hace buenas recomendaciones que afectan al Poder Judicial, la Contraloría General de la República y otras instituciones que resultan pertinentes ser también tomadas en cuenta en ese esfuerzo al que nos invitan para construir un mejor país.

Me parece prudente que en este cuadro general sobre los retos verdaderos que enfrenta la Costa Rica de hoy ubiquemos el debate al que se va a abocar el parlamento y los que realicen otras instituciones, para alcanzar buenos resultados y no desviarnos por conclusiones que no corresponden a nuestra realidad.

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