Con muchos argumentos inaceptables, los huelguistas del Poder Judicial pretenden justificar que la majestad de ese poder es posible quebrantarlo. El Poder Judicial es intocable como receptor del principio esencial de esa columna vertebral del sistema democrático heredado de las garantías surgidas a partir de la independencia de los Estados Unidos de América y de la Revolución francesa, sin necesidad de ir muy lejos.
La división de poderes y funciones a partir de la teoría de los pesos y contrapesos en una república democrática, como la nuestra, resultará intocable salvo que suframos un golpe de Estado.
Por lo demás, el Poder Judicial no puede legítimamente declararse en huelga porque se trata del servicio más público y sagrado que existe en nuestro régimen de derecho.
El acceso a la justicia en general es una garantía esencial primaria de nuestro sistema. Debe serlo siempre pronta, oportuna, inmediata, cumplida sin denegación y de conformidad con las leyes. No hay excepciones.
Parálisis. Si el Poder Judicial se alza en huelga, ¿quién va a vigilar la legalidad del movimiento si los jueces se unen a ella? Si se paraliza, no hay juicios que celebrar, ni crimen organizado que investigar.
No solo habrá entre los dolientes frustración al no poder dar sagrada sepultura a sus deudos, sino que las investigaciones se paralizan y el caos es lo único que podemos esperar.
No se girarán órdenes de restricción a quienes golpean a las mujeres y a los niños, no se sancionará a quienes les dan muerte. Los morosos harán fiesta porque no se ordenarán desahucios. Usemos la razón y pensemos en el daño al sistema democrático que se está infligiendo.
Las pensiones carcomen la moralidad y las arcas del país, y esto hay que resolverlo, pero por las vías adecuadas. El Poder Judicial no debe inmiscuirse en las funciones y potestades del Poder Legislativo con una presión que semeja un golpe de Estado de los que llaman “técnicos”.
El sistema democrático tiene formas para combatir posiciones de desigualdad, normas jurídicas irracionales e inconstitucionales. Protege derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas.
Llamado. Repugna el medio escogido. Hago un llamado a la cordura y a una solución legítima y racional al conflicto. No se vale argumentar, como lo hacen algunos por las redes sociales, que para trabajar como juez hay que llevar su propia computadora y eso no debe ser así.
Si no les gusta la eficiencia y el cumplimiento ético de la función, pues que se vayan. Tienen vacaciones, aguinaldos, salario escolar, aumentos anuales, etc. Hagan los reclamos que estimen convenientes, pero no rompiendo el orden jurídico esencial del país. La patria se los agradecerá.
Por lo demás, las altas autoridades de la Corte guardan silencio timorato. Una respuesta eficaz no la hemos conocido.
La autora es abogada.
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