El pasado 13 de abril inició en el Tribunal Penal de San José el juicio por sobornos de Alcatel a varios exdirectores del ICE y otras personas. La particularidad de este proceso es que el principal involucrado en estos hechos, José Antonio Lobo Solera, el director del ICE a quien acusó la Fiscalía de corruptor y repartidor interno de los dineros del soborno, pareciera que no será juzgado. Este es, a mi juicio, un caso inaudito y de precedente imperdonable en la historia de la Justicia costarricense.
La primera página de este proceso penal se inicia con una portada del diario La Nación en que se señala a Lobo en una investigación del medio ligándolo a sobornos a directores del ICE. El solo hecho de imaginar este proceso sin Lobo del lado de los acusados, debe hacer hervir la sangre a cualquier costarricense que le interese luchar contra la impunidad de la delincuencia de cuello blanco.
El Criterio de Oportunidad esgrimido por la Fiscalía parece más un disfraz de premio y de ayuda indebida que un medio judicial para una mejor administración de justicia. Los que conocemos del proceso sabemos que Lobo Solera confesó la comisión de hechos gravísimos y que, en su confesión, amplísima, involucró a otros en conductas igualmente tan graves e imperdonables como la suya.
Sabemos, además, que la Fiscalía de Delitos Económicos ha realizado una investigación exhaustiva que arroja suficiente material probatorio para demostrar los hechos de la acusación. También estamos claros de que no se precisa de excluir al principal imputado de este proceso para demostrar los hechos de la acusación. Que el excluirlo vía Criterio de Oportunidad lo único que trae es impunidad y un premio indebido con una exclusión incorrecta.
El Ministerio Público está equivocado en el camino tomado y no le hace ningún bien a la administración de Justicia costarricense lo que está patrocinando.
Todo el juicio ha sido visto a diario por los costarricenses y cada día y cada semana se echará de menos al Lobo que, como corrupto y corruptor, no le importó involucrar a propios y ajenos en los giros de cheques. El pueblo de Costa Rica está reclamando la impunidad que la Fiscalía le está otorgando y, sin duda, está contribuyendo a deteriorar la imagen de la justicia costarricense.
Hace una semana, encontrándome fuera del país, la Fiscal que lleva la acusación se refirió a mi persona indicando que al presentar la querella contra Lobo lo que pretendí era favorecer los intereses de don Miguel Ángel Rodríguez, ya que formé parte de su Gobierno como director del Registro Nacional. Esto no es cierto. Yo le respondo a esta fiscal: Por decisión de la Fiscalía de Económicos, Lobo nunca ha puesto un pie en la cárcel, ya que se le concedió su casa como prisión. ¿Es esta o no una decisión reprochable?
Por decisión de la Fiscalía, el ideólogo de la delincuencia de cuello blanco del caso Alcatel, el corrupto y corruptor que involucró girando cientos de miles de dólares a sus compañeros de junta directiva, y conforme a la acusación al propio presidente de la República, no ha sido llevado a juicio como acusado. ¿Es esta o no una decisión reprochable? Desde que tomamos la decisión, don Freddy Coto y mi persona, de querellar a Lobo, fue con plena conciencia de que la Fiscalía estaba favoreciendo a José Antonio Lobo. ¿Tuvimos o no razón? ¿Acaso no lo demostraron las actuaciones posteriores de la Fiscalía?