El impuesto a las sociedades

El proyectoes digno deun sepulcro sinmención alguna

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La lectura de la exposición de motivos y del texto del proyecto de ley que crea un nuevo impuesto en Costa Rica, conduce a plantear un conjunto de interrogantes, cuyas respuestas no parecen atender los sanos principios de la tributación. Más bien, es evidente que la urgente necesidad de recursos tributarios para medio paliar el excesivo gasto que originó el último año de la administración Arias, ha llevado a las autoridades a proponer la creación de este impuesto sin ningún criterio técnico.

Como primer punto de reflexión destaca el hecho de que se establece el impuesto en un monto único de $300 anuales o su equivalente en colones. Así las cosas, los pequeños empresarios y los microempresarios que, por razones éticas y honestas, inscribieron sus negocios en el Registro Nacional, y que cotizan a la seguridad social y pagan puntualmente los impuestos, se verán en una franca desventaja ante empresas grandes cuyos patrimonios pueden llegar a representar varias veces el capital de la pequeña empresa.

Por ejemplo, con el tipo de cambio de referencia de estos días, el impuesto podría representar aproximadamente ¢155.000 al año. Para una empresa pequeña, esta suma puede ser el fin de su actividad, o, en el mejor de los casos, llevarla a operar informalmente, al margen de la cotización social y de la tributación. Si el tipo de cambio llegara a aumentar al límite superior de la banda, el impuesto llegaría a una suma aproximada a los ¢185.000. Para las empresas grandes, estas cantidades son ínfimas en comparación con la escala de sus operaciones y el tamaño de su patrimonio.

Los pequeños subsidiarán a los grandes. Adicionalmente, menciona el artículo 8 del proyecto de ley que “la totalidad de la recaudación del impuesto establecido en la presente ley será destinada al presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública para que sea invertida en programas de seguridad ciudadana, y combate a la delincuencia”. Esto significa en el fondo que las microempresas y pequeñas empresas van a contribuir con el mismo monto que las grandes empresas para la vigilancia y el cuidado de sus respectivos patrimonios. En otras palabras, los pequeños subsidiarán a los grandes.

Definitivamente, el impuesto a las sociedades es regresivo, va en contra de los pequeños y a favor de los grandes, lo cual contradice completamente la exposición de motivos del proyecto de ley. El más grande de los cuestionamientos a este proyecto es por qué, en vez de proponer un monto fijo de $300, no propone un uno por ciento, por ejemplo, sobre el monto del patrimonio. Este último criterio es más progresivo y podría considerarse como de mayor justicia que el propuesto.

Si por la víspera se saca el día, lo que ha sucedido con la desviación de los fondos tributarios recaudados por los impuestos al ruedo y a los combustibles, debería ponernos en alerta de que el fin específico del impuesto a las sociedades: la seguridad ciudadana, podrá ser variado según el manejo de la caja única del Gobierno y las urgentes necesidades de ingresos frescos.

Se dice también, por parte de la fracción del Partido Liberación Nacional, que el establecimiento del impuesto llevará a que los grandes empresarios dejen de constituir sociedades con el propósito de evadir el impuesto de la renta. Aun cuando hay que brindarle a esa fracción el beneficio de la duda, es poco realista que los empresarios grandes abandonen esta eventual práctica. Además, si de arreglar el tema de la evasión se trata, se hace necesaria la reforma del impuesto a la renta, y no la creación de un nuevo impuesto.

Simplificar y no complicar. En este punto, el Ministerio de Hacienda debería buscar, antes que controles y nuevos impuestos, cómo simplificar el régimen tributario y no complicarlo, como lo pretende con este proyecto de ley. Debería dirigir todos sus esfuerzos a una verdadera y bien pensada reforma fiscal, con inclusión de los gastos presupuestarios y la posibilidad de evaluar a algunas instituciones públicas que no generan ningún valor a la sociedad.

Irónicamente también, el impuesto a las sociedades estará gravando aquellos hogares que constituyen sociedades para inscribir sus bienes patrimoniales y disponer de ellos con criterio familiar más que con el criterio individual de uno de los cónyuges. ¿Va el Gobierno a gravar a las familias que protegen así sus bienes? Y, si vemos más allá, ¿también gravará a las parejas del mismo sexo que actúan de idéntica manera por las mismas razones que las parejas heterosexuales?

En fin, el impuesto no está bien diseñado, pareciera más un producto de la urgencia y no del pensamiento serio que demanda la técnica tributaria. El único aspecto del proyecto de ley que llama la atención es que el impuesto está expresado en dólares de los Estados Unidos, lo cual dice que el Gobierno le apuesta al dólar y no al colón. Nos da la razón a los que apoyamos la dolarización plena de la economía. Por lo demás, el proyecto es digno de un sepulcro sin mención alguna.

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Noticia La Nación: El impuesto a las sociedades