Los problemas que más agobian al país, y a los cuales más atención habrá que ponerles en la campaña electoral y los debates, son el déficit fiscal, el empleo público y las pensiones. El actual gobierno quedó más que debiendo en todos estos campos; fueron sumamente pasivos, temerosos y, ¿por qué no?, irreflexivos, pues, a sabiendas de la seriedad y la necesidad imperiosa de buscar soluciones permanentes, no hicieron más que patear la bola para adelante, pedir más impuestos y, como se ha hecho costumbre, endosarle el problema a la próxima administración. En todo gobierno de corte socialista se repite la misma historia, se presupuestan los fondos alegremente y se gasta a manos llenas el dinero de los demás.
Las cifras hablan por sí solas. El presupuesto nacional del 2014 lo recibió el actual gobierno con un total de ¢6,69 billones y ya para el presupuesto del 2017 alcanzó la astronómica cifra de ¢8,91 billones, un aumento de ¢2,2 billones. Dicho aumento representa un 26,7% en el tanto que la inflación acumulada en el mismo periodo fue de apenas 5,09%. Entre las tantas excusas y justificaciones que trataron de darse está que había que atender obligaciones de vencimientos millonarios de deuda; sin embargo, Hacienda recurrió al mecanismo de canjear bonos, trasladando vencimientos a muy largo plazo, del 2017 y 2018 al 2050.
En el 2015, Hacienda comenzó a utilizar dicho mecanismo más activamente, por lo que los canjes de deuda y traslado de vencimientos acumularon en ese año ¢305.930 millones, y en el 2016 la cifra alcanzó los ¢695.000 millones.
Sin excusas. No hay excusa válida ni explicación lógica que justifiquen aumentos presupuestarios tan desproporcionadamente altos, máxime si estamos en épocas de vacas flacas. Si en lugar de aumentar el presupuesto más de cinco veces la inflación, lo hubieran aumentado dos veces la inflación, que aun así es muy razonable y dadivoso, el ahorro hubiera sido de ¢440.000 millones o sea un 1,5% del PIB.
La generosidad fiscal, para ponerlo eufemísticamente, también se ha dado con el FEES (Fondo Especial para la Educación Superior). Del 2014 al 2017, el Fondo lo incrementaron de ¢359.000 millones a ¢478.570 millones lo que, porcentualmente, equivale al 29,63%. Haciendo nuevamente el ejercicio aritmético, para las universidades estatales se aumentó el presupuesto seis veces la inflación.
Si el alza hubiera sido dos veces la inflación, el ahorro habría sido ¢80.000 millones, lo que representa un 0,3% del PIB. Ambos ahorros sumados habrían resultado en un 1,8% del PIB; de seguro las calificadoras internacionales estarían apreciando el esfuerzo de las autoridades por poner orden en las finanzas públicas.
Lo que da mucho coraje es, primero, la insistencia de las autoridades en pedir aumentos de impuestos sin que la austeridad pareciera ser parte del plan, y, segundo, que esa cantidad de dinero se fue como agua en un canasto, se gastó en salarios, pensiones y pluses, y casi nada en inversión y creación de riqueza.
Dos caminos. Volviendo a lo que nos ocupa, cuánta responsabilidad y discernimiento tenemos que tener en nuestra elección de candidato para febrero del 2018. Podemos escoger entre dos caminos diametralmente opuestos: el fácil y más funesto, que es presupuestar y malgastar el dinero indiscriminadamente mientras se presiona por más impuestos, o el camino difícil, que es solucionar los problemas estructuralmente desde la raíz.
Algunas de las propuestas para frenar el gasto que deben ponerse en la mesa de discusión en los debates deben de ir en el orden de congelar el empleo estatal, aprobar una ley de empleo público para pasar a un sistema de salario único por categoría, empezando con las nuevas contrataciones de personal, condonar deudas entre entes gubernamentales, cerrar o fusionar instituciones públicas, eliminar juntas directivas, vender activos para abonar a la deuda y construir infraestructura, fusionar todos los sistemas de pensiones y transformarlos en fondos de capitalización individual, eliminar las cláusulas abusivas e inconstitucionales de las convenciones colectivas, para nombrar algunas.
Los millennials, jóvenes entre 17 y 35 años, son la población que tiene más peso en el padrón electoral (1.383.498). Ellos deben involucrarse e informarse muy bien antes de ejercer su voto, pues no tienen segura una pensión en un futuro, se les está heredando un déficit billonario, Costa Rica es el tercer país con más desempleo en Latinoamérica por lo que no consiguen trabajo, tenemos una infraestructura del tercer mundo y les quieren exigir más impuestos en un país que de por sí ya es uno de los más caros del continente.
No caigamos en la trampa de los candidatos cuyo discurso se basa en puras promesas evadiendo sistemáticamente las duras realidades y sus soluciones, con el único objetivo de obtener votos. Pensemos y analicemos muy bien nuestra decisión en el 2018.
El autor es odontólogo.