21 octubre, 2014

Los últimos acontecimientos referentes a las obras de infraestructura a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y de algunas municipalidades, han llamado fuertemente la atención de la opinión pública, poniendo en entredicho la capacidad profesional de los ingenieros civiles de nuestro país.

En justicia, los gremios nacionales, tanto profesionales, empresariales y laborales, han dejado de lado la crítica constructiva, las propuestas y las acciones para dar soluciones a los diferentes problemas relacionados con su materia, y en mucho dejaron de ser creativos e innovadores.

El hecho de haber abandonado el sistema de las soluciones globales ha impedido reparar la infraestructura pública nacional, responsabilidad del MOPT como coordinador del sector, y ha provocado el menosprecio de la capacidad profesional de sus ingenieros civiles.

Esta injusta situación tiene una explicación muy sencilla: el abandono que han hecho las organizaciones gremiales, pues no apoyan a sus asociados, y el no querer comprometerse con una lucha para fortalecer el rigor profesional y científico de las organizaciones que emplean profesionales en la ingeniería civil.

Poder sin uso. La mayoría de los profesionales en ingeniería civil que laboran en las instituciones del Estado, y sobre todo en el MOPT, tal vez no tengan el suficiente poder para hacer ver a sus superiores que algo no está correcto, sobre todo cuando existe el interés político de por medio; pero las instituciones gremiales sí tienen ese poder y obligación de llamar la atención sobre temas puntuales.

El involucrarse llamando la atención a una institución, pública o privada, es una obligación ética, moral y de responsabilidad profesional para salvaguardar el prestigio de la profesión y el de sus asociados, así como para aportar positivamente al bien común.

Por lo tanto, los ingenieros civiles tienen la obligación de ser conscientes de que su aporte profesional deberá ir siempre en beneficio del progreso de los ciudadanos, en su propio beneficio y en el de su comunidad. La obligación y responsabilidad de los profesionales en ingeniería civil es enorme: así como se pueden causar formidables beneficios, se pueden causar grandes perjuicios, si no se es honesto con las obligaciones profesionales para con los contratantes.

El hecho de haberse abandonado en nuestro país la ejecución de grandes obras en ingeniería, aduciendo razones de tipo económico, de desconocimiento profesional, de incapacidad administrativa o de decisión política, ha causado enorme daño al prestigio de nuestra profesión, sobre todo por el silencio de las organizaciones gremiales relacionadas con el tema, explicable desde el punto de vista de que los agremiados al Colegio de Ingenieros Civiles (CIC) no somos, por lo general, conocedores prácticos de la política ni de sus intereses particulares.

La falta de exigencia en estos temas nos ha llevado a una aceptación de los hechos como algo que no tiene solución y hemos dejado en manos de personas que no han dado la talla las propuestas y soluciones que son deber propio de los ingenieros civiles y de los gremios e instituciones que los amparan.

Me parece conveniente que el CIC promueva la formación de un consejo profesional que ayude a la administración pública a establecer soluciones viables, prácticas, eficaces y, por qué no, innovadoras y audaces a los problemas que se presenten.

Se debe apoyar al CIC para que participe en la política de toma de decisiones, sin tener que meterse en política partidista, para que sea tomado en cuenta en acciones y decisiones en las que hasta ahora ha sido ignorado.

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