Opinión

La importancia de la Procuraduría de la Ética

Actualizado el 11 de julio de 2013 a las 12:00 am

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La importancia de la Procuraduría de la Ética

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Uno de los compromisos internacionales asumidos por el Estado costarricense al momento de suscribir la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción es contar con un órgano encargado de prevenir, detectar y sancionar la corrupción.

La Convención Interamericana contra la Corrupción establece: (…) ARTICULO II. Propósitos. Los propósitos de la presente Convención son: 1.- Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; ARTICULO III Medidas preventivas. A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer:(…)9.- Órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción dispone: Artículo 6. Órgano u órganos de prevención de la corrupción. 1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, garantizará la existencia de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la corrupción (…) 2. Cada Estado Parte otorgará al órgano o a los órganos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo la independencia necesaria, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Deben proporcionárseles los recursos materiales y el personal especializado que sean necesarios, así como la capacitación que dicho personal pueda requerir para el desempeño de sus funciones. Artículo 36. Autoridades especializadas. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, se cerciorará de que dispone de uno o más órganos o personas especializadas en la lucha contra la corrupción mediante la aplicación coercitiva de la ley. Ese órgano u órganos o esas personas gozarán de la independencia necesaria, conforme a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del Estado Parte, para que puedan desempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas. Deberá proporcionarse a esas personas o al personal de ese órgano u órganos formación adecuada y recursos suficientes para el desempeño de sus funciones.

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Mediante leyes 7670 y 8557 esas convenciones fueron integradas a nuestro ordenamiento jurídico y al amparo de esos compromisos, Costa Rica, mediante ley No. 8242, creó la Procuraduría de la Ética Pública como órgano encargado de “prevenir, detectar y erradicar la corrupción, así como incrementar la ética y la transparencia en la función pública”, como se establece en el inciso h) del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Nuestra Sala Constitucional ha avalado la existencia y el funcionamiento de esta Procuraduría en diversas resoluciones. Al respecto, ha dicho: “En consecuencia, debe aclararse que la función primordial de la Procuraduría de la Ética Pública, luego de la investigación preliminar es la de denunciar al funcionario público ante quien corresponda, siendo que en relación con lo dispuesto por la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, sería ante la instancia pertinente, para que sea aquella la que determine la responsabilidad derivada del incumplimiento a la Ley y no la Procuraduría de la Ética Pública. (…) En criterio de este Tribunal, esta norma es complementaria, precisamente, de lo establecido en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, en el tanto, se crea la Procuraduría de la Ética Pública como una instancia para asegurar la ejecución misma de lo dispuesto en la Ley, siendo esta dependencia la que, en los casos de imposición de sanciones, funciona incoando una investigación preliminar la cual culmina con la elaboración de un informe, denuncia o acusación respectiva.” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 18564-2008 de las 14:44hrs del 17 de diciembre de 2008).

Así las cosas, lejos de atacar a una instancia de este tipo, nuestro sistema democrático demanda el fortalecimiento de sus competencias y de los recursos materiales y humanos con los que cuenta, precisamente para estar acorde con los compromisos internacionales asumidos por el Estado costarricense.

Se ha renovado la crítica a las actuaciones de este órgano a propósito del informe presentado a la señora Presidenta de la República con ocasión de la denuncia tramitada por el viaje al exterior de funcionarios públicos en un jet privado, producto de una colaboración de la empresa privada. Igual sucedió cuando se rindió el informe correspondiente a la investigación de unas cartas de recomendación emitidas por altos funcionarios públicos. En esa ocasión, la señora Procuradora General y la señora Procuradora General Adjunta publicaron un artículo de opinión sobre la importancia de la Procuraduría de la Ética Pública.

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Las señoras procuradoras generales indicaron que el informe rendido se hizo conforme a derecho y en aplicación de los principios éticos que rigen la función pública. No se ha actuado de modo diferente en esta ocasión. A los investigados se les otorgó el plazo suficiente para que comparecieran en las oficinas de la Procuraduría, que nos recibieran en sus despachos o que enviaran por escrito sus argumentaciones.

Una vez finalizada la investigación, se procedió a notificar el informe final a las instancias correspondientes: Presidencia de la República y Ministerio Público. La notificación se hizo el 3 de julio en horas de la mañana. En horas de la tarde, sin que se conozca la manera en que obtuvieron la información, algunos periodistas me preguntaron sobre la existencia del informe. Al amparo de los principios de transparencia y rendición de cuentas, la confirmé y expliqué las razones que motivaron su elaboración, con el conocimiento pleno de que la restricción de confidencialidad establecida por el artículo 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública exige guardar reserva de la identidad del denunciante, la información, la documentación y la evidencias de la investigación, nada de lo cual he dado a conocer en mis intervenciones ante los medios de comunicación.

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