Opinión

Algunas ideas sobre una ley de tránsito

Actualizado el 29 de agosto de 2012 a las 12:00 am

La ley de tránsito no debe verse como un instrumento solo para sancionar

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Comienzo estas líneas aceptando desconocer integralmente el texto de la ley de tránsito que se ha aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa, excepto aquella información que ha circulado por la prensa nacional. En esto de la materia de tránsito hay un insoslayable asunto que no puede dejar de analizarse: el trámite judicial y administrativo en caso de colisiones e infracciones.

Una premisa de la que debe partirse es que todo evento de tránsito genera en nuestro país la participación de varias instituciones de la estructura estatal que convierten la atención de este tema en algo oneroso para los costarricenses. Todo comienza con el parte oficial, luego con la apertura de un expediente en el juzgado competente, se continúa con el gravamen que realiza el Registro Público hasta la finalización de un largo y tedioso proceso judicial que impone, algunas veces, una multa y la condenatoria en costas y daños y perjuicios, extremos estos últimos que –en caso de renuencia del condenado– obligan al perjudicado ganancioso a interponer una demanda civil de ejecución del fallo con interminables e imprevisibles resultados.

Como litigante me han surgido algunas inquietudes que quiero enumerar de seguido sobre elementos que beneficiarían el actuar de los incidentes vehiculares:

Los oficiales de Tránsito deben tener la potestad de conciliar a las partes involucradas en el propio lugar del suceso y se les ha de dotar de un instrumento necesario que puedan los interesados suscribir en el lugar, con fuerza vinculante en estrados judiciales en caso de incumplimiento; esto incluye la aceptación de los cargos en el sitio exacto y ante esa autoridad administrativa.

Los conductores que acepten los cargos como consecuencia de un accidente deben ser eximidos del pago total de la multa correspondiente, lo cual llevaría una especie de reconocimiento positivo por evitar todo el trámite antes descrito.

Todos los vehículos del país deben contar con seguro para indemnizar a terceros civilmente. En la actualidad tan solo existe el seguro obligatorio que se cancela con el marchamo al fin de cada año, pero, si todos los vehículos tuviesen como obligatorio el seguro que pagase los daños de terceros, las primas por este concepto se verían reducidas sustancialmente y se tornaría más fácil el pago por seguro que iniciar el largo trajín judicial aludido.

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En aquellos asuntos en que ninguno de los involucrados en un percance automovilístico se apersone a declarar o, haciéndolo, dejen de asistir al juicio señalado, los juzgados de tránsito deben emitir un fallo absolutorio. La experiencia judicial diaria en todos los juzgados que atienden estos asuntos permiten concluir que existe una altísima tasa de inasistencia a los juicios y conciliaciones por parte de los involucrados, y, si estos, que son parte interesada en la cuestión, no muestran interés en que se dicte una sentencia absolutoria o condenatoria, el juez de tránsito no debe verse en la obligación de extraer elementos de prueba del expediente para saber quién fue o no responsable de algún incumplimiento de las reglas para conducir.

Estoy convencido de que la materia de tránsito no debiera ser de conocimiento de los tribunales de justicia, sino que debería ser parte de las competencias que el Consejo de Seguridad Vial debe asumir; una reforma en esta dirección sería deseable, pero como de seguro no se incorporó en la venidera legislación, la autoridad judicial debe contar con el parte y croquis elaborados por el oficial de Tránsito, pero a su vez con fotografías del lugar del suceso tomadas por él que reproduzcan fielmente la posición final de los automotores y de las características del lugar.

La ley de tránsito no debe verse como un instrumento solo para sancionar conductas indebidas, sino que regula aspectos procedimentales que, en medio de nuestra debacle vial, facilita o complica la pronta resolución de los conflictos surgidos con ocasión de un accidente. Confiemos en que la nueva ley sea congruente con esta realidad.

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