4 junio, 2014

Indudablemente, la característica más destacada de la huelga de educadores iniciada el pasado 5 de mayo es su trasfondo político, que supera ampliamente los motivos salariales que la originaron.

Ciertamente, la huelga fue una respuesta a la falta de pago y a los pagos incompletos que afectaron a una proporción todavía no determinada de funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP) al implementarse el sistema Integra2: un máximo del 10% del personal, según el exministro Leonardo Garnier, y del 19%, según la ministra Sonia Marta Mora.

Sin embargo, las justas demandas de los educadores para que se les pagaran sus salarios se combinaron con condiciones excepcionales, que facilitaron que el conflicto laboral adquiriera una decisiva dimensión política.

Minimización. La primera manifestación de los educadores por los problemas con el pago de sus salarios se realizó el 29 de abril, cuando varios centenares de docentes de Escazú, Pavas y Desamparados protestaron en el Paseo Colón. Tres días después, el viernes 2 de mayo, las organizaciones magisteriales convocaron a una huelga indefinida, que se inició el lunes 5 de mayo.

Entre el 29 de abril y el 2 de mayo ocurrieron algunos hechos que ayudan a explicar por qué se recurrió tan rápidamente a la huelga indefinida. Primero, las autoridades del MEP, que estaban a punto de dejar sus cargos, al enterarse de las protestas, se limitaron a indicar que los problemas presentados se resolverían en la primera quincena de mayo.

Al proceder como lo hicieron, dichas autoridades se apegaron a una cultura institucional, fuertemente arraigada en el país, que considera aceptable que a un empleado público se le atrase el giro de su salario, sin que tal situación preocupe significativamente a los mandos medios encargados de asegurar ese pago, ni a sus superiores ni a los sindicatos.

Debido a esa naturalización del atraso, las autoridades del MEP minimizaron la amplitud y la profundidad del descontento existente entre los educadores; tampoco previeron que ese malestar podría conectarse con el que se acababa de evidenciar en las urnas electorales contra el Gobierno saliente de Laura Chinchilla y el Partido Liberación Nacional (PLN).

Empoderamiento. Segundo, el 1.º de mayo, una coalición liderada por el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Frente Amplio (FA), críticos sistemáticos de las políticas económicas impulsadas en Costa Rica durante los últimos 30 años, tomó control del Directorio de la Asamblea Legislativa.

Tercero, al día siguiente, el nuevo presidente del Congreso, Henry Mora, tras una reunión con la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), dejó claro su interés en levantar el veto presidencial al proyecto de ley que permitiría huelgas en servicios públicos esenciales.

Por último, con la declaración de Mora, la perspectiva de empoderar a diversas organizaciones sociales –en particular, a los sindicatos– cobró fuerza, una tendencia que fue reforzada el 5 de mayo, cuando el presidente electo, Luis Guillermo Solís, se solidarizó con los educadores en huelga y manifestó que su gobierno, próximo a inaugurarse el 8 de mayo, estaba dispuesto a corregir la situación y a buscar un acuerdo que permitiera finalizar el conflicto.

Ventana de oportunidad. Si el nuevo presidente abrigó la expectativa de que la moderación y la apertura demostradas por él aun antes de inaugurar su gobierno serían correspondidas rápidamente por las organizaciones magisteriales, los acontecimientos pronto se encargaron de mostrarle que estaba completamente equivocado.

En efecto, tales organizaciones, confiadas en el fuerte y legítimo descontento de sus afiliados, y decididas a aprovechar el limitado margen de maniobra que enfrentan las autoridades durante un cambio de gobierno, asumieron desde un inicio una línea dura que les permitía cuestionar todavía más al Gobierno que se iba, poner a prueba la capacidad de respuesta del que llegaba y tratar de reforzar su posición frente a los partidos políticos, a los poderes Ejecutivo y Legislativo y a otras organizaciones sindicales.

Precisamente porque la ventana de oportunidad de que disponían era particularmente efímera, las organizaciones magisteriales necesitaban radicalizar el conflicto desde un inicio y mantenerlo en esa condición el mayor tiempo posible.

Credibilidad. Al combatir al nuevo Gobierno, en vez de colaborar constructivamente en la búsqueda de una solución conjunta, las organizaciones magisteriales han debilitado –en lugar de reforzar– al sector socialmente más comprometido de la Administración Solís. También han propiciado que un presidente que no tiene siquiera un mes de ejercer el cargo, se convierta en blanco –en particular, en las redes sociales– de una ascendente e innecesaria campaña de desprestigio.

Poner en duda, desde una etapa tan temprana, la credibilidad del gobierno de Solís en un sector estratégico de la Administración Pública quizá podría favorecer al FA y a otros partidos de izquierda en las elecciones municipales del 2016; sin embargo, lo más probable es que contribuya a que el PLN salga más pronto de lo esperado de la sala de cuidados intensivos y acorte su estadía en la de recuperación.

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