2 noviembre, 2014

Desde hace ya varias semanas se viene discutiendo, tanto en la Asamblea Legislativa como también en diferentes ámbitos del quehacer nacional, el levantamiento del veto a la Ley de Reforma al Código Procesal Laboral, que fue anunciado como posibilidad por el Gobierno de la Republica.

Moderna legislación. Reconocido por expertos en la materia, el Código Procesal Laboral es la principal reforma que se le ha hecho al Código de Trabajo desde su promulgación. En efecto, sobre la base de un proyecto elaborado por la Corte Suprema de Justicia en el 2005, se acogieron muchas recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para formar parte de una moderna legislación que garantizara mayor celeridad y oralidad en los procesos laborales, a fin de brindar una justicia laboral efectiva.

Sin embargo, durante su tramitación, se introdujeron reformas relativas a la huelga que buscaban dos cosas: reconocer, bajo ciertas reglas, la huelga en los servicios públicos esenciales, actualmente prohibida, y, además, imposibilitar al Estado a contratar temporalmente personal de reemplazo.

Los servicios esenciales, como, por ejemplo, el transporte público y la carga y descarga en los muelles y atracaderos, están relacionados con la vida, la salud y la seguridad pública de los ciudadanos, según el Código de Trabajo. De no haberse ejercido el derecho al veto por parte de la Administración Chinchilla, el Gobierno habría faltado a su responsabilidad como garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Los recientes acontecimientos relacionados con la huelga del Sindicato de Trabajadores de Japdeva le han dado la razón a la presidenta Chinchilla. De haber sido levantado el veto, o de haberse aprobado el texto presentado por el PAC, conjuntamente con el Frente Amplio y el PUSC, que avalaba la huelga en los servicios esenciales y mantenía la prohibición de sustituir al personal en huelga, habría sido imposible que el Gobierno actual interviniera para mantener la operación en los muelles de Japdeva, con las consecuentes pérdidas que ello habría ocasionado al país.

Ciudadanos perdedores. Las huelgas se manejan, caso a caso, y esto depende de los actores involucrados, la coyuntura y las capacidades reales de las partes para negociar. Pero la Ley es la que da el marco dentro del cual se pueden mover esos actores. De permitirse la huelga en los servicios públicos esenciales, la balanza se iría en una sola dirección, y quienes terminarían perdiendo son los ciudadanos.

Por estas razones, el Partido Liberación Nacional objeta que el señor presidente levante el veto a la Ley Procesal Laboral, y se opone firmemente a la propuesta legislativa presentada conjuntamente por el PAC, el PUSC y el Frente Amplio. Nuestra posición es que debe mantenerse prohibida la huelga en los servicios esenciales.

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