Opinión

El honor ni se vende ni se compra, y con él no se juega

Actualizado el 04 de agosto de 2016 a las 12:00 am

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El honor ni se vende ni se compra, y con él no se juega

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En los últimos días se han hecho una serie de publicaciones en las que se me atribuye, sin reparo alguno, que como magistrado de la Sala Tercera exigí la incorporación en la planilla del Organismo de Investigación Judicial de una persona, en apariencia, pariente de un diputado o diputada. Esta información es absolutamente falsa.

Durante mi trayectoria como funcionario público, muchas personas se me han acercado a solicitar ayuda para ingresar a distintas instituciones, o bien, me han pedido algún tipo de orientación sobre un problema en particular.

Una de ellas fue una persona que por una circunstancia especial, pues presentaba un tipo de discapacidad, se había topado con enormes dificultades al hacer los exámenes estandarizados para el ingreso a la función pública, pese a contar con un título profesional.

La única particularidad de su caso es haber sido referida por la diputada Epsy Campbell. Ni la diputada ni yo tenemos una relación de parentesco o afinidad con el oferente.

Una vez que se atendió a la madre del joven, se consideró que podría estarse ante un caso de discriminación y me comprometí a darle seguimiento y apoyo a esta familia. Nunca, y en ello debo ser contundente, medió ningún tipo de coacción o presión sobre temas presupuestarios atinentes al Poder Judicial.

El apoyo ofrecido fue siempre referirlo y dirigirlo a las instituciones que podrían necesitar los servicios de alguien con su perfil profesional. Nunca podría ser, como se ha sugerido en las publicaciones mencionadas, influir para que se inobservaran los requisitos legales. Nadie que aspire a ese tipo de puestos puede ser nombrado sin haber seguido el procedimiento institucional, por lo tanto toda alusión a una exigencia de ese tipo solo refleja lo burdo e inútil de la acusación.

Desde mi ingreso como aspirante a la magistratura, he sido objeto de feroces ataques provenientes de distintos frentes. Uno de ellos, apenas anunciar mi interés en postularme como juez de la Sala Tercera, fue un manifiesto corporativista de un grupo de la judicatura que proponía nuevos requisitos para la selección de magistrados. Otros, de quienes consideraron que un rápido ascenso en mi carrera era inconveniente, y de quienes simplemente adversan mi visión como jurista.

En todo momento, he admitido la crítica, por injusta e infundada que fuera, consciente de que en una democracia, la libertad de expresión es un valor fundamental

Lo que definitivamente no puedo consentir es que se difunda, sin reparo alguno, propiciado por una noticia en la que se utiliza un lenguaje muy cuidadoso (diciéndolo y sin decirlo), que soy autor de un delito de tráfico de influencias.

Esa imputación mancilla gravemente mi honor y mi reputación. Nunca, durante toda mi carrera, he sido sancionado por una falta administrativa, situación que no converge, por cierto, en quien ahora me acusa.

Llama la atención que, pese a que un procedimiento disciplinario es de carácter privado, por disposición legal, una denuncia interpuesta el día viernes 29 de julio, en horas de la tarde, entregada por el propio jefe del Organismo de Investigación Judicial al presidente del Tribunal de la Inspección Judicial, estuviera en manos de la prensa el día lunes 1.° de agosto en la mañana.

El propio director del Organismo de Investigación Judicial brindó declaraciones a los medios de comunicación ese día. Y sin perseguir fuentes de prensa, resulta por lo menos sospechoso que la versión digital de La Nación el mismo día contara ya con los documentos en su página en Internet.

La actuación del Organismo de Investigación Judicial, debo decirlo, viola la Ley General de la Administración Pública (art. 272 y 273), la Ley General de Control Interno (art. 6), el Reglamento de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública en su artículo 18 y causa un escarnio irreparable en la reputación de quien escribe y deshonora la imagen del Poder Judicial, generando un sinnúmero de oprobios e insultos en las redes sociales.

Con esto no le estoy diciendo a nadie que calle y no denuncie; adelante, hágalo con todas sus fuerzas, pero antes debe reflexionar con responsabilidad en el resultado lesivo de la imprudencia. Somos amos de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras.

Enfáticamente, rechazo las insinuaciones de la noticia, no he faltado a mi deber de probidad ni incumplido ninguna disposición legal. El problema es que se incurre en un vicio de falsa precisión: brindar informaciones en las que se me señala como autor de un hecho delictivo y exponerme ante la opinión pública, y finalmente agregar “que no se está prejuzgando sobre mi responsabilidad”.

Estoy en toda la disposición de que, en el marco de la ley, se hagan las pesquisas que se estimen necesarias. Soy yo, aunque el daño ya esté hecho, el más interesado en que esta penosa situación quede aclarada. Mientras tanto, seguiré trabajando para que todos los órganos auxiliares de justicia, entre ellos el Organismo de Investigación Judicial, se fortalezcan.

Es eso lo que hace un demócrata y un funcionario convencido de la solidez de nuestras instituciones, por más que algunos intenten ajustarlas a sus ignotas y mezquinas motivaciones.

Celso Gamboa Sánchez

Magistrado

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