Opinión

Los hechos nos obligan a actuar con firmeza

Actualizado el 28 de agosto de 2013 a las 12:00 am

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Los hechos nos obligan a actuar con firmeza

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En las últimas semanas nuestro país ha vuelto a vivir una escalada de acciones y de manifestaciones muy graves, originadas en el Gobierno de Nicaragua. Las acciones de mi Gobierno, en respuesta a esos hechos, han generado una serie de reacciones: desde el apoyo de muchos costarricenses hasta afirmaciones en el sentido de que hemos exagerado nuestra reacción ante meras provocaciones.

Es cierto que mucho de lo que se lanza desde el país del norte tiene un objetivo político. Cuanto más radicales sean las supuestas reivindicaciones territoriales que ese Gobierno invoca, más unidad política se alcanza en ese país. Pero lo que algunos costarricenses no comprenden es que, cuando un jefe de Estado hace una manifestación en torno a un asunto territorial, en derecho internacional eso establece una posición jurídica. No hablamos de un mero ciudadano en plaza pública, hablamos del jefe de Estado de Nicaragua, quien ha afirmado que no reconoce los legítimos derechos de Costa Rica sobre la provincia de Guanacaste. Eso hace, necesariamente, que el Estado costarricense tenga que tomar acciones de carácter diplomático y jurídico para objetar no un mero discurso político, sino la posición de un Estado extranjero que puede tener un valor jurídico.

Por ello, ante las últimas manifestaciones del presidente de Nicaragua, expresé con contundencia nuestro rechazo a ellas, ordené que se enviara una nota de protesta inmediata, y consideré necesario informar a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos.

Otro aspecto que nos obliga a reaccionar con firmeza es, justamente, el hecho de que el Gobierno de Nicaragua ha materializado actos concretos en el tema fronterizo que violentan nuestra soberanía. Nicaragua disputa territorio costarricense en isla Portillos, el cual invadió militarmente. También lo que empezó como un discurso, en torno a la navegación en el río Colorado, se materializó en una contrademanda ante la Corte Internacional de Justicia. Aun sin anunciarlo, también quisieron arrebatarnos derechos de copropiedad sobre la bahía de San Juan del Norte. Lo mismo ocurre sobre bahía Salinas.

En el tema marítimo, uno de los más delicados que estamos enfrentando desde hace varios años, el Gobierno de Nicaragua ha realizado también acciones concretas, como el ofrecimiento de bloques petroleros en nuestros mares para ser concesionados. De acuerdo con los documentos que ellos han puesto a circular, se le estaría cercenando a nuestro país entre 15.000 y 17.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe y, al menos, 20.000 Kilómetros cuadrados en el océano Pacífico. Son, estas, áreas marinas de gran riqueza por su biodiversidad.

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Todos estos hechos consumados son de mucha gravedad para nuestra soberanía y se insertan en una política expansionista de Nicaragua, de lo cual pueden dar fe otros países en la región del Caribe Occidental. Así las cosas, aunque algunos han visto en nosotros una reacción exagerada, hemos hecho lo que teníamos que hacer para ir consolidando nuestro expediente jurídico.

Finalmente y ante estos conflictos, todos ellos provocados por el Gobierno de Nicaragua, hay una corriente en nuestro país que sugiere el diálogo, como si Costa Rica no lo hubiera propuesto ya repetida e incansablemente. Cuando se gestó la ocupación militar de isla Portillos, fue Costa Rica la que abrió las puertas del diálogo. Por ello, invitamos al secretario general de la OEA para que lo propiciara. Los costarricenses recordarán que Managua lo rechazó. El 29 de noviembre del 2010, Costa Rica convocó a Nicaragua a la mesa de diálogo, y dispuse que los ministros de Gobierno estuvieran en el Incae para recibir a la delegación de Nicaragua, que nunca llegó. Asimismo, el canciller ha hecho repetidas gestiones para que Nicaragua acepte negociar un tratado de límites marítimos, y hasta propusimos que un órgano especializado de las Naciones Unidas fije temporalmente una frontera marítima, justamente para no vernos confrontados mientras llegamos a acuerdos duraderos y ventajosos para ambos países. Pero no nos han aceptado ese diálogo.

En el caso de isla Portillos, el tiempo para dialogar ya pasó y ahora nos concentramos en la obtención de un fallo favorable en la Corte Internacional de Justicia. Sobre un posible diálogo en el tema de Guanacaste, este resulta imposible, en tanto se propone sobre un asunto que están completamente definido.

Conviene recordar que el diálogo sobre los límites territoriales entre Nicaragua y Costa Rica tuvo lugar 155 años atrás, y que ello produjo el Tratado de Límites de 1858. Cuando Nicaragua quiso desconocerlo, fue Costa Rica la que le propuso que un árbitro determinara su validez. Este arbitraje fue el aspecto central del Laudo Cleveland, el cual determinó que el Tratado Cañas-Jerez de 1858 era válido. Así las cosas, y aunque algunos critiquen el tono fuerte que hemos utilizado, yo no puedo aceptar una política pusilánime revisionista con el objeto de apaciguar los ánimos de Managua y, también, los de algunos en San José, para reacomodar el tema territorial.

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A los costarricenses nos han venido poniendo en una circunstancia en la que nuestra defensa tiene que ser unísona y sólida, siempre respaldada en la razón que nos asiste y en el derecho internacional. Espero que todos los costarricenses así lo comprendan, y que contribuyan positivamente en la defensa de la patria, sea en un humedal, en una bahía, en el río Colorado, en el mar Caribe o en el océano Pacífico, o donde haya que darla. Esta no es una pose patriotera, es el más básico sentido de unidad nacional que nos debe orientar ante lo más sagrado que posee una nación: su soberanía y su derecho a ser respetada y a vivir en paz.

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