El artículo, que se titula “Pesquisa de Corte contra exmagistrado fue ilegal”, publicado en este diario el 28 de marzo, me hizo reflexionar sobre varias circunstancias que rodean la noticia y lo importante de puntualizar algunos datos sobre un asunto delicado para la transparencia e independencia judicial.
No es una denuncia irrelevante; es uno de los hechos más graves ocurridos en una Sala de la Corte Suprema de Justicia.
No pretendo, de ninguna manera, discutir públicamente lo que todavía está sub iúdice, por respeto a los tribunales y también a don Moisés Fachler; sin embargo, creo que las graves acciones denunciadas en su momento por Telenoticias, relacionadas con la filtración de un proyecto de sentencia de un asunto de relevancia nacional, como lo fue la concesión de la mina Crucitas, filtración que se le atribuye a un magistrado suplente y que se produjo en una de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, no es un asunto menor, sino un acto muy grave para el prestigio y la transparencia del Poder Judicial.
Dada la gravedad de lo sucedido, el ex magistrado suplente Moisés Fachler Grunspan presentó su renuncia en la sesión 38-2011, al darse por aludido en la noticia.
En la carta, quien renuncia se pone a la orden de las autoridades para la investigación y abre, incluso, sus cuentas bancarias. En principio, a pesar de la renuncia, el exmagistrado se siente vinculado a la investigación y así lo interpreté cuando escuché esta comunicación.
Creo que el juez Fachler Grunspan hizo lo correcto, pues renunció al cargo, pero admitió someterse a las indagaciones. No podía ser de otra forma porque, frente a hechos tan graves, que cuestionan la corrección y el buen hacer de una Sala de la Corte, no podía cerrarse el caso por el retiro de una de las personas sobre la que podía recaer alguna sospecha.
Cabe preguntarse, entonces, si la renuncia de un miembro de uno de los supremos poderes, juez de altísimo rango, puede excluir e impedir una investigación que es indispensable para tutelar la transparencia.
Lo sucedido lesiona la imagen y la credibilidad del Poder Judicial y fue destacado por la doctora Anabelle León Feoli, presidenta de la Sala donde se produjo la filtración.
Ella solicitó al pleno de la Corte (sesión 38-2011) una investigación “en virtud de la renuncia” de Fachler: “Entendemos y somos conscientes de que la posición de la Corte ha sido en algunos casos que, con la renuncia, hay un decaimiento del interés y que no procede la investigación; sin embargo, en otras ocasiones, a pesar de la renuncia, (…) lo que corresponde, efectivamente, es la investigación correspondiente a efectos de determinar las consecuencias disciplinarias y laborales”.
Este es un dato importante, porque motivó la indagación ordenada por la Corte Plena.
Se reitera aquí la misma interrogante: ¿Será inconveniente o inadmisible indagar sobre hechos graves si renuncia alguno de los que se señalan como posibles protagonistas? Este punto es fundamental porque fue precisamente en respuesta a él que la Corte ordenó, en la misma sesión, indagar lo sucedido.
Congruente con su ofrecimiento de ponerse a la orden de las autoridades, a pesar de haberse desvinculado de su trabajo de juez, Fachler participó activamente en la investigación, realizada durante los primeros meses del 2012, y ofreció prueba, intervino en las audiencias orales y privadas y respondió en la audiencia final de la investigación, el 31 de octubre del 2012.
Es importante mencionar también que, durante el proceso, el exmagistrado ejerció su derecho de defensa y mantuvo la decisión expresada en su carta de renuncia, que estaba a la orden de las autoridades para dilucidar un asunto grave y doloroso para la institucionalidad judicial.
Fue un gesto que enaltece la actitud del renunciante, quien, a pesar de que voluntariamente se separó del cargo, honró su compromiso de brindar las explicaciones ante lo que se le atribuía en la investigación.
Nunca hubo intención de convertir la renuncia en un instrumento que propiciara la opacidad o la impunidad.
Estas observaciones las planteo con el mayor respeto para quien fuera juez supremo de la Corte, y reconozco que en un Estado de derecho las decisiones de todo tribunal, no importa su jerarquía, deben ser revisadas, cuestionadas y analizadas por jueces independientes, como ha ocurrido en este caso; sin embargo, hay detalles que no se mencionan en la información, los cuales permitirían comprender mejor las circunstancias que rodean la “filtración” de un fallo de una Sala de la Corte Suprema de Justicia.
El autor es magistrado de la Sala Constitucional.