EscucharA inicios del 2009, Cecilia Skingsley, del Riksbank, el banco central de Suecia, anunció el retiro del billete de mayor denominación de la corona sueca. El objetivo era reducir el número de transacciones efectuadas con dinero en efectivo.
El proceso fue exitoso, y con el reciente impulso de la aplicación de transferencias electrónicas “Swish”, la utilización de dinero en efectivo se redujo a únicamente un 2 % de las transacciones realizadas en la economía escandinava.
De manera similar, el mayor banco comercial de Noruega, DNB, inició en el 2015 la transición hacia una operación libre del dinero en efectivo. Paralelamente, en Dinamarca, Bélgica, e incluso Estados Unidos, la tendencia es similar y apunta hacia la gradual eliminación del uso de papel moneda en el futuro próximo.
Ante esta creciente tendencia global, se hace relevante considerar los méritos de las políticas de desmonetización y la posibilidad de iniciar un proceso similar en Costa Rica.
Desmonetización. En el 2016, en un intento de analizar los perjuicios del uso de papel moneda, el famoso economista de Harvard University Kenneth Rogoff publicó La maldición del efectivo. En su estudio, el autor argumenta que la utilización de billetes hace a las sociedades más pobres, menos competitivas, promueve la corrupción, los mercados negros y la evasión fiscal. Como conclusión, el economista propone una gradual reducción del dinero en efectivo, con una inicial desmonetización de los billetes de más alta denominación y un período de gracia indefinido para los billetes de menor valor.
La desmonetización se trata de un proceso en el cual un banco central (o cualquier otro emisor de una moneda) elimina el valor de ciertos instrumentos fiduciarios como medio de intercambio. En otras palabras, los billetes dejan de representar un monto y se convierten en trozos de papel sin ningún valor inherente. Consecuentemente, la desmonetización puede ser utilizada como una política pública radical si se retiran de circulación los billetes de mayor denominación, con el fin de reducir drásticamente el volumen de dinero en efectivo en la economía.
Beneficios. Conceptualmente, la desmonetización tiene tres beneficios iniciales. El primero es que dificulta la corrupción en el sector público, pues cualquier pago a un funcionario queda registrado electrónicamente. Esto sucede ya sea mediante el registro de los bancos en que se realice, o idealmente en una cadena de bloques pública que almacena el historial de transacciones de la divisa (como en el caso de las criptomonedas).
De forma similar, los mercados negros e ilegales se hacen más complejos de ocultar. Si bien la presente administración ha evidenciado gran innovación en la organización de redes de corrupción, la eliminación del dinero en efectivo dificulta el soborno ordinario y el comercio de productos ilegales: el pago a un oficial de tránsito para evitar la multa, saltarse la fila de una institución, la venta de armas ilegales, la trata de personas, entre otros. Adicionalmente, la desmonetización dificulta la evasión fiscal, pues facilita a las entidades tributarias el seguimiento del patrimonio empresarial y, como consecuencia, la identificación del fraude fiscal.
Finalmente, la desmonetización implicaría un inevitable proceso de capitalización de los bancos, pues todo el dinero que se encuentra ocioso en la economía (en billeteras o debajo del colchón), pasaría a formar parte de la hoja de balance de alguna institución financiera.
La India y la desmonetización repentina. Sin embargo, la economía de un país como Costa Rica dista monumentalmente de la de los paraísos del norte de Europa y la utopía desmonetizada. Por ello, el reciente caso de la India se hace relevante. A pesar de ser un país unas 275 veces más grande que Costa Rica, las condiciones de su economía proveen un mejor caso comparado de los potenciales peligros de una desmonetización, especialmente cuando esta es pobremente ejecutada.
En noviembre del 2016, con poca publicidad previa, el gobierno del primer ministro Modi anunció la desmonetización de los dos billetes de mayor denominación de rupias, la moneda de la India. Sus argumentos eran similares a los presentados anteriormente, pero la falta de planificación y el atropellado anuncio público generó pánico en el mercado, escasez de dinero en los bancos y un trastorno generalizado a la economía.
Los pequeños negocios no tuvieron espacio para adaptarse y muchos se encontraron repentinamente en la ilegalidad. El sistema de transporte colapsó, y el sector agrícola tuvo pérdidas difíciles de dimensionar.
El Banco Mundial declaró la movida como un “grave error”; organizaciones financieras internacionales criticaron la medida, y la reacción popular en lo interno fue de profunda desmoralización. Trece partidos políticos en el Congreso se opusieron y formaron una delegación para lidiar con la política.
En resumen, la improvisada medida fue un desastre, muy similar a lo que estamos acostumbrados en América Latina. A once meses de su implementación, los beneficios prometidos no han llegado, aunque esperan se concreten a mediano y largo plazo. El primer gran problema fue la falta de gradualidad en la medida: incluso en Suecia y Dinamarca, la desmonetización toma décadas, no una terapia de choque.
El otro gran contratiempo en el subcontinente indio, al igual que en nuestra región, es la omnipresencia de la economía informal.
Economía informal. Hace unos treinta años, Hernando de Soto publicó su canónica obra El otro sendero. En este libro, el autor describe la economía informal en Latinoamérica y las causas de su surgimiento.
De Soto argumenta que el costo de la legalidad es el principal promotor de la economía informal en los pequeños negocios. Es decir, el conjunto de requisitos, trámites, procedimientos y recursos necesarios para ser parte de la economía formal son prohibitivos, y en muchos casos responden a los intereses de grandes intereses corporativos y burocráticos.
El comerciante, cuyo único interés inmediato es poner comida en la mesa de su hogar, encuentra pocos incentivos para navegar por ese océano infinito de trabas administrativas, o para desembolsar rutinarios sobornos a burócratas cuya discreción define su formalidad.
Tres décadas después, la economía informal aún se estima en un 50 % de la economía latinoamericana, aunque su medición precisa es naturalmente elusiva. Costa Rica no es diferente, pues un estudio de la OCDE en el 2016 encontró que aproximadamente el 40 % del empleo en nuestro país es de naturaleza informal.
Por ello, cualquier discusión acerca de desmonetización debe pasar en algún momento por la necesidad de promover la participación en la economía formal. Más aún, debemos encontrar mecanismos para facilitar la transición a la economía formal sin que esto implique eliminar las regulaciones justificadas, y dejar el mercado a disposición de los grandes intereses mercantiles.
Las economías del norte de Europa son un contraejemplo a esa falsa dicotomía: son de las economías más formales del mundo, y al mismo tiempo abundantes en regulación. De igual manera, debemos hacer una mejor labor para evidenciar los beneficios económicos de la economía formal: bienestar laboral, alternativas crediticias, mayor adaptabilidad al cambio, y, como consecuencia de todo esto, mayor productividad.
Lamentablemente, la experiencia con la administración Solís Rivera no incita mejoría alguna en el frente de la economía formal. Si algo han evidenciado los escándalos de las últimas semanas, es que este gobierno está a la completa merced de los grandes intereses corporativos en sectores clave como la banca, el cemento y el arroz, sin consideración por el valor de los pequeños negocios en el dinamismo de nuestro mercado.
En este contexto, y tras la desmotivadora evidencia del experimento indio, el prospecto de una sociedad sin efectivo en Costa Rica augura difíciles décadas por delante, pero en algún momento debemos comenzar la discusión.
El autor es analista de políticas públicas.
