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2017: ¿qué hacer?

Actualizado el 19 de febrero de 2017 a las 12:00 am

Es el momento paraabrir otros mercados y buscar nuevas naciones inversoras

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2017: ¿qué hacer?

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El año 2017 presenta tres desafíos inmediatos al gobierno. El primero, el ya conocido problema fiscal. El segundo reto lo imponen las nuevas políticas proteccionistas de Estados Unidos. De hecho, la empresa Suttle –ubicada en la zona franca Saret– ha anunciado su regreso a Minnesota.

El tercer problema urgente lo ofrece la situación de infraestructura que, a raíz de los embotellamientos producidos con ocasión del cierre del puente de la “platina”, nos saltó agresivamente a la cara. Así, sustentado en la experiencia histórica, esbozo ideas para enfrentar las amenazas. Veamos.

Déficit fiscal. En relación al reto fiscal, remití al presidente una nota suscrita con don Jorge Pattoni –en nuestra respectiva condición de presidente y secretario general del PLN– en la que le informamos que nuestro directorio tomó la decisión de apoyar una propuesta de acuerdo en materia tributaria.

Se sustentaba en la tesis expuesta por el expresidente Arias en el artículo “Un acuerdo posible” ( Opinión, 30/9/14), publicado en este diario. Allí, el elaboró una iniciativa consistente en disminuir el déficit durante dos años en un 5% del PIB, donde solamente un 3% se obtenga con un nuevo tributo y el restante 2% con reducción de gasto.

Le hicimos saber al presidente que –con nuestros diputados– y en conjunto con su gobierno, estábamos dispuestos a impulsar ese planteamiento como un acuerdo nacional.

Lo esencial para nosotros es reactivar la economía estimulando la producción y moderando el gasto público que no es inversión. Es irresponsable seguir cargando al pueblo con un ilimitado crecimiento de la voracidad fiscal.

Ello no ha dado resultados en los países donde se tomó tal camino. Aún más, la propuesta de convertir el impuesto de venta en uno que grave más actividades, como lo es el del valor agregado, implicará un mayor desestimulo a la economía de las empresas pequeñas y medianas no vinculadas al sector público.

Está estadísticamente demostrado que el costo de la legalidad no afecta a los grandes conglomerados, sino a las iniciativas de las clases media y popular.

Una salida para aumentar el ingreso, al tiempo que no se cae en la trampa de un progresivo agravamiento fiscal, es aplicar la fórmula implementada en 1995 con la ley de ajuste tributario, la cual aumentó a un 15% el impuesto de ventas, pero por 18 meses, para luego regresar al 13%.

Esta medida, complementada con otras propuestas para racionalizar el gasto público que no es inversión, permitiría una salida al problema fiscal sin perjudicar permanentemente la economía de las clases populares.

Proteccionismo. El segundo desafío lo plantea el proteccionismo del nuevo gobierno estadounidense. La inversión norteamericana directa disminuirá y ese principal mercado puede tender a cerrarse. Progresivamente, pero con urgencia, debemos compensar tanto la inversión directa como el mercado que perderemos.

Nuestro gobierno debe generar condiciones que motiven a los europeos y a naciones asiáticas como Corea, Japón o China a aumentar la inversión de alto valor agregado en nuestro país.

No será algo nuevo. A inicios de los años ochenta, e invitados por el gobierno de don Luis Alberto, Corea del Sur instaló en Santa Ana la exitosa planta Daewoo Bus. Esta ensambla y desarrolla producción industrial de buses utilizando recursos y mano de obra costarricense.

Es el momento para abrir otros mercados y buscar nuevas naciones inversoras, y no el de imitar la actitud proteccionista de Estados Unidos.

Quien insista en negar las bondades de la apertura económica debe leer las estadísticas del estudio Inversión extranjera, desarrollo y globalización , elaborado por la prestigiosa economista Eva Paus, invitada a nuestro país por la UCR como investigadora académica.

Infraestructura. El tercer desafío que impone el 2017 es el de infraestructura. Allí el partido de gobierno sufre las consecuencias de su propio error, pues en el cuatrienio pasado se opuso a la concesión a San Ramón, de lo cual hoy su viceministra Alfaro ha reconocido que no ejecutarla fue un error.

Pues bien, después del calvario que vivimos por el cierre del puente, finalmente tendremos un paso de menos cantidad de carriles de los que tendríamos de haberse ejecutado la concesión.

El proyecto de concesión a San Ramón establecía un paso adicional de dos carriles donde hoy se amplía el actual puente, con lo cual las próximas generaciones habrían disfrutado ocho carriles y no los seis que ahora construye el gobierno.

Además, el puente no solo tendría meses de estar funcionando, sino que, como se proyectaba un paso adicional, no hubiese sido necesario el cierre que hoy nos tortura.

Sería interesante que un estadístico pudiese cuantificar la dimensión del perjuicio causado a la economía por la cantidad de horas trabajo que se están perdiendo con este cierre, el cual era innecesario en el proyecto original que los activistas del actual gobierno sabotearon.

Igualmente, sería valioso cuantificar el perjuicio que implicará en el futuro tener un puente de menor tamaño al originalmente proyectado y con muchos años de retraso en su ejecución, pues aún no se sabe cuándo se iniciará esa pista.

Aún peor, el argumento para desprestigiar la obra fue su costo, para enterarnos después de que el valor del peaje propuesto por los activistas de la revuelta es prácticamente el mismo al de la concesión, con la diferencia que la obra estaría ya terminada.

No solo no estaríamos viviendo este calvario, sino que el concesionario original se comprometía a financiar los trabajos con su propio capital, asumiría los costos si los materiales aumentaban de precio, o si se retrasaba su conclusión.

O sea, el riesgo no iba a ser del Estado. La réplica a mi argumento probablemente será que las concesiones son caras. No necesariamente. La realidad de la insolvencia operativa y económica del Estado descarta que este las realice.

Fideicomisos. Otra alternativa, los fideicomisos, han demostrado su ineficiencia para grandes realizaciones. La experiencia los descalifica, pues los bancos –administradores por ley– no se especializan en administrar el desarrollo de megaproyectos. Así, no hay otra opción sensata que asumir el reto infraestructural por la vía de la concesión.

Es posible evitar los errores del pasado estableciendo con claridad una estipulación contractual de valor neto actualizado, lo que permitiría asumir el bien en menos tiempo en los casos en que se demuestre una utilidad superior a la estimada, si los costos resulten inferiores. Y hoy el país tiene más experiencia para negociarlos.

Fernando Zamora Castellanos es abogado constitucionalista.

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