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Se hace camino al andar y al denunciar

Actualizado el 27 de octubre de 2012 a las 12:00 am

La situación de las víctimas de acoso sexual en el empleo dificulta la denuncia

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Han trascendido a la prensa las denuncias que por acoso sexual laboral interpusieron dos funcionarias contra sus respectivos patronos. La primera, de Xiomara Villegas contra el diputado, en ese momento, Federico Tinoco, denuncia que después de seis años de peripecias legales, sufrimiento y pérdidas para la víctima, ha culminado con sentencia a favor de la señora Villegas, aunque, en mi criterio, con una escasa valoración pecuniaria del daño que el acoso sexual laboral implica para quien lo sufre (LaNación, 22/10/12).

La segunda, interpuesta por una jueza contra un magistrado (LaNación, 24-10-12). Apenas inicia el probable largo proceso de luchas legales, psicológicas, familiares y laborales que la denunciante tendrá que vivir por haberse atrevido, al igual que lo hizo la Sra. Villegas, a enfrentarse contra el poder jerárquico, por no decir patriarcal.

La situación de las víctimas de hostigamiento sexual en el empleo, al igual que la violencia doméstica, reviste condiciones especiales que dificultan la denuncia contra el agresor. El poder jerárquico laboral –generalmente pensado desde la perspectiva masculina– al que está sujeta, la dificultades para probar los hechos, realizados muchas veces fuera de la observación de terceros, el temor a perder el empleo, a desmejorar sus condiciones, o a la exposición pública de su conducta, son aspectos que no incitan a denunciar.

Aunque la Ley contra el hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia (Ley N 7476 de 03-02-1995) trata de minimizar en algo esos aspectos, al establecer la confidencialidad de la denuncia, y el principio In dubio pro víctima (en caso de duda se interpreta a favor de la víctima, art. 18), eso no es suficiente para que la mayoría de las mortales superen las barreras. Las que lo logran son verdaderas heroínas que merecen nuestro reconocimiento, por hacer camino al denunciar, en condiciones tan adversas.

Es claro que el acoso sexual y laboral contra mujeres, que son la gran mayoría, no es nada nuevo. Sin embargo, al igual que de las violaciones de padres a hijas y de la violencia doméstica, de eso no se habló por mucho tiempo. La ley contra el acoso sexual en el empleo surge en 1995, varios siglos después de que las mujeres se integraran al mercado laboral fuera del hogar, y se expusieran a ello. La estructura social patriarcal, y la jerarquía vertical, impide visualizarlo y atacarlo debidamente.

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Tratándose del Poder Judicial, una organización jerárquica vertical extrema, aunque con algunos esfuerzos de democratización, y una reglamentación de la carrera judicial hasta el nivel de jueces (as), su régimen disciplinario ni siquiera contempla, en forma específica el acoso sexual laboral, como sí lo hace la ley especial ya citada en su artículo 3).

Y aunque la Ley Orgánica del P. J. considera falta grave: “El exceso o abuso cometido contra cualquier otro servidor judicial, abogado o particulares, que acudiesen a los Despachos en cualquier concepto”(art. 192. 5 ), lo cierto es que el legislador no estaba pensando en el acoso sexual laboral que podrían sufrir las funcionarias y empleadas judiciales. A diferencia de ello, sí se especificó muy bien, como falta grave: “La falta de respeto ostensible a los superiores jerárquicos, en su presencia, en escrito que se les dirija o con publicidad”.

Normativa que ilustra bien los valores jerárquicos del Poder Judicial.

Unido a esto, el juzgamiento disciplinario de los miembros de la Corte, sea de los magistrados, corresponde a la misma Corte, con lo que tenemos que son los propios compañeros (as) del denunciado, quienes lo juzgarán. Evidentemente, ello no parece compatible, no digamos con la exigencia de eliminar cualquier posibilidad de sospecha de parcialidad, sino con la naturaleza del acoso sexual laboral que implica un mal ejercicio de la jerarquía.

No dudo de la capacidad de imparcialidad de los señores (as) integrantes de la Corte, al igual que asumo la inocencia del denunciado mientras no haya sentencia en su contra, pero pienso que a nadie debe ponérsele en el trance de juzgar a sus propios compañeros de Corte y que ese procedimiento no se ajusta a las necesidades de la persecución del acoso sexual en el empleo.

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