Ya que hablamos de ética

En sentencia de la Sala Constitucional del año 2000, se indica que debe resguardarse el libre tránsito y que la Policía está autorizada a hacer uso de la fuerza para lograrlo; sin embargo, esa misma sentencia advierte de que el uso de esa fuerza no podrá ejercerse cuando los manifestantes lo hagan de manera pacífica. Entonces, ¿la acción de la diputada Carmen Granados legitima la reacción de los antimotines? ¿Provoca que la policía lance al suelo a un miembro del primer poder de la República, como muestran videos de los mismos telenoticieros que hoy la cuestionan?

A partir de la prueba del video, asumamos que la diputada Granados se subió a la patrulla, mintió en sus declaraciones ante la prensa y su actuación fue temeraria y provocadora, por lo cual merece el reproche ciudadano. Siendo ese el caso, habría que aceptar que las declaraciones tuiteras del viceministro de Seguridad, Celso Gamboa, donde se refiere al amable abrazo policial a una profesora de teatro para devolverle su bolso, también deberían someterse al mismo escrutinio público. En el primer caso, la diputada es miembro del primer poder de la República, en el segundo, don Celso es un viceministro de Estado que aspira a ser director del Organismo de Investigación Judicial.

No se trata de pecar y rezar para empatar; la actuación de la diputada Granados es cuestionable. Pero si bien es cierto es una falta ética mentir en unas declaraciones, también lo es no resolver los problemas que en campaña política se prometieron. La manifestación del jueves 8 de noviembre se dio en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social y hay una pregunta que está ausente y es de fondo: ¿qué ha hecho el Gobierno de la República para resolver los problemas de esta institución? Porque la realidad es que la Caja continúa su rumbo al colapso y, mientras tanto, los informes de los notables y de OPS están engavetados, sin que a nadie le interese seguir sus recomendaciones. El mal servicio persiste, las citas a dos y tres años son cosas comunes, solo los conflictos de interés gozan de buena salud y la Administración espera que pase el tiempo y venga otro a calentar la silla de la dirección.

Reducir lo sucedido el jueves 8 de noviembre a la actuación de una diputada es contribuir a que los problemas políticos del país no se discutan. El Gobierno y algunos sectores hablan de que es una barbaridad que las personas se manifiesten, pero la realidad es que enfrentamos circunstancias críticas por la incapacidad de quienes tienen la obligación ética, moral y legal de ejercer de manera eficiente los puestos en los que fueron elegidos. ¿Qué se ha cumplido de las convocatorias al diálogo del Gobierno? ¿O es que diálogo se ha de entender como que dos se reúnan, lleguen a algún acuerdo y uno haga lo que le da la gana?

Hay descrédito de las instituciones, pero son quienes las dirigen los que se han encargado de que así sea. Las manifestaciones son consecuencia de la frustración causada por aquellos en los que depositó la confianza del pueblo y ahora, ni le cumplen ni resuelven.

Si se habla de “zafarrancho”, pues habría que llamar “patéticos” y “ridículos” a los ministros que acusan a diputados y viceversa, a la incapacidad de la clase política que genera una lista infinita de desaciertos: presas interminables por falta de un puente, las leyes mal redactadas, propuestas de leyes de impunidad perpetua, ley mordaza, aumentos desmedidos e injustificados en el precio de combustibles o el descalabro de la Caja que apenas sostiene la endeble estabilidad social. Todo es resultado de una administración inepta, ineficaz e incompetente, los errores cometidos son faltas éticas y morales graves.

La realidad es que no hay más especialistas en la Caja, la concentración de la riqueza sigue su inexorable curso, la corrupción tipo trocha crece de manera firme y deshonesta y todo el aparato gubernamental que proviene del Partido Liberación Nacional se muestra incapaz de resolver cualquier problema. La suma de todo eso, quiebra la credibilidad en los políticos y con ello, la credibilidad en el sistema democrático y tal cosa, no solo es grave, es peligrosa. Y mientras tanto, quienes deben resolver se pasan la bola.