Opinión

Los guiños de Ortega

Actualizado el 17 de febrero de 2014 a las 12:00 am

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Los guiños de Ortega

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En los últimos días se reporta que Daniel Ortega ha enviado “mensajes” a los dos actuales candidatos presidenciales costarricenses, sugiriendo que los problemas actuales entre ambos países se podrían solucionar fácilmente mediante el diálogo. Con esta estrategia, el régimen de Managua busca presentarse ante el mundo como abierto al diálogo que caracteriza a las naciones civilizadas en su conducta internacional, y, además, de paso achacarle a la administración Chinchilla –o sea, a Costa Rica– la culpa por los diferendos existentes.

Estos llamados se hacen pasando por encima del Gobierno constitucional de Costa Rica, democráticamente elegido hasta el 8 de mayo del 2014. Naturalmente, al comandante Ortega no le importa eso, y por ello viola las formas diplomáticas haciendo llamados por la prensa a quienes, dicho sea de paso, los costarricenses aún no hemos elegido. Ya esto, de por sí, debería generar una reacción firme de los candidatos. Pero el tema principal tiene que ver con algo más profundo: ¿son creíbles estos llamados al diálogo?

Cuando el canciller Enrique Castillo alertó sobre la poca credibilidad que estos ofrecimientos merecen, de inmediato el régimen de Managua lo acusó, mediante una virulenta nota de prensa del pasado 5 de febrero, de obstaculizar el diálogo entre los países. A este respecto, es oportuno repasar algunas negociaciones anteriores.

‘Negociación’ en la OEA. La nota de prensa nica critica a Costa Rica por haber desoído “las ofertas de negociación bilateral ofrecidas por el Gobierno de Nicaragua ante las diferencias de criterio que existían sobre la soberanía de un pequeño humedal fronterizo y otros asuntos relacio-nados con el mantenimiento de la navegación en el río San Juan de Nicaragua”, y haber optado por recurrir, primero, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y, luego, a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Es totalmente falso que Nicaragua haya hecho el más mínimo intento de dialogar sobre estos temas. Y, cuando las oportunidades se dieron para dialogar, fue precisamente Nicaragua la que rechazó el diálogo.

Tras la ocupación militar nicaragüense del sector norte de isla Portillos –territorio que Nicaragua históricamente siempre había reconocido como costarricense, cartografía oficial incluida–, Costa Rica recurrió en primera instancia a la OEA, con la esperanza de que, mediante este foro, se pudiera encontrar una solución diplomática expedita, conducente a la desocupación de nuestro suelo. El tema se presentó ante el Consejo Permanente de la OEA el 3 de noviembre del 2010 y, en respuesta, el secretario general viajó a Costa Rica y a Nicaragua, del 5 al 8 de noviembre. Durante su visita, el señor Insulza dialogó con los presidentes de ambos países y, dado que Ortega había dicho que estaba dispuesto a retirar sus tropas si se lograba un acuerdo, Insulza propuso cuatro compromisos comunes, que incluían la creación de una zona temporalmente neutral, con el espíritu de generar un ambiente propicio para la realización de la VIII Reunión de la Comisión Binacional, que a su vez suponía un diálogo entre ambos países para que el tema se resolviera. Lo único que se requería, entonces, era que se pudiera acordar un texto, y para eso se tendría una sesión de negociación en la sede de la OEA el 9 de noviembre.

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Ese día, ambas delegaciones se reunieron a las 10 a. m. La mecánica era que ambos países tendrían toda la mañana para acordar un texto común que se le sometería al Consejo Permanente a las 3 p. m., al iniciar su sesión. A las 10:20 a. m., la delegación nicaragüense pidió que se le permitiera retirarse un momento para poder hacer consultas con Managua. La delegación costarricense se quedó en la mesa de negociaciones esperando. Y, en efecto, los nicaragüenses regresaron, pero exactamente a las 2:50 p. m., y con un texto totalmente diferente al propuesto en la mañana, con condiciones inaceptables para Costa Rica. Así fue como el régimen actual de Nicaragua “negoció” y “dialogó” cuando tuvo la oportunidad.

Así las cosas, no quedó más que pasar de inmediato a la sesión del Consejo Permanente. Lo más lamentable fue que, iniciada la sesión, el embajador de Nicaragua pidió la palabra y comenzó a leer un discurso plagado de falsedades y ofensas hacia Costa Rica, intentando justificar la ocupación de isla Portillos. Por suerte, la delegación costarricense ya estaba preparada y tenía a mano sus propias pruebas, que el entonces embajador, Enrique Castillo, sintetizó en un brillante discurso que muchos recordarán. A la postre, el 12 de noviembre, el Consejo Permanente terminó votando una resolución, abrumadoramente en favor de Costa Rica, pero que Nicaragua anunció de inmediato que no acataría.

Costa Rica es un país riguroso con sus compromisos internacionales y, a pesar de que Nicaragua había anunciado que no acataría lo resuelto por la OEA, nuestro país hizo todo lo posible por que se pudiera llevar a cabo la VIII Binacional, de conformidad con la resolución de la OEA. Para ello se organizó toda la logística necesaria a fin de que esta reunión se pudiera llevar a cabo en San José los días 26 y 27 de noviembre, como se había acordado. Mediante notas del 17 y el 24 de noviembre, Nicaragua confirmó que participaría, pero, sin embargo, sus delegados nunca llegaron. Por ahí andan fotos de sus sillas vacías como testimonio de su “compromiso” con el diálogo.

Un patrón recurrente. Anécdotas como las anteriores abundan. Basta recordar que las invitaciones al “diálogo” han ocurrido en los cambios de mando de los últimos tres presidentes, incluyendo a la actual Administración. La versión que se les presenta a los presidentes electos, o incluso a los candidatos, es que los problemas entre Costa Rica y Nicaragua, y la falta de diálogo, son culpa de la Administración costarricense del momento.

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Acto seguido, se asegura que, una vez que se dé el cambio de gobierno en Costa Rica, habrá las condiciones para dialogar y resolver amistosamente todas las diferencias, pues con los nuevos interlocutores sí se podrá dialogar, y que, a partir de ahí, ambos países vivirán armoniosamente para siempre.

Es cierto que Costa Rica y Nicaragua deben tener mucho mejores relaciones, y que, al menos en Costa Rica, se aspira a eso, pero el mejoramiento de esas relaciones no puede quedar a expensas de los intereses y derechos costarricenses. La “nicaraguanización” de nuestra política exterior no es fruto de las acciones de legítima defensa de Costa Rica, sino de las agresivas acciones de Nicaragua para imponer su voluntad a toda costa.

Prueba de vida. Una vez juramentado, el próximo presidente de Costa Rica debe considerar que la negociación y normalización de las relaciones con Nicaragua no pueden darse a costa de las acciones que Costa Rica ha emprendido para su defensa, y, como mínimo, deberá pedir a Managua manifestaciones inequívocas de sus intenciones.

Una muestra sincera de que Nicaragua quiere relaciones amistosas y provechosas con Costa Rica pasa por pedir que, públicamente, el comandante Ortega manifieste que reconoce la provincia de Guanacaste y el territorio que disputan en isla Portillos como territorios incuestionablemente costarricenses, así como que respeta plenamente la copropiedad nacional de la bahía de San Juan del Norte y la bahía de Salinas, y que, por lo tanto, renuncian a su disputa y a cualquier reclamo sobre el costarricense río Colorado. Asimismo, sería un gesto positivo que, ante la falta de pruebas sobre el supuesto daño al río San Juan por la Ruta 1856, Managua desistiera de este caso artificial.

Si Nicaragua hace declaraciones inequívocas en ese sentido, habrá dado un paso que legítimamente debe tenerse como una muestra de voluntad para normalizar las relaciones con Costa Rica. En esas condiciones, la próxima Administración habrá iniciado el anhelado camino de un diálogo franco y constructivo. Pero mientras Nicaragua no haga eso, cualquier invitación al diálogo solo buscará, una vez más, engañar y desgastar a Costa Rica. Es imperativo, por ello, que nuestro próximo gobernante sea prudente, tanto en la forma como en la sustancia.

El futuro de la defensa de la soberanía y derechos costarricenses dependerá en gran medida de la prudencia y firmeza de su Administración.

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