Opinión

Una guerra con otro nombre

Actualizado el 25 de agosto de 2013 a las 12:00 am

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Una guerra con otro nombre

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Cuando se trata de violencia fuera de control, América Central es la zona cero. El Salvador, Guatemala y Honduras -conocidos como el Triángulo Norte- cuentan conlas tasas de muertes violentas más altasdel mundo. Después de haber registrado 170 homicidios por cada 100.000 habitantes el año pasado, San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras, es considerada lamás peligrosa del planeta. Con algunas excepciones, las ciudades mexicanas, centroamericanas y sudamericanas están en el tope de los conteos de muertes violentas en el mundo. Esas ciudades están experimentando guerras en todo, a la excepción del nombre. Curiosamente, la comunidad interna-cional parece incapaz y poco dispuesta a prevenir el desastre en desarrollo.

Aunque la última guerra centroamericana terminó a mediados de la década de los noventa, el Triángulo Norte evidencia muchas de lascaracterísticas de la guerra, tal como las establece el derecho internacional. Algunos contextos cumplen sin duda con el criterio de intensidad, medido por el número de víctimas, los tipos de armas utilizadas, y los niveles de destrucción. Estos contextos también se ven afectados por grupos armados altamente organizados que controlan personas y territorio, llevan a cabo con precisión operaciones de tipo militar y negocian acuerdos de paz y altos al fuego. En el siglo XXI, las pandillas han reemplazado a las guerrillas, dominando en una forma despiadada y arbitraria.

En algunos casos, estos grupos armados han sustituido al Estado como el único árbitro de desavenencias entre vecinos. Ellos también se han erigido como una de las pocas defensas contra ataques de innumerables grupos criminales más pequeños, que afectan a poblaciones pobres con servicios insuficientes en los barrios de Centroamérica. En el camino, las bandas más grandes se han convertido en agentes del poder por derecho propio, organizando campañas políticas y consiguiendo votos en connivencia con los partidos políticos locales y nacionales. En casos extremos, estas bandas han establecido sus propios partidos políticos, logrando influir en las agendas nacionales e incluso internacionales.

En toda la región, estos grupos violentos trabajan en concierto con algunos de los banqueros más poderosos, abogados, políticos y hombres de negocios. Ellos pueden proporcionar capital inicial, asegurar contratos, financiar campañas o mantener a raya a investigadores molestos de cualquiera o todos sus socios. Es normalmente una relación simbiótica, que con complicidad llega a las más altas esferas del poder. Sin embargo, el nexo entre la delincuencia organizada y las elites es un tema poco abordado por la comunidad internacional. ¿No es de extrañar que los índices de impunidad de los homicidios en estas naciones se mantengan por encima del 95 por ciento?

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Desplazados. Además de ser asesinados y extorsionados con temeridad, los centroamericanos también están siendodesplazadoscada vez en mayor cantidad. Como un eco escalofriante de las guerras civiles de la región durante los años setenta, ochenta y noventa, cientos de miles de residentes han hecho sus maletas y cruzado una frontera. Una pequeña proporción de ellos -más de 25.000– han buscado asilo recientemente en países vecinos como refugiados. Sin embargo, la mayoría de los inmigrantes indocumentados prefieren mantener un perfil bajo por miedo a ser repatriados forzosamente. Y mientras que muchos de los desplazados se unen a la gran caravana de migrantes económicos a los Estados Unidos, la gran mayoría de las víctimas siguen desplazándose internamente, buscando refugio en su propio país.

Hay inquietantes similitudes en las formas de la violencia en toda la región. A pesar de una tregua entre pandillas negociada en 2012, los salvadoreñoscontinúan huyendodebido a las amenazas hechas por matones como los MS-13 y Barrio 18, quienes son más de 8.000 en el último recuento. Mientras tanto, despiadadas bandas de narcotraficantes, como los Zetas, han contribuido al desplazamiento de más de 6.000 guatemaltecos. Se estima que230.000 personashan huido de México o han sido desplazadas internamente en la última media década por temor a ser blanco de los cárteles de la droga, de las pandillas, de las milicias o de los soldados. Mientras tanto, Costa Rica acoge a más de 20.000 refugiados, mientras que Panamá apoya a otros 17.000. Barrios enteros se vacían y los campos están cada vez menos cultivados. Sin embargo, lamagnitud del sufrimiento generado por el desplazamiento sigue ocultándose a la vista.

En casi todas las mediciones, una catástrofe humanitaria se está extendiendo a través de México y América Central. Como era de esperarse, las consecuencias de esta epidemia de violenciarara vez se reconocen públicamente y son con mayor frecuencia ignoradas por los gobiernos de toda la región. Las agencias de ayuda han sido lentas en responder, con sólo un puñado de grupos enviando señales de alarma como elComité Internacional de la Cruz Roja(CICR),Médicos Sin Fronteras(MSF), elAlto Comisionado de la ONU para los Refugiados y laUnión Europea. Confrontadas con una alarmantebase débil de evidenciade las dimensiones del problema, éstas y otras agencias de primera línea están trabajando en la oscuridad. A lo sumo, se aplican pequeños parches sobre las heridas abiertas.

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¿Qué explica la reticencia de la comunidad internacional para proteger a los civiles en lugares como América Central? Por un lado, los sectores humanitarios y de desarrollo son frecuentemente temerosos de hacer olas. Después de todo, se les permite operar en Centroamérica, como en otros lugares, a discreción del gobierno anfitrión, que casi siempre prefiere que las instituciones de asistencia se limiten a excavar pozos y realizar iniciativas de vacunación.

Las autoridades públicas se apresuran a señalar que la violencia en sus países, aunque atroz, no es equivalente a la guerra. Incluso, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias ha hechouna sola visitaa la región desde la década de los ochenta. Como resultado, los campos de la muerte en Centroamérica están fuera del radar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Hay razones para creer que un futuro diferente es posible. Por un lado, países como Costa Rica, Nicaragua y Panamá, aunque que muestran signos preocupantes por el incremento de tasas de criminalidad, han resistido la epidemia de violencia que padece el vecindario. Los Estados Unidos, junto con algunos otros países, han comenzado a reconocer gradualmente que las iniciativas represivas para controlar las drogas están generando el escalamiento del crimen y la inseguridad. Una serie de valientes grupos comunitarios y organizaciones de base también están experimentando conenfoques innovadores para la prevención de la violencia, incluidos los programas para jóvenes y programas de empleo. Pero si la protección de civiles no se eleva a la cima de la agenda en la región y fuera de ella, estos signos esperanzadores bien pueden ser desplazados por más terror.

En última instancia, en América Central la protección de civiles depende en atender retos estructurales, incluyendo reformas a los sectores de justicia y seguridad. Intervenciones anteriores han sido imprecisas y difusas. En algunos casos, han generado pesados requerimientos burocráticos y fomentado la corrupción. Los donantes también han tendido a mantenerse alejados de los temas más sensibles, que a menudo están en la raíz del problema. Temerosos de dañar las relaciones diplomáticas, a menudo fallan en presionar lo suficiente para requerir reformas en la banca, el sector judicial y las campañas políticas, lo que podría acabar con las organizaciones criminales. Hasta que eso suceda, estos países seguirán sufriendo un destino peor que la guerra: ser olvidados por completo.

Robert Muggah es el director de investigación del Instituto Igarapé en Brasil.

Steven Dudley es director de InSight Crime, que analiza e investiga el crimen organizado en las Americas.

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