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La gran señal que esperamos

Actualizado el 02 de septiembre de 2012 a las 12:00 am

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Costa Rica afronta el enorme reto no solo de poner al día su infraestructura económica (transporte, energía y telecomunicaciones) y social (agua potable, alcantarillado, salud, educación), sino también de garantizar su adecuada gestión en el largo plazo. En este sentido, tal y como he señalado en artículos anteriores, es de vital importancia la ejecución de una Política Nacional de Alianzas Público Privadas (APP), la cual tendría como pilar la constitución de un nuevo Consejo Nacional de Alianzas Público Privadas (CONAPP), que sustituya al Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y envíe una señal clara de compromiso por parte del Estado en temas como transparencia, uso eficiente de los recursos públicos, seguridad jurídica y adecuada fiscalización de los proyectos. En este escenario, ¿cuáles serían los lineamientos centrales para la conformación del CONAPP como una verdadera PPP Unit (así denominadas internacionalmente)?

Objetivos Los objetivos del CONAPP serían: a) Promover una óptima utilización de los recursos de los contribuyentes y/o usuarios. b) Garantizar los principios de independencia, transparencia, rendición de cuentas y acceso a información. c) Desarrollar los procesos de licitación y adjudicación en un marco de competencia y seguridad jurídica para los participantes. d) Garantizar la adecuada fiscalización de los proyectos. e) Proveer de capacitación y desarrollo de conocimiento en temas APP entre las instituciones del Estado. Debemos tener claro que la formulación y planificación de las políticas de desarrollo se mantiene en manos del Estado y que las APP son una herramienta más para su ejecución.

Estructura. Una de las principales debilidades del CNC pasa por el hecho de ser un ente adscrito al MOPT, lo cual le resta independencia en la evaluación, aprobación y control de los proyectos. Asimismo, la integración del órgano director del CNC no garantiza una eficiente gestión ya que las tareas del CNC no son necesariamente la prioridad de sus miembros. En este sentido, una propuesta inicial sería ubicar al CONAPP como un ente de desconcentración máxima con miembros seleccionados por idoneidad mediante concurso público y con dedicación de tiempo completo.

Cobertura. Los sectores con mayor viabilidad a participar en APP serían, en principio, carreteras, aeropuertos, puertos marítimos, ferrocarriles, transporte público, tratamiento de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, instalaciones deportivas e infraestructura hospitalaria (excluye servicios de salud).

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Por su parte, en relación a las modalidades APP, debemos tener claro que estos no se limitan estrictamente a la figura de concesión, ni son exclusivos únicamente para proyectos grandes ni tampoco implican necesariamente el establecimiento de tarifas directas sobre los usuarios. Por lo tanto, con el fin de maximizar el potencial de innovación que proveen las APP, es necesario que exista la libertad de estructurar los proyectos con base en la modalidad que se adapte a sus características y objetivos particulares. En este sentido, además de la concesión tradicional, son de gran importancia figuras como los contratos de administración, BOT (Build Operate Transfer, peaje sombra), llave en mano, sociedades mixtas (Joint Ventures), leasing , entre otros.

Recursos. El éxito de una PPP Unit pasa por la adecuada dotación de recursos tecnológicos, la conformación de un equipo interdisciplinario, una baja rotación de su personal y una adecuada documentación y manejo del conocimiento adquirido a través de los años. El CONAPP estaría conformado por un máximo de 10-12 funcionarios con amplia formación y experiencia en diversas disciplinas como: derecho, comunicación, economía y finanzas, ingeniería y profesionales con conocimientos en sectores específicos. El financiamiento de la entidad provendría de un canon sobre los proyectos en ejecución así como de transferencias del Estado. Es importante, además, que la evaluación de desempeño del CONAPP esté ligada al cumplimiento de objetivos (ej.: promover la transparencia y uso eficiente de los recursos públicos) y no necesariamente al número de proyectos ejecutados; esto con el fin de evitar que se cree un sesgo ya sea a favor o en contra de la aprobación de proyectos APP.

Criterios de selección de proyectos. La decisión de realizar o no un proyecto mediante una APP debe estar fundamentada en criterios que estén por encima de cualquier sesgo ideológico o preferencia de las autoridades de turno. Los criterios fundamentales serían: a) que la APP resulte en un menor costo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto vs. la alternativa estatal (esto se conoce como ‘valor por dinero’) y b) que el Estado y/o los usuarios tengan la capacidad de hacer frente a los costos y pasivos contingentes del proyecto. Estos lineamientos, además, forzarían al Estado a planificar los proyectos para todo su ciclo de vida, dejando de lado la visión cortoplacista donde los mismos se limitan exclusivamente a su costo de construcción (¿se conocen actualmente los riesgos que asume el Estado, costos de mantenimiento y necesidades futuras de ampliación durante los próximos 15-20 años de la nueva carretera a San Carlos?).

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El país requiere una solución al rezago en infraestructura económica y social que, además de ser sostenible en el tiempo, garantice un uso eficiente de los recursos públicos y devuelva la confianza a los ciudadanos. En este sentido, las APP poseen el potencial para promover las mejores prácticas en planificación de proyectos y rendición de cuentas, permitir una ejecución más rápida de las obras, garantizar una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos y brindar al Estado la flexibilidad necesaria para enfocarse en la planificación de mediano y largo plazo. Por lo tanto, una Política Nacional APP no debe ser vista como una simple postura ideológica ni mucho menos como un mecanismo marginal destinado exclusivamente a las grandes obras que el Estado no puede financiar. No podemos pensar en una Costa Rica desarrollada mientras la ciudadanía y el sector productivo están destinados a realizar sus actividades en una infraestructura colapsada.

Es hora de dar el paso hacia la reforma del sector.

Lic. Federico Villalobos Carballo. Economista especialista en alianzas público privadas.

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