3 noviembre, 2014

La evaluación de programas es una disciplina nueva, cuya utilización e importancia ha empezado a cobrar fuerza en nuestros países. A lo largo de las últimas cinco o seis décadas, fuertemente influenciada por la llamada “nueva gestión pública” y sobre todo por el imperativo de comprender y valorar cuáles son los resultados que se obtienen en materia de desarrollo, esta nueva disciplina se articula bajo un estatuto epistemológico relativamente propio y un amplio espectro de técnicas e instrumentos provenientes de las ciencias sociales.

A falta de un suficiente arraigo de la evaluación y de una cultura de gestión pública orientada a la generación de resultados, los programas, los proyectos y los mal llamados planes nacionales de desarrollo durante décadas han centrado su atención en el desempeño de las actividades. Esta dimensión de trabajo y de análisis provocó que muchos esfuerzos de planificación tanto sectoriales como nacionales, quedaran reducidos a mediciones puntuales de cosas intrascendentes y sin articulación alguna con resultados de desarrollo más amplios. De este modo, es posible ver, por ejemplo, cómo en el último Plan Nacional de Desarrollo (2011-2014) prevalece la obsesión de medición de actividades por encima de la medición de resultados. Algunos ejemplos de metas (cfr. www.mideplan.go.cr) son las siguientes:

“Realizar cuatro iniciativas para la gestión integral del recurso hídrico para las cuencas prioritarias de la región…”.

“Construir 223 kilómetros de líneas de distribución eléctrica…”.

“Financiar 260 proyectos presentados por los comités cantonales de la persona joven…”.

“Participación del 50% de los centros educativos en el Programa Bandera Azul Ecológica”.

“Diversificar la oferta académica del CUC”.

“Realizar 10 asistencias técnicas por año en CUN Limón”.

“48 cantones con planes de gestión integral de residuos”.

“50 sedes de Ebáis construidos…”.

Ninguno de esos enunciados –y existen decenas de ellos– es relevante si no se puede determinar qué se obtiene con ellos. ¿De qué sirve construir 50 Ebáis si no mejora la condición de vida de menores y madres? ¿De qué sirve adoptar un programa ecológico en las escuelas si no se traduce en prácticas de protección del ambiente? ¿De qué sirve la asistencia técnica si no se traduce en cambios institucionales?

Insuficientes. Los sistemas de evaluación y monitoreo empleados hasta ahora no han podido responder a esas preguntas básicas. Tales esquemas de planificación y de evaluación centrados en la actividad no sólo distorsionan el foco principal de las políticas, programas y proyectos, sino que hacen de la planificación y la evaluación, un ejercicio inútil.

Los pilares del desarrollo, para ser evaluados, deben expresarse ciertamente en una serie de metas, con indicadores claves, precisos y susceptibles de seguimiento. Pero el análisis que se haga de estos, debe dar cuenta de los cambios, es decir, de los efectos e impactos, que a fin de cuentas el país y la sociedad como un todo espera conocer. Las políticas públicas, y los programas y proyectos de desarrollo deben ser indiscutiblemente objetos de evaluación, con mediciones y descripciones, sí, pero sobre todo, con juicios y valoraciones que hagan viable la rendición de cuentas y el aprendizaje necesario para señalar el rumbo. Los vientos que trajo consigo el nuevo Gobierno, exigen de la nueva disciplina de la evaluación un rol protagónico. Determinación, compromiso y una fuerte dosis de coherencia pueden hacer posible una cultura de gestión y evaluación pública capaz de dar cuenta de logros que marquen los hitos deseados para el desarrollo.

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