EscucharEl 16 de noviembre de 2007, el Comité de Derechos Humanos, ante el hacinamiento penitenciario y las malas condiciones de las cárceles, recomendó a Costa Rica adoptar medidas para poner fin a la saturación en los centros de detención, en particular acatar las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, dando un plazo de un año para informar al respecto.
La Defensoría de los Habitantes, durante el año pasado, denunció el incremento en la saturación penitenciaria. Así, se indicó que para diciembre de 2008 la capacidad carcelaria nacional era de 8140 espacios; no obstante, la población penitenciaria era de 8225 presos. Para el año 2009, la población penitenciaria ascendió a 9304 personas, dejando claro no solo el desacato de la recomendación dada al Estado por el Comité de Derechos Humanos, sino también institucionalizando prácticas de violencia sistemática contra las personas que han sido seleccionadas por el sistema punitivo.
Sistema corrupto. La violencia sistemática contra los presos no solo implica la violación directa a sus derechos más básicos, sino que también ha logrado sentar las bases necesarias para que la corrupción lucre con el hacinamiento, como recientemente se denunció respecto al CAI de San Rafael, pues se sospecha que una red burocrática dentro de la cárcel cobraba para otorgar beneficios penitenciarios. En suma, donde la saturación penitenciaria halla vida, los derechos encuentran su muerte, tal es la furia del hacinamiento.
El encierro penitenciario no hace suyas a todas las personas; las selecciona, siendo el sistema punitivo su filtro, desde quienes son arrestados y llevados al sistema judicial, hasta quienes siendo condenados a una pena de prisión van o no a la cárcel con ocasión de un beneficio de ejecución condicional de la pena, pero ¿cuáles son los parámetros para decidir quiénes serán presos y quiénes no? Los criterios de selección carcelaria difícilmente podrían indicarse taxativamente, pero algo es seguro: son herramientas al servicio del poder y se orientan a constituir y mantener diferencias socioeconómicas de quienes han sido privados de libertad.
El funcionamiento de la selección penitenciaria puede ser explicado con una situación actual. Recientemente se comunicó una decisión de la Sala Tercera donde se confirmaba la condenatoria del expresidente Rafael Ángel Calderón; no obstante, se varió la sanción disminuyéndosele a tres años de prisión. Por ende, ante la concesión del beneficio de ejecución condicional de la pena, el condenado no deberá de ir a la cárcel. Así, es sujeto del sistema punitivo, pero no del sistema penitenciario, pues este ha sido reservado mayoritariamente para otros estratos socioeconómicos.
Por otro lado, existen otras personas cuyos delitos no pusieron en peligro fondos públicos ni tampoco la confianza en la gobernabilidad e institucionalidad del país, como sí sucedió con el caso Caja-Fischel, pero que sí han sido presas por delitos de bagatela, donde el perjuicio es mínimo en relación con el patrimonio del Estado y la confianza que los habitantes han depositado sobre funcionarios públicos.
Paradoja. La selección realizada por el encierro penitenciario evidencia la paradoja del sistema punitivo, en el tanto se considera que la pena –en particular la de prisión– posee como objetivos no solo resocializar al condenado, sino también remitir un mensaje a la sociedad tanto de que el sistema sí funciona como de advertencia motivadora para no delinquir; pero ¿cómo puede lograr estos objetivos si se castiga más duramente por las conductas menos lesivas para la colectividad? ¿Cómo se rehabilitará un sentenciado si percibe que por delitos más lesivos para la sociedad es menor el castigo? Tal es la paradoja del sistema punitivo: los fines de la pena no concuerdan con la selección de quiénes irán a la cárcel' Pero la solución no es más cárcel; la respuesta no debe ser punitiva.
La solución a esta paradoja no debe erigirse sobre la base de un mayor castigo para las conductas de corrupción como la señalada anteriormente, sino de una menor respuesta punitiva para las demás conductas, disminución acompañada de políticas sociales que sí resocialicen y que apoyen no solo a quienes han experimentado la cárcel, sino integralmente a los estratos más vulnerables al poder represivo. La desigualdad del sistema punitivo responde a la desigualdad del sistema social; la primera debe ser corregida, pero la segunda debe ser eliminada.
