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Lo fundamental

Actualizado el 01 de noviembre de 2013 a las 12:00 am

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Desde hace varios años he insistido en la necesidad de erradicar la pobreza extrema, reducir la pobreza y la desigualdad, modernizar el Estado, elevar la productividad y competitividad del aparato productivo nacional e intensificar la inserción del país en las grandes corrientes de la economía mundial. Ser una nación desarrollada en lo económico y socialmente inclusiva.

¿Cómo hacerlo? y ¿cómo financiar un horizonte como el señalado? Alejado de los vaivenes electorales, comparto algunas ideas sobre las principales decisiones que conviene tomar para alcanzar tan necesario y noble propósito. Nada mejor que hacerlo en el marco de un proceso electoral del que esperamos claridad y contundencia en relación con los derroteros del desarrollo nacional.

El bienestar de las personas depende de la riqueza que la sociedad sea capaz de generar. Y la riqueza no tiene su origen en mercados desregulados como plantea la alternativa neoliberal, ni en sociedades controladas por Estados intervencionistas y paternalistas, como propone el social-estatismo.

La riqueza se genera y se distribuye con equidad cuando trabajadores, emprendedores, empresarios, Gobiernos y organizaciones de la sociedad civil se empeñan en elevar la productividad y la competitividad, en insertarse en la economía global, articular los mercados internos con los internacionales y generar bienestar social generalizado. El crecimiento económico sin bienestar social es engañoso, pero decir que se enfatiza lo social sin explicar cómo se financia es otro engaño.

Menciono algunos de los asuntos que creo fundamentales para el presente y el futuro de Costa Rica. Profundizar los méritos de lo realizado al tiempo que ampliamos los horizontes y nos disponemos a renovarnos como país, este es el reto que inspira las ideas que sugiero a continuación:

Reforma política: En los últimos treinta años se consolidó la institucionalidad democrática y se evitaron los extremismos ideológicos; el país ingresó con éxito en la economía global, se multiplicaron los destinos de exportación para los productos y servicios que ofrecen empresarios, emprendedores y trabajadores. Pero el Estado y el Gobierno se han rezagado; no están en línea con el desarrollo. Hoy tenemos un presidencialismo con las manos atadas, un Ejecutivo que no ejecuta con calidad y eficiencia, un Legislativo que no legisla a tiempo e instituciones públicas con serios problemas de gestión. Es necesario reformar al Estado para convertirlo, junto a la iniciativa privada, en motor y no en freno del desarrollo.

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Reforma social: Es urgente realizar una gran obra de movilidad social, y asegurar a cada familia un ingreso básico que le permita vivir una vida digna, con empleo, salud y educación de calidad. También es imprescindible rediseñar el entramado institucional de las políticas sociales a fin de hacerlo más eficiente. La tragedia de un solo costarricense pasando hambre debemos erradicarla sobre la base de una economía dinámica, finanzas públicas sanas y un Estado promotor de la equidad y la inclusión.

Reforma fiscal: Resolver el tema del déficit fiscal es impostergable y esto debe hacerse creando un régimen tributario anticíclico, que cobre bien los impuestos existentes, estimule las actividades emprendedoras, mejore la calidad del gasto público y distribuya la carga tributaria, de acuerdo con las posibilidades reales de cada segmento de la población. En esa línea no conviene castigar la actividad productiva, ni los servicios de salud o educación, y, menos, recargar el peso que ya soportan los salarios. Hay que explorar en la riqueza, no castigar los medios para producirla.

Reforma energética: El petróleo es un bien cada vez más escaso. Ante esta realidad es fundamental reducir nuestra dependencia del petróleo para producir energía. Hay que realizar una profunda reforma del sistema de producción energética para aprovechar de manera óptima la gran riqueza hídrica, geotérmica, eólica y solar con que contamos. Para ello es indispensable no postergar más la creación de un marco jurídico que permita al sector privado participar de manera más amplia en la producción y comercialización de la energía, y fortalezca la calidad del desempeño de los sistemas de transporte de personas y de mercancías, tanto público como privado.

Reforma a la burocracia: Crear una empresa, producir, exportar, importar, construir, invertir y otras formas de actividades productivas y emprendedoras son más importantes que la tramitología burocrática; de ahí que sea clave modernizar la gestión pública hasta convertirla en un instrumento que estimule el progreso y la consolidación de cientos de miles de emprendimientos.

Reforma educativa: Es necesario colocar la educación de calidad en el primer lugar de la agenda pública, y enfatizar la importancia de educar para la vida y para el mundo del trabajo, educar para el desarrollo. En esta dirección es fundamental un impulso decidido al aprendizaje de idiomas, mayor acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, intensificar la enseñanza científica y tecnológica, mejorar la formación docente, así como sus condiciones salariales y de infraestructura educativa.

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Reforma en infraestructura: Debemos crear las condiciones para que se pueda construir obra pública. Es indispensable revisar todo el marco constitucional, legal y administrativo para lograr que el diseño, contratación y ejecución de las obras públicas –sea mediante la modalidad de contratación administrativa típica, concesión, fideicomiso o cualquier otra– sea, al mismo tiempo, transparente y eficiente.

Reforma científica y tecnológica: El acceso a Internet debe ser un derecho universal, tal como la salud, el agua potable o la educación. Es indispensable definir quién va a desarrollar una verdadera red de Internet de banda ancha. Los frustrados intentos de Racsa y el ICE en este campo y los reducidos logros de operadores privados no deben ser obstáculo ni justificación para posponer esta obra. También conviene que el país se proponga elevar la inversión en innovación científica y tecnológica al menos a un 2% del PIB.

Reforzar la seguridad jurídica: Para lograr generar la riqueza que necesitamos para distribuir prosperidad y no pobreza, requerimos atraer inversión extranjera directa que, junto al ahorro nacional, dinamice nuestra economía, pero, para lograrlo, además de otras condiciones, el inversionista demanda seguridad jurídica. En este tema hemos perdido terreno. Construir nuestro Estado de derecho ha sido una labor ardua, titánica, y de ahí que resulte lamentable la facilidad con la que se lo ha venido minando y destruyendo en los últimos años.

Sin ánimo de pretender que la agenda de reformas y decisiones estructurales que he mencionado sea exhaustiva, no cabe duda de que estos temas deberían ser punto de reflexión para los actuales candidatos presidenciales.

Si la presente campaña sirviese para abrir un diálogo fecundo que conduzca a acuerdos y decisiones sobre estos grandes asuntos apenas al inicio del próximo Gobierno, habríamos logrado lo que debe ser una campaña electoral: un espacio de debate y encuentro entre los costarricenses para definir nuestro futuro como nación.

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