Opinión

La fuerza moral del poder constitucional

Actualizado el 14 de julio de 2013 a las 12:01 am

Una peligrosatendencia que amenaza dilapidar nuestra herencia cultural

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La fuerza moral del poder constitucional

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En la era de la información, ya no es posible ejercer con eficacia el mandato constitucional, si este no se fundamenta en la fuerza moral de las políticas públicas que se pretenden imponer. Es un fenómeno mundial. Por eso Barbara Tuchman se preguntaba el porqué de tanto disparate en la toma de decisiones políticas.

La lección esencial que nos han dejado muchos de los proyectos recientemente frenados por la irresistible resistencia de los pueblos, es la necesidad de que las políticas públicas cuenten con sólido sustento moral.

Tal sustento surge a partir de la claridad de una visión nacional, y tal visión es hoy, más que nunca, la diferencia que hace al estadista. El líder podrá sostener su quimera hasta convertirla en realidad si ese fundamento existe, pero si las políticas públicas carecen de este, insistir en ellas degenera en obstinado suicidio político. Más que por el atropello del derecho administrativo y constitucional, es por esta realidad, –propia de la era del conocimiento– que proyectos como el de la refinería china son reprobados.

Incultura contra la libertad. Aunque es novedosa la forma en que se manifiesta el fenómeno del poder ciudadano, la esencia del problema permanece intacta. Los filósofos clásicos de la teoría del Estado plantearon la salida desde hace más de dos siglos. Por una parte, la que Hobbes advirtió: la riesgosa creencia de que la coerción que se impone desde la autoridad, es la vía para solucionar los problemas de la sociedad.

El sustento ideológico que hoy gradualmente nos lleva hacia una peligrosa espiral ultrarreguladora en todos los órdenes de nuestra existencia; una incultura contra la libertad. La otra salida, la confianza en nuestra capacidad para regirnos por medio de contratos sociales.

Por esta razón no es viable una política pública que carezca de fuerza moral, pues careciendo de tal insuflo, el gobernante no puede convencer al pueblo que suscriba el contrato social indispensable para ejecutar su visión.

Democracia participativa. Para enunciar un marco de consenso social que dé viabilidad a las políticas públicas, me aboqué a analizar con detenimiento las conclusiones de las principales mesas ciudadanas –en una de las cuales tuve el honor de colaborar–, y que durante el último año han aportado ideas al país. Pues bien, todos los foros llegan al convencimiento de que existen al menos cinco parámetros dentro de los cuales las iniciativas políticas deben transitar. El primero de ellos, el de la evolución hacia la democracia participativa. Cualquier iniciativa política que ofrezca un mayor poder de decisión a la ciudadanía, tendrá un poderoso soporte que lo hará viable.

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Protección ambiental. Un segundo parámetro tiene que ver con la promoción de la renovación energética y la protección ambiental, que implica, entre otros aspectos, la implementación de energías limpias, una política de vivienda vertical que promueva el repoblamiento en los centros urbanos y desincentive la invasión urbana de zonas tanto naturales como agrícolas, y una política agresiva de reforestación. Un tercer consenso es el de la necesidad de una economía doméstica plenamente inserta en la global, pero no por el hecho de que participemos de una subasta de regalías de los bienes nacionales, sino por la vía digna del valor agregado en innovación y educación tecnológica. Otra inquietud de todas las mesas ciudadanas es la urgente necesidad de mejorar la infraestructura pública para el desarrollo.

La realidad del Estado costarricense obliga a que –en función de ello–, ciertamente exista una alianza público-privada en la consecución de este cometido. Sin embargo en adelante, esta necesidad deberá subordinarse tanto a las necesidades reales de nuestra visión país, como a los principios fundamentales de la sana administración. Siendo esto así, ¿por qué los últimos acontecimientos referidos a inversión en infraestructura han convertido a este neurálgico tema en algo controversial?

Malas experiencias. En este último sentido, malas experiencias, como el excesivo precio final pagado a la concesionaria de la ruta 27 a Caldera, pese a que ya el Estado costarricense había realizado el grueso de la inversión; el censurable intento de la refinería china, con un costo por pagar –sumando intereses– mayor a los 4.000 millones de dólares y cuyo resultado final era el despropósito de promocionar el chantaje petrolero, o bien la carretera a San Ramón, en la que se pretendía –a precio de construir una nueva–, simplemente ampliarla, han minado la fuerza moral del concepto de “alianza público-privada”.

Lo cual es peligroso en las actuales circunstancias de necesidad en que nos encontramos. Por tal razón, en cualquier nueva propuesta de desarrollo de infraestructura que en adelante se plantee al país, nuestros gobernantes están hoy obligados a cumplir con estos dos requisitos de viabilidad: por una parte, que el proyecto sea coincidente con la visión país que la sociedad exige, y por otra, que sea cual sea la vía de ejecución que se escoja, se respete de forma celosa la ética propia de una sana administración. El último vector es el de la transformación de un Estado ejecutor y burocrático en función de un Estado rector.

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Esto significa liberar la potencia y la iniciativa de la misma sociedad civil por medio de organizaciones no gubernamentales, asociaciones y colectivos cívicos que progresivamente lo sustituyan en la ejecución de acciones que ordinariamente ha venido realizando el Estado, con cada día mayor costo y menor eficacia.

Reto de la cultura. Ahora bien, una nación que se precie de serlo, tiene plena comprensión que su principal creación es la cultura. Todo lo ya escrito es letra muerta si la nación no resguarda su capital social. Su capacidad de resolver los problemas colectivos ampliando las posibilidades vitales de sus ciudadanos. Es su más preciado valor. Como bien lo plantea José Antonio Marina, por el contrario, las sociedades sin inteligencia social, no empoderan a sus individuos y así destruyen su capital comunitario, encanallando a sus ciudadanos y degradando la cultura.

La cultura es indispensable en la creación de la inteligencia social. Es el acervo existente en el subsuelo de la historia de nuestra nación. Principios de los cuales el grupo social “echa mano” para escoger el conjunto de soluciones por implementar, la herencia social. Y quiérase o no aceptar, en ello también existen grados de calidad. Por eso existen culturas fracasadas y culturas exitosas. Por ello, además, veo en la rabiosa ofensiva que exige importar cuanto fenómeno social se ponga en boga en las sociedades de consumo, una peligrosa tendencia que amenaza dilapidar nuestra herencia cultural.

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