EscucharEn su columna En Vela, edición de LaNación del 9 de julio anterior, don Julio Rodríguez formula una pregunta que tomo como un emplazamiento legítimo, que tengo la ineludible e inmediata obligación de atender.
La pregunta de don Julio consiste en su deseo y, yo agrego, derecho no solo suyo, sino también de todos los costarricenses de saber si el Presidente del Partido Unidad Social Cristiana, este servidor, comparte la iniciativa de algunos señores diputados de la fracción legislativa socialcristiana, de interponer una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo legislativo que autorizó el ingreso de naves del Ejército de los Estados Unidos de América, bajo la autoridad del Cuerpo de Guardacostas de ese país, para darle continuidad a un Convenio de Cooperación entre los Gobiernos de Estados Unidos de América y de Costa Rica, en la lucha contra el narcotráfico.
Mi respuesta es clara: no comparto la iniciativa de los compañeros diputados socialcristianos en este caso, ni los argumentos jurídicos esgrimidos para sustentar la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el acuerdo legislativo de referencia.
No comparto la iniciativa en la medida en que, de ser acogida para su trámite por la Sala Constitucional, puede tener el efecto de suspender la ejecución de ese Convenio, en razón de los absolutamente inconvenientes efectos que tal situación generaría para Costa Rica en su esfuerzo de combatir el narcotráfico y otros delitos vinculados a este ilegal negocio. Costa Rica no puede darse ese dudoso “lujo”.
No comparto los argumentos jurídicos que dan fundamento a la acción de inconstitucionalidad toda vez que, al tratarse de un acuerdo legislativo en cuyo debate participaron los propios accionantes, la exigencia de aprobar individualmente el permiso de ingreso de cada nave y su tripulación –que es la base, aunque no el único argumento, de la acción interpuesta—debió haber sido formulada durante el debate mismo y no cuando este ya había concluido.
Por lo demás, no veo clara relación entre la aprobación del permiso para todas las naves, en lugar de una por una y una presunta violación de la norma constitucional que se alega violada. En todo caso, considero que cualquier duda legal o procesal debe ser dilucidada, con eficiencia, y de ser del caso, subsanada, en el seno legislativo, pues la importancia del tema obliga a los señores diputados de todas las fracciones legislativas a actuar con suma diligencia.
Mi oposición no es retórica: antes de redactar este artículo conversé con el diputado Wálter Céspedes, jefe de la fracción legislativa Socialcristiana, a quien puse en autos de mi posición y le solicité que los diputados firmantes de tal acción reflexionaran sobre su decisión. Don Wálter, cuya receptividad a mi inquietud debo reconocer, me ofreció, al regreso del receso legislativo, recibirme en el seno de la fracción para que, definida mi posición ante ellos, se den la oportunidad de reconsiderar su iniciativa. Yo, respetuosamente, espero que lo hagan.
En la lucha contra el narcotráfico, el Partido Unidad Social Cristiana es un aliado del Gobierno de la República, sea del partido que sea; este no es un tema de banderías, es un asunto del más elevado interés nacional. Como parte de esa alianza entre el Partido Unidad Social Cristiana con todos aquellos que, desde el Gobierno o fuera de él, luchan contra el narcotráfico, respaldamos firmemente la búsqueda y aprovechamiento de la cooperación internacional en este campo, sea de fuerzas policiales o de fuerzas militares sometidas a la autoridad policial.
Los socialcristianos defendemos la soberanía nacional, entendiéndola como parte de un principio irrenunciable dentro del proceso de globalización de la lucha contra el narcotráfico que, por cierto, es una de las actividades ilegales más globalizadas del planeta.
La invasión que estamos sufriendo y que viola todos los días la soberanía nacional, no es la de las fuerzas de cooperación contra el narcotráfico con las que venimos trabajando desde hace más de una década. La soberanía nacional la pisotean todos los días los capos, los encargados logísticos, los testaferros financieros y los sicarios de los carteles del narcotráfico internacional, que creen que Costa Rica es un territorio apetecible para sus delitos y que nuestros hijos son buena carne de cañón para el veneno que ofrecen.
Ni Costa Rica es un basurero para esa escoria, ni nuestros hijos la clientela de su basura. Creo que mi respuesta es clara.
