Quien ejerce la política debe dar testimonio de honradez, eficiencia y conocimiento del oficio

 17 junio, 2015

La confrontación interna dentro de un partido político es esencial. La unanimidad es el primer paso hacia la extinción.

Sin embargo, en medio de las divergencias internas, deberían consagrarse los mejores esfuerzos a discutir lo que pasa en el país, a pensar el futuro de Costa Rica, sobre todo en un partido opositor, como el PLN.

En un momento crítico para la vida nacional, como el actual, desearíamos emprender vigorosamente la defensa del modelo de desarrollo que hemos venido impulsado en el país, con gran éxito, y estudiar la manera de perfeccionarlo para bien de la población costarricense. Sin embargo, nuestra Asamblea Nacional se ve envuelta en discusiones que terminan siendo sobre personas y temas en que se confunden conceptos como ética y moral o como derecho y disciplina partidaria. Esta es la realidad y no nos queda más remedio que enfrentarla.

Debo aclarar, para evitar confusiones, que no apruebo la conducta inmoral de nadie, particularmente en el ámbito social y político. Bajo ciertas circunstancias, los partidos han de afrontar el análisis de la conducta de sus líderes. La política es una profesión en el más alto sentido del término. Quien la ejerce debe dar testimonio de honradez, eficiencia y conocimiento del oficio, como ocurre en toda profesión dignamente ejercida.

Nadie va a eliminar la corrupción de manera definitiva porque constituye parte de la naturaleza humana, pero si en algún campo es posible sanearla es en el político, pues para ello existe el voto. Confío mucho más en el castigo político natural propinado por los ciudadanos, que en el juicio de los tribunales partidarios, tan variable según personas y circunstancias.

El juicio personal sobre la conducta de políticos y partidarios es responsabilidad de cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando esto ocurre dentro de un proceso institucional, debería procederse con fundamento en conceptos bien definidos, es decir, claros y distintos.

Confusión. Desgraciadamente, por todas partes se percibe una gran confusión en esta materia. Se confunde “ética” con moral, se convierte en asunto jurídico lo que debería ser tratado con base en otros criterios, con riesgo de judicializarlo y hasta de convertirlo en asunto penal, sin razón.

Las obligaciones partidarias, ligadas a la disciplina y al orden dentro de una agrupación son calificadas como “éticas”, sin que lo sean, y casi siempre se establecen sanciones para conductas tipificadas como delictivas en el ordenamiento jurídico. Se cae así en una redundancia inadecuada.

Pienso en cuatro principios que deberían ordenar el asunto en los partidos. En primer lugar, nada que deba ser resuelto judicialmente debe ser sometido a los así llamados tribunales de ética. Toda cuestión de este tipo, si existen evidencias, debe ser trasladada a las instancias respectivas. Una vez resuelta en sede judicial o administrativa debe procederse en consonancia.

En segundo lugar, nunca deberían confundirse las transgresiones a la disciplina partidaria interna –se requiere regular la materia– con un asunto de moral.

En tercer lugar, las conductas dañinas para el prestigio de un partido, cuando sean muy notorias, graves y no estén castigadas en el ordenamiento jurídico, deben ser motivo de censura, lo que tendría efectos electorales, internos y externos.

Finalmente, debe revisarse restrictivamente la competencia de las instancias públicas sobre los temas internos de los partidos.

Castigo de naturaleza política. Igual que el derecho va tomando ventaja sobre la política, y la inmoviliza, una moral mal definida y a veces caprichosa arrincona la política. De pronto, el repertorio de acciones moralmente ilegítimas se ha ampliado. Lo reprochable desde el punto de vista moral se confunde con lo inconveniente o con lo indebido políticamente.

Robarle al fisco es reprochable de acuerdo con todos los órdenes normativos, se trate de la ley, de la religión, de la política o de la moral. Considerar contrario a la ética una renuncia a participar en una elección, es ampliar indebidamente la comprensión de los conceptos; es otorgarle al error político el carácter de transgresión “ética” y excluir a los ciudadanos para que sean ellos quienes decidan lo que corresponda.

Los actos políticos equivocados, propiamente tales, tienen castigo de naturaleza política. La máxima sanción que puede recibir un líder por un acto erróneo es la pérdida de apoyo o el repudio electoral. Es en las urnas donde se sanciona a los líderes por sus desaciertos políticos, donde se les juzga en última instancia. Convertir este asunto en materia ética y de ahí en asunto jurídico, comporta un claro error de concepción.

Como todos estamos pensando en el caso de don Johnny Araya, debo agregar que no dudo de la buena fe de quienes tomaron, en el seno del PLN, el acuerdo de sancionarlo.

Ello, sin embargo, no nos impide ver en el castigo una manifestación más de la confusión de conceptos que transforma erróneamente los actos políticos en asunto moral y a estos últimos en jurídicos.

La claridad en los conceptos ayuda a comprender la realidad. Desgraciadamente, cuando tienen que ver con la política se oscurecen con extrema facilidad.

Por ello, Ortega y Gasset evocaba, con respecto a esta actividad, imprescindible para la vida social, un pleito de gatos negros en medio de un túnel.

Esto no debe llevarnos a desistir de aclarar ciertos términos, de intentarlo al menos, pues no se trata solo de un asunto teórico, sino de uno de importancia fundamental para todos. Porque de la confusión se derivan consecuencias nefastas para las personas concretas y para la sociedad en su conjunto.

Cualquiera puede resultar víctima de la confusión. Desgraciadamente, el país también. Debemos tenerlo claro.

(*) El autor es expresidente de la Asamblea Legislativa