Existe una gran presión de los hombres de negocios y de las naciones que manejan grandes empresas transnacionales, para que este paisecito nuestro tan pequeño y tan independiente suelte las amarras de la banca nacionalizada y les deje a ellos la libertad de intervenir en esa actividad. ¡Claro! El negocio bancario es tan bueno que hasta en manos del Gobierno deja ganancias; lo malo es que los políticos han tomado parte de esas ganancias para financiar campañas electorales y empresas personales, muchas veces con garantías deleznables.
La debilidad de la banca nacionalizada está en la forma de nombrar directores y gerentes. ¿Por qué no legislar para cambiar eso?
Que los directores los escoja el Gobierno, pero que sean seleccionados de ternas propuestas por colegios profesionales, Cámara de Industrias, de Agricultura, etc., y que solo se remueva un director por año en cada banco o institución. Así era antes y las entidades autónomas funcionaban mucho mejor.
La electricidad, hasta 1949 fue manejada por una empresa norteamericana que no construía una nueva planta sino hasta que tuviera la suficiente demanda para colocar toda la energía que iba a producir con la nueva inversión. Esto se corrigió cuando el ICE entró en funciones. Echar marcha atrás ahora, sería volver a sufrir la misma escasez eléctrica que se padeció antes del 49, con los consabidos retrasos para el desarrollo industrial.
Los países que manejan los grandes consorcios bancarios del mundo, ahora nos exigen, a cambio de cualquier préstamo, que se les permita intervenir en los negocios de banca y servicios.
¿Por qué no nos proponen privatizar las escuelas? Este también es un buen negocio. Pregúntenle a los maestros que se dedican a la enseñanza privada.
¡Ah, que la enseñanza debe ser gratuita y costeada por el Estado! ¡Claro que sí! Ese principio hay que respetarlo y se puede lograr por medio de escuelas privadas.
¿Cómo? A los maestros que presumen de estar bien organizados, tal vez les gustaría dejar de ser burócratas para convertirse en empresarios. Es cuestión de que el Estado le facilite un edificio escolar a cada grupo o comunidad y ellos organicen el curso de acuerdo con los programas del Ministerio de Educación. El pago de los servicios se realizaría por medio de becas que el Gobierno otorgaría a todos los niños de edad escolar. Estas becas se entregarían directamente a la dirección de la escuela que esté suministrando la educación del pupilo.
Si la escuela funciona mal, el alumno tiene derecho a cambiar de plantel y ordenar el traspaso de su beca a otra institución, así como cuando aquel se retira, la beca también desaparece.
El Ministerio de Educación, entonces se dedicaría a controlar la eficiencia de todos estos entes privados y podría reservarse el derecho de hacer los exámenes finales como garantía de que los cursos se impartieron de acuerdo con los programas establecidos.
De las becas que recaude cada escuela privada, se retendría la proporción que corresponda para el fondo de las pensiones y así los maestros tendrían asegurada su vejez.
¿No les parece que sería bueno hacer el intento?
Así, por lo menos se acabarían las huelgas.
Digo yo, no sé si será ingenuidad.