8 septiembre, 2014

Hace varios días, el periódico La Nación convocó a diversos sectores para discutir las perspectivas políticas de la reforma fiscal en Costa Rica. Al respecto, intentaré hacer una síntesis de los temas tratados en ese foro.

El contexto. El señor Barreix, economista del Banco Interamericano de Desarrollo, destacó la diversificación productiva costarricense y su inserción internacional, y citó los sectores exportador, turismo, agrícola e hi-tec. Alertó sobre las exoneraciones, pues pueden beneficiar a los de mayores ingresos, y dijo que la concentración de riqueza no es tanto el problema, sino la indigencia y el desempleo.

Desenfundó duro: primero, los pilares o soportes fiscales costarricenses están debilitados porque la inversión es muy baja, junto con un déficit y endeudamiento crecientes. Segundo, la vieja institucionalidad fiscal debe remozarse, pues, cuanto más se atrase esa renovación, más rápido ocurrirá ese debilitamiento. Tercero, hay un problema de calidad del gasto público y de una mayor desigualdad, medida por el aumento del coeficiente de Gini. Cuarto, cuanto más se aplacen las reformas fiscales, más se atrasa el reloj del desarrollo .

Ministerio de Hacienda. Don Helio Fallas, ministro de Hacienda, presentó un buen inventario de acciones administrativas. La evasión y la elusión representan un 7,75% del PIB, e indicó que las leyes de renta y venta son viejas, pues datan de los años ochenta. Mediante cambios metodológicos, se logró reducir el tiempo de fiscalización a la mitad, y se está actualizando la informática para superar la incomunicación entre las bases de datos. Se introdujo la campaña para exigir facturas y comprobantes de pago, así como implantar la facturación electrónica. Más del 90% del presupuesto se asigna a rubros inflexibles como transferencias, remuneraciones e intereses. Otras acciones: reducir plazas vacantes, aplicar el tope a las pensiones de lujo e implementar el presupuesto por resultados. Otras medidas requieren reformas legales y su vigencia podría tardar por el trámite legislativo: por ejemplo, migrar a un Impuesto al Valor Agregado (IVA) y crear un artículo constitucional que instaure el derecho a la sostenibilidad fiscal.

Mesa de analistas. El representante empresarial apoyó el IVA y revisar las exenciones agrícolas, y abogó por medir la calidad del gasto y reformar el empleo público, a la par de mejoras infraestructurales para fortalecer la competitividad. Los ajustes salariales pueden ir un poco más allá de la inflación, pero no doblarla. El representante sindical indicó que el IVA es injusto e introduce desigualdad, y pidió fortalecer el impuesto de renta y ordenar el empleo público, pero advirtió que controlar el gasto podría implicar prescindir de maestros y policías. No avizora acuerdo legislativo para cambios estructurales, por lo que las propuestas podrían construirse desde fuera del Congreso.

Mesa legislativa. La legisladora Marcela Guerrero, del PAC, instó a generar confianzas para lograr acuerdos y a revisar los requisitos para el otorgamiento de exenciones. El diputado Johnny Leiva, del PUSC, defiende una reingeniería del Estado, condiciona la aprobación de más ingresos a mejoras en la administración de recursos, y señaló que no han sido convocados para explorar puntos de encuentro. El legislador Antonio Álvarez, del PLN, visualiza, desde la Comisión de Ingresos y Gastos, la voluntad de tomar decisiones, aunque preguntó cuál es la hoja de ruta hacendaria, pues no la ve. El IVA no pasará, si no viene acompañado de mejoras en temas relacionados. El diputado Otto Guevara, del ML, señaló que hay mucho diagnóstico de una situación insostenible y debe revisarse el gasto e imponer límites. Insistió, además, en la apertura del mercado eléctrico para reactivar la economía y, así, arrimarle ingresos al fisco.

Finalmente, muy bonito todo, pero queda pendiente pasar de la discusión a la concreción. Quedamos atentos.

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