Si los acreedores perdonaran la deuda pública acumulada, pero no eliminamos el desequilibrio entre gastos corrientes e ingresos tributarios, la deuda resurgiría. Por esto, la "venta de empresas" no constituye la panacea que algunos proclaman como medio para reducir la deuda, sobre todo cuando el Gobierno no tiene que gastar en su mantenimiento. Este es el caso del ICE, RECOPE, los bancos o el INS. Por el contrario, estas empresas en algunos casos generan ingresos para las arcas públicas, por ejemplo, cuando sus políticas de precios y tarifas responden a las necesidades financieras del Estado. Tampoco procede la venta de esos activos como forma de financiar la educación, la salud, o la seguridad ciudadana. Estas son responsabilidades normales y permanentes del Estado, por lo que su financiamiento debe originarse en ingresos ordinarios. Por todo lo anterior, algunos experimentados economistas chilenos recientemente han mostrado serias reservas ante la propuesta de privatizar empresas a partir de esas razones.
La insistencia en vender activos para pagar la deuda o para financiar la educación obedece a un enfoque fiscalista, cortoplacista y tiene matices de ocurrencia. ¿Qué haremos con la deuda interna o con la educación cuando ya no queden activos por vender? ¿Venderemos una isla? Y, después, ¿otra? ¡En fin, podríamos competir en el mundo de las ocurrencias! La realidad es que nadie en su sano juicio recomendaría a un agricultor vender las partes rentables de su finca para financiar los gastos normales de su familia o los déficit generados por las partes no rentables (áreas de bosques, jardines, etc.).
Por otra parte, el afán privatizador podría originarse, más bien, en una determinada concepción ideológica sobre el tamaño del Estado. En ese caso, tendríamos que lamentarlo, por cuanto el país no está para resistir poses en ese campo. El desarrollo costarricense requiere urgentemente del enfoque pragmático ("caso por caso"), que tanto sirvió en el pasado a nuestro país y a los países más exitosos de la tierra. No hay duda de que posiciones ideológicas como el comunismo y el neoliberalismo merecen un lugar en cualquier museo dedicado al pensamiento político, pero no en las discusiones sobre nuestro futuro. Basta recordar que el comunismo de Fidel Castro nacionalizó casi todo y el neoliberalismo de Salinas de Gortari privatizó casi todo y ambos son hoy un rotundo fracaso.
En este contexto, los acuerdos de la Fracción del PLN obtenidos en su encerrona de San Carlos, tienen la virtud de la claridad y el eclecticismo. Lejos de caer en dogmas o en ocurrencias, o de escudarse en concepto como "Reforma", "Modernización", "Transformación" o "Racionalización" del Sector Público, los cuales han servido para que los políticos ofrezcan a sindicalistas, partidarios, empresarios o técnicos del Banco Mundial, lo que cada uno desea escuchar, hemos adoptado un lenguaje sin ambigüedades. Por esto cuando algunos analistas afirman que los acuerdos de San Carlos causan confusión, lo que revelan es su oposición a los acuerdos o su incapacidad para entender lo que leen, pues pocas veces se ha usado un lenguaje tan transparente en relación con estos temas.
Hemos acordado la no privatización del ICE, los bancos (excepto BICSA) y RECOPE. Sin embargo, manifestamos disposición a aceptar la participación del sector privado en esas empresas, siempre y cuando la meta de acceso universal al crédito, la electricidad y la telefonía, no se vea negativamente afectada. (Criterio similar utilizamos cuando se aprobó, dentro de las reformas a la Ley Orgánica del Banco Central, la apertura de las cuentas corrientes y el redescuento a la Banca Privada.) Asimismo, ante la propuesta que hicimos algunos para que se privatice el INS y BICSA, la fracción inició una fructífera discusión. Por otra parte, acordamos el cierre definitivo del IFAM y DINADECO y la fusión de varias instituciones.
Esas decisiones, aunadas a las reformas en los regímenes de pensiones, y los diferentes proyectos de naturaleza tributaria, aprobados en los últimos siete meses, constituyen una notable contribución a la solución del problema de la deuda. ¡Y se trata de soluciones sostenibles; no de la venta de islas!