La necesidad de que todo país subdesarrollado tiene que reajustar sus estructuras para disponerse a alcanzar el desarrollo económico, en equilibrio con un desarrollo social adecuado y equitativo, no admite discusión. Esos cambios armónicos y necesarios de los diversos elementos que componen el Estado y la sociedad en general -por lo demás difíciles de llevar a cabo por la dosis de voluntad política y de consenso que requieren- deben darse de acuerdo con premisas bien fundamentadas, que conduzcan a ajustes precisos y acertados. No se trata de desmantelar o cerrar instituciones por el simple hecho de que en un pasado cercano sus integrantes han trastabillado o dado muestras de ineptitud en su conducción. Se trata más bien de hacer cambios profundos y correctivos donde haya que hacerlos, con criterio sistémico y articulado, en obediencia a diagnósticos serios, es decir, cambios que obedezcan a esquemas integrales, y que conduzcan a un fin definido. Por tal razón, condenar al cierre, por supuestas fallas humanas, a una institución cuyos principios y funciones fundamentales siguen hoy más vigentes que nunca, puede convertirse en un error histórico craso y funesto, cuyo precio pagaremos todos en el futuro. A mi juicio, este ha sido el caso del CONICIT, una institución que ha producido grandes logros para el país en el campo científico y tecnológico, cuyo cierre fue decretado recientemente por el Gobierno de la República con base en premisas deleznables.
En efecto, creo que habíamos llegado a un punto en el cual todo el sistema científico y tecnológico del país requería de un ajuste a fondo, dentro de la verdadera transformación integral anhelada, tendente a su fortalecimiento y de cara al nuevo siglo. No obstante, creo que más bien se produjo un debilitamiento de todo nuestro engranaje científico y tecnológico, al decidirse el cierre del CONICIT y fundirse el Ministerio de Ciencia y Tecnología con el de Economía e Industria. Ese ajuste debió obedecer a un estudio profundo que adecuara la política científica del país, en perfecta armonía y consonancia con todas las demás medidas y políticas económicas y sociales.
Es indudable que Costa Rica venía configurando, en los últimos 20 años, una política científica que le confería ventajas competitivas e históricas sobre no pocos países latinoamericanos. Las asesorías a varios países sudamericanos y el advenimiento reciente de al menos tres CONICIT centroamericanos a imagen del nuestro -el más reciente es el hondureño- dan fe de ello. Un salto cualitativo importante se dio durante el gobierno de Oscar Arias con la creación de Ministerio de Ciencia y Tecnología, el establecimiento del SEGESTI, del CEFOF y de los colegios científicos, y el envío, a la Asamblea Legislativa de la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico. Otro paso fundamental fue la decisión que se tomó en ese entonces de financiar, por primera vez en la historia del país, nuestro desarrollo científico con un préstamo sustancial de 34 millones de dólares aportados, en dos terceras partes, por el BID. En ese momento, se tomó la decisión de sufragar, por varios años, las funciones sustantivas del CONICIT, mientras se hacía operante un fondo especial, creado por la ley antes mencionada, para que el Estado asumiera esa responsabilidad. Además, la ley dejó claro el papel del Estado en un campo tan estratégico y necesario como lo es el desarrollo científico y tecnológico del país y dio pasos trascendentales al erigir una verdadera carrera de investigador científico; asimismo, estableció los incentivos necesarios tanto para los creadores del nuevo conocimiento como para los que lo aprovechan, en el sector productivo, para beneficio del país.
En un número de este año de la revista Science, se dedica una sección entera a los aspectos más descollantes de la ciencia latinoamericana. Entre otras cosas se reseñan los proyectos más sobresalientes de los cuatro países de mayor avance, Argentina, Brasil, Chile y México, se hace referencia a sus inversiones en investigación y desarrollo (I+D) y se subraya la función fundamental que juegan sus CONICIT, algunos de ellos reestructurados en los últimos tiempos. En uno de los artículos, dedicado a los 11 países que han logrado el mayor avance científico en los últimos años, se destaca que Costa Rica ocupa el primer lugar, junto con Brasil, en cuanto a inversión en I+D, 0,85 por ciento, en relación con el respectivo PIB (hace 20 años esta cifra era de 0,15 por ciento según la OEA). Se establece, además, que nuestro país ocupa el tercer lugar, después de Chile y Argentina, en cuanto al número de publicaciones científicas por cada millón de habitantes. En este caso específico, Costa Rica está por encima de países como Brasil, Colombia, México, Uruguay y Venezuela. Otro índice importante, de datos propios, es que en los últimos 20 años el número de científicos costarricenses dedicados a la investigación se duplicó, es decir, pasó de 0,22 a 0,50 por cada mil habitantes.
En el artículo de marras de la revista Science, se apuntan otros dos hechos que vale la pena mencionar. Entre 1986 y 1991, el número de patentes otorgado a América Latina aumentó a una tasa mayor que el concedido a Estados Unidos o a la Comunidad Europea. Por otro lado tenemos que los tigres asiáticos, que en los últimos años se convirtieron en países desarrollados, incrementaron su inversión en I+D de 0,1 por ciento del PIB en 1971 a 1,6 por ciento en 1991.
Los índices señalados resultan importantes para observar, de ahora en adelante, el devenir del desarrollo científico costarricense, después de los últimos acontecimientos. En cuanto al Ministerio de Ciencia pienso que se adelantó a su época y que habrá que esperar algunos años para que se vuelva a abrir. Del CONICIT creo que la determinación fue precipitada y abrigo grandes dudas de que pueda ser substituido, como se pretende ahora, por una fundación. Esta idea obedece un poco al espejismo de lo que representan las fundaciones científicas en países desarrollados; en estos, por cierto, el concepto y la estructura de fundación científica es muy diferente de los que tenemos en Costa Rica. A mi juicio, la figura jurídica de institución autónoma que se dio al CONICIT, con los cambios pertinentes, hubiera servido mejor el propósito que se persigue. La tarea de garantizar la ejecución de la política científica gubernamental, brindándole la continuidad requerida, que trasciende los períodos presidenciales, es algo que el CONICIT logró en todos estos años y hubiera podido seguir haciéndolo en beneficio de nuestro desarrollo científico. La decisión del Gobierno, a la que considero drástica y precipitada, me produce una preocupación que creo justificada. Sólo el tiempo nos dará su inapelable respuesta. Una cosa si me queda clara: el presidente Figueres está dispuesto a hacer lo que esté a su alcance, según él mismo me lo manifestó, para impedir que su gobierno pase a la historia como aquel que hizo retroceder el ritmo de desarrollo científico y tecnológico del país. El mismo presidirá una comisión o "Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología" que velará por ese continuo desarrollo. Si bien desearía que el Presidente logre su desideratum, pienso que algunos augurios, que se vislumbran en el camino, no son nada favorables.