No me queda duda de que hoy sí hay conciencia nacional sobre el problema socioeconómico y político del país, del Estado y de su Administración Pública. Basta con ver tantas publicaciones bien intencionadas denunciando problemas y proponiendo soluciones. Basta con ver tantos ejemplos interesantes que nos explican de Nueva Zelandia, Polonia, Bolivia.
Lástima que no se prestó la misma atención al problema cuando este apenas se asomaba, allá por la mitad de los setentas, en forma de una rigidez en el gasto público, de una politización partidista de ministerios, y de los entes autónomos a raíz de la creación de las presidencias ejecutivas en 1974, del endeudamiento irresponsable externo en que se embarcó el país, de los ensayos filosóficamente válidos pero operativamente mediatizados con CODESA y sus muchísimas subsidiarias...
Entonces, algunos preconizábamos la urgencia de enfrentar estos problemas, de no disociar lo social de lo económico, de modernizar las instituciones y los sistemas administrativos en que estas se apoyaban, en capacitar vigorosamente a nuestros gerentes públicos, en modernizar la programación presupuestaria y someter los presupuestos de todo el sector público a los requerimientos de planes de desarrollo, y en evaluarlos en sus resultados reales año con año para establecer cómo estaban actuando el Gobierno, sus jerarcas y su burocracia...
También algunos predicábamos de manera constante sobre la urgencia de descentralizar y de fortalecer a los gobiernos locales pero en serio, transfiriendo masivamente funciones, activos y recursos entonces en manos de ministerios y entes autónomos, y dotándolos de capacidad de establecer sus propios tributos o impuestos con decisión de las poblaciones de cada cantón.
Y, otros claramente pedíamos a gritos que los Gobiernos y líderes civiles tomaran en serio, los mecanismos ya decretados desde 1978 de regiones y sectores que abrían, de maneras orgánicas y sistemáticas, la participación de los grupos no estatales --la sociedad civil de hoy día-- en los procesos de decisiones de Gobierno y en la fiscalización incluso de cómo se programaban y se gastaban los recursos públicos.
Claro, había otros que también se hacían presentes en sus críticas públicas. Estos eran en aquel entonces, unos pocos académicos neoliberales que siempre, de manera consistente, han predicado las virtudes de la "mano invisible" del mercado y la inoperancia del Estado de cualquier tamaño, y pedían a gritos la reducción al mínimo posible del empleo público, del gasto, del número de instituciones... y, han ganado ciertamente adeptos en los dos partidos mayoritarios, y entre muchos otros costarricenses.
Hoy el país de fijo enfrenta un gran reto: cómo ponerse de acuerdo en la problemática nacional, primero que todo. Si no estamos de acuerdo en la naturaleza de los problemas, difícilmente llegaremos a un acuerdo sobre soluciones. Y aquí es donde todo esfuerzo político debe dirigirse hacia la creación de mecanismos y métodos participativos, concertadores, para lograr acuerdos nacionales sobre dicha problemática. Después, las soluciones vendrán por añadidura, siempre y cuando el Gobierno mantenga un compromiso honesto de concertar o seguir concertando, pero repito, de manera sistemática, continua, no esporádica.
Para hacer lo que Nueva Zelandia dicen que ha hecho de bueno, habría que poblar a Costa Rica de neozelandeses, pues allá son anglosajones, protestantes, muy descentralizados y muy desarrollados desde hace mucho más tiempo. La cultura política de ellos o en otros países, ciertamente no es la nuestra. Aquí, la indisciplina y la erraticidad, la improvisación y la renuencia a pedir y rendir cuentas, sobre todo en la función pública y el centralismo a ultranza, son rasgos que habrá que revertir para intentar grandes saltos en nuestra manera de pensar y de comportarnos.
Las leyes no cambiarán nuestra cultura política. Se estimulan ahora Leyes de Empleo Público y de Presupuesto, cuando el Estatuto de Servicio Civil establece más causales de despidos que el Código de Trabajo y solo requiere algunos ajustes; la Ley de la Autoridad Presupuestaria estableció el sistema que exige presupuestar por programas, con base en planes de desarrollo regionales y sectoriales, y evaluar la eficacia en la ejecución de los presupuestos... y nada de esto se hace, y, nunca he visto que la Asamblea Legislativa active el artículo 121, inciso 24 de la Constitución para interpelar por "perjuicio evidente al interés público", al ministro de Hacienda de turno o, a cada Ministro sectorial, pues éste tiene responsabilidad, por la Ley General de la Administración Pública, de conducir a los entes autónomos de su sector y responder por sus resultados específicos materiales y presupuestarios... ¡Por Dios! Poner a la Asamblea a aprobar los presupuestos de las autónomas, solo acrecentará la corrupción y el clientelismo en estas. Elevar a rango constitucional los límites al gasto público, además de que incumplimos infinidad de bellos y claros preceptos constitucionales sin que nada pase, es incorporar rigideces innecesarias cuando, por Ley, se puede lograr lo mismo, y cumplirlo si hubiere voluntad política en el país. Por otro lado, ya la Ley de Equilibrio Financiero de 1986, vio un año para evaluar, fusionar, eliminar instituciones o privatizarla. ¿Se hizo? no, y nada pasó en nuestra bucólica Tiquicia.
Si nuestro quehacer fuera consistente con lo que son los preceptos legales en los marcos jurídicos mencionados arriba, no enfrentaríamos hoy los problemas críticos de gasto público deficitario y de pérdida de eficacia de la mayoría de los servicios públicos. Así es que: más leyes, nuevas normas constitucionales, para qué...? Claro, para brincárnoslas seguramente, pues ya nos aburrimos de hacerlo con las actuales...
Hemos repetido hasta la saciedad, cómo Costa Rica logró con aporte privado y estatal, y con conducción gubernativa, durante décadas de inversión pública, uno de los patrimonios infraestructurales, económico y social, más sólido y universalizado en América Latina, y esto no ha colapsado aún. Los espacios para el desarrollo de Costa Rica están claramente enmarcados a mi juicio. Desde hace 20 años, incluso. La toma tardía de conciencia por muchos y el egoísmo sectario son causas directas del deterioro que se ha dado en el país. Sin embargo, la estrategia de transformación de este, la gradualidad de esta, las políticas y programas, los métodos, las prioridades, incluso de las impostergables reformas políticas y electorales que deben realizarse para exorcizar los demonios de ese egoísmo que llena al clientelismo y a la corrupción en todo campo y nivel, todo ello, digo, se logrará solo a través de una concertación activa, sistemática y continua, no retórica del Gobierno con los grupos civiles del país, y no solo con los partidos políticos. Y se hará más creíble, además, cuando esa estrategia de desarrollo contemple una determinación convincente e inquebrantable y un programa concreto por parte de nuestros líderes nacionales, para transferir a niveles cantonales por lo menos más del 50% de las funciones y recursos hoy en manos de instituciones nacionales.
Y, por último, esa concertación sistemática y continua, para que sea sostenible y eficaz, debe apoyarse en mecanismos específicos donde converjan todos los que deben concertar, en distintos ámbitos, y no solo en San José. Lo digo en serio. No es fácil. El Presidente es quien debe liderar "el gran cambio" en nuestra cultura política.