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Actualizado el 17 de octubre de 2013 a las 12:00 am

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Respuesta al canciller deCosta Rica, Enrique Castillo

El 22 de octubre del 2010, el Gobierno de Costa Rica protesta “una invasión del territorio” costarricense y envía 150 policías a la isla Calero. Pero, dos días más tarde, la Policía se retira y, ese mismo día, soldados nicaragüenses colocan una bandera de Nicaragua en el sitio. La Policía de Costa Rica retiró esa bandera, pero recibió órdenes de “responder al fuego, informar y retirarse”. Y se retiró. La explicación que dio el ministro de Seguridad fue que “el país estaba parcialmente invadido, en una mínima parte, pero teníamos a todo un ejército rampante al otro lado de la frontera”. El 12 de noviembre, la OEA le solicita a Nicaragua retirar sus tropas y esta solicitud es rechazada por Ortega.

Esas tres semanas fueron de rabia por la afrenta y de humillación por nuestra deshonra. La privación de la fuerza estigmatizaría para siempre este negro episodio en la historia de Costa Rica.

Escribí entonces: “Costa Rica perdió la isla de Calero”. No había nada que hacer en Calero. En otro escrito, “Para que conste”, opinaba que “la indefensión de un pueblo es lo que más despierta el apetito de conquista de todos los maleantes de la historia”.

Presenté entonces una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV en contra del Poder Ejecutivo por no utilizar la fuerza pública para obligar a las tropas nicaragüenses a salir de la isla Calero. Para que fuéramos nosotros, y no la “comunidad internacional”, quienes reconquistáramos lo nuestro. La Sala IV rechazó mi recurso con el argumento de que la responsabilidad de la defensa de la soberanía nacional “es exclusiva del Poder Ejecutivo”. Le endosó la responsabilidad a la Cancillería.

Ortega se había topado con un desarme mental, una aceptación apática y desmotivada del pueblo costarricense de luchar por defender lo suyo. Escribí: “Ortega apuesta a la fuerza y Costa Rica, a un mito”. Después de confirmar la indefensión de nuestro país, y envalentonado por nuestra debilidad, vino lo inevitable: más agresiones.

Nicaragua pretendía obtener derechos de navegación sobre el río Colorado, de soberanía costarricense. Consolidado su triunfo en Calero, se aprestó a desarrollar obras de considerable tamaño alrededor y dentro de la misma isla, como lo reconoció hace unos días el embajador de Nicaragua en La Haya, Carlos Argüello.

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Impunemente, Nicaragua ofreció 18 bloques marítimos en el Pacífico y 55 en el Caribe para la explotación de petróleo que Costa Rica sostiene que es territorio nuestro. Otro desafío humillante. La respuesta de nuestra Cancillería fue “enviar una nota de protesta” que, además, Ortega no la aceptó.

En esos días se produjo un hecho que nos ofreció un contraste evidente. Un fallo de la CIJ otorgó a Nicaragua una porción del mar Caribe, hasta ahora bajo soberanía colombiana. El presidente Santos declaró “inaplicable” la resolución de la CIJ porque violaba la Constitución de su país, que define sus propias fronteras. Al mismo tiempo ordenó, inmediatamente, aumentar la presencia de la Armada en los límites con Nicaragua.

Para ultrajarnos más, ante los aplausos de una gran multitud en Managua, Ortega promete que Nicaragua reclamaría para su país la provincia de Guanacaste. Esta vez, nuestro Gobierno escogió, como respuesta, no el anuncio de una fuerza militar, como permite la Constitución ante una amenaza a la seguridad nacional, sino una manifestación cuasi política en Nicoya.

En otro escrito, “La paz tiene que acompañarse con la fuerza”, volví a opinar, por quinta vez, que “no habrá paz en Costa Rica hasta que no contemos con una fuerza militar de carácter claramente defensivo para disuadir la agresión de maleantes como Ortega”.

Opiné también: “Este país desnaturalizó la palabra paz para que signifique indefensión, la palabra defensa para que signifique rendición y la palabra fuerza para que signifique barbarie”.

Finalmente, cuando el Gobierno escogió acudir a una impotente “comunidad internacional”, escribí “La irrelevancia de jueces sin policías”. Destaqué que Naciones Unidas no actúa de oficio ante una decisión de la CIJ y no existe una fuerza armada para hacer valer sus decisiones.

Cité el caso del conflicto entre Camboya y Tailandia por un pedazo de tierra. En ese conflicto, la CIJ, en 1962, otorgó esa tierra a Camboya. Pero Tailandia no la entregaba y, en febrero de 2011, Camboya envió una “súplica” a la ONU: “Por favor, convoque una reunión del Consejo de Seguridad para detener la agresión por parte de Tailandia”. Como respuesta, recibe del secretario general de la ONU la siguiente nota: “Estoy profundamente preocupado… les pido a ambos bandos ejercer extrema moderación”.

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En resumen, esta ha sido la trayectoria que escogió este ciudadano de Costa Rica: el deber de opinar. El deber del destino que el señor Castillo escogió como canciller es otro. Es más que opinar. Es la obligación de cumplir con la Constitución..

Tanto la presidenta de Costa Rica como su ministro de Relaciones Exteriores juraron defender la Constitución, y su artículo 149 responsabiliza a ambos, si hubieran participado en actos que “comprometan, en cualquier forma … la integridad territorial de la República”.

¿Cuál es la meta que el señor canciller busca para Costa Rica con su política de depender de la comunidad internacional en el conflicto de Calero?

Asumo que no puede ser otra que la de apegarse a la realidad. Y la realidad es que, antes de que la invasión de Ortega a Calero se convirtiera en un “conflicto internacional”, esta isla era parte de Costa Rica. Un territorio sobre el cual Costa Rica ejercía plena soberanía.

Asumo también que la Cancillería no busca aceptar un despojo de nuestra integridad territorial. Lo que era íntegramente nuestro, no es tolerable que sea devuelto a nosotros con limitaciones.

El señor canciller estará advertido, por su obligación constitucional, de que no es admisible aceptar “un pedacito de soberanía”.

La Constitución no le permite que comprometa la integridad territorial de la República. Debemos recibir todo lo que era nuestro, para ejercer sobre Calero las mismas prerrogativas que tuvimos sobre esa isla antes de la invasión.

Si la CIJ emite un fallo entregándonos la soberanía total sobre la isla Calero y si Nicaragua es forzada a aceptar el fallo –y no como hizo Camboya–, el canciller cumplió su juramento.

Pero ¿cuál sería la respuesta de la Cancillería y la responsabilidad del señor canciller, si el fallo de la CIJ no restaura la soberanía total de Costa Rica sobre la isla Calero antes de la agresión nicaragüense? Ese desenlace sería la consecuencia de su política. Ese es el fondo del asunto.

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