Hace un año, los estadounidenses gastaron $6 mil millones para elegir presidente entre Obama y Romney. La cifra por sí sola dice poco o nada. Se torna reveladora, sin embargo, cuando descubrimos que es cuatro veces menor a la que, proporcionalmente, gastaremos los costarricenses para elegir entre Araya, Hernández y Guevara, según las propuestas del PLN, PUSC y libertarios.
El TSE estableció que la deuda política para el 2014 ascenderá a ?36.295 millones; más del doble de los ? 17.174 millones del 2010. Es decir, si en pocas semanas los grupos que controlan la Asamblea Legislativa no aceptan reducir ese gasto, la próxima elección de presidente y diputados costará $72 millones.
Con la economía más grande del planeta, EE.UU. tiene un PIB 334 veces mayor que el nuestro y sus elecciones están entre las más costosas del mundo. No de gratis en la apuesta electoral por la Casa Blanca entran en juego los intereses de la industria armamentista, de las petroleras y de las grandes transnacionales que se disputan los mercados mundiales.
Elecciones caras. Lo sorprendente es que las elecciones ticas resulten muchísimo más caras que las gringas, siendo que no tenemos ejército, somos una bella miniatura territorial y nos consideramos “el país más feliz del mundo”.
¿Cómo explicar eso? Respuestas habrán muchas, pero todas fundadas en una verdad apabullante: en Costa Rica las campañas electorales se ha convertido en un fabuloso negocio, que quienes están fuera desconocen y quienes están dentro cuidan que no se sepa.
Rechazada por los constituyentes de 1949, la deuda política fue aprobada constitucionalmente en 1956 y quedó regulada por ley a partir de 1969. Desde entonces, todo ha empeorado elección tras elección, porque a los partidos sólo les interesa engordar cada vez más su negocio.
Para acceder a la deuda política, los partidos siempre estuvieron obligados a presentar al TSE un presupuesto de gastos de campaña. Con la reforma electoral del 2009, este requisito, de raigambre constitucional, fue eliminado.
Liquidación. A partir de 1971, con el pago anticipado de la deuda, surgió la obligación de liquidar mensualmente los gastos de campaña financiados por esa vía. Veinte años después, cuando la Sala Constitucional anuló la deuda adelantada, el gasto electoral pasó a reportarse en una única liquidación, obviamente posterior a los comicios. En el 2001, otra reforma legal restableció la sana obligación de reportar los gastos conforme se ejecutan y transcurre la campaña, pero su vigencia resultó efímera.
Con la aprobación del actual Código, en las elecciones del 2010 se volvió a la liquidación única de los gastos de campaña, en los que extrañamente se vale incluir erogaciones realizadas hasta 45 días después de celebradas las elecciones.
He ahí el origen de las múltiples triquiñuelas denunciadas por el TSE en el uso de la deuda política en la anterior campaña, ahora investigadas por el Ministerio Público.
Y es que, aunque bien se sabe que “en arca abierta hasta el justo peca”, los partidos siempre se han esforzado por hacer de la deuda política la más caudalosa y abierta de todas las arcas del Estado costarricense.
A manos llenas. En estos momentos apena ver cómo muchos de los “pecadores” del 2010, lejos de redimirse, suman fuerzas para que en la próxima campaña el arca se replete con ?36.295 millones, que podrán gastar a manos llenas, sin presentar siquiera un presupuesto y con la posibilidad de inflar y maquillar las cuentas, aun después de conocido el resultado electoral que determinará el monto a recibir por cada partido.
Contra los llamados de la propia presidenta Chinchilla, en la Asamblea Legislativa se ha levantado un bloque, encabezado por el PLN y el PUSC, empeñado en impedir que la deuda política del 2014 se rebaje. No les importa semejante despilfarro aún en medio del creciente déficit de las finanzas públicas.
Su lucha más bien apunta a restablecer la autorización a las sociedades anónimas para hacer donaciones a los partidos, como si una empresa fuese un ciudadano con derecho a elegir y ser electo. Viva la plutocracia; viva la subasta del poder; se llama eso. Ojalá el TSE, con las facultades de veto que la ley le confiere, pare esa tentación de hacer todavía más grande el festín de las elecciones.