EscucharEl pasado martes 14 de junio, en una cerrada votación, los diputados tomaron la decisión de archivar el Proyecto de Ley sobre Fecundación in Vitro y Transferencia Embrionaria. En la nota de La Nación(15/6/11),la presidenta de la República adujo que el archivo del proyecto era responsabilidad del Congreso y argumentó que el Gobierno hizo todo lo posible por lograr su aprobación.
Para las personas y organizaciones que hemos dado un seguimiento cercano al tema y a su “discusión” en la Asamblea, estas declaraciones nos generan indignación. ¿Cómo puede argumentar la señora Chinchilla que hizo todo lo posible cuando envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley inviable? Afirmo esto con base en dos criterios.
Primero, es un texto que no tiene sustento en los estándares internacionales de aplicación de la fertilización in vitro y que violenta los derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, al establecer que deben reintroducirse al cuerpo de la mujer todos los óvulos fecundados, exponiendo así a serios riesgos la salud y la vida de las mujeres.
Segundo, es un texto que tiene incongruencias internas. Solo para citar un ejemplo, el artículo 3 establece que la mujer candidata a la fecundación in vitro (FIV) debe tener un buen estado de salud física y psíquica, mientras que el artículo 14 establece que la técnica puede realizarse únicamente ante la certificación de una patología o disfunción.
Callejón sin salida. Este proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo colocó la discusión, desde un inicio, en un callejón sin salida. Quienes estamos a favor de que en el país se autorice la FIV y coincidimos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en que la prohibición de la técnica violenta derechos humanos y se convierte en una injerencia excesiva del Estado en el ámbito privado, no tuvimos opciones para visualizar una posibilidad de avance en el tema.
Vivimos a lo largo del proceso dos momentos contradictorios pues, si bien consideramos que se dio el mejor resultado posible, tampoco teníamos motivos para celebrar: el dictamen negativo de mayoría en la comisión legislativa y el archivo del expediente en el plenario. Ambos resultados eran los esperados para un proyecto de ley al que siempre nos opusimos, pero a la vez hacían inviable el aval legal para permitir que las mujeres y parejas con infertilidad pudieran disfrutar el beneficio del avance científico, específicamente mediante la técnica de la FIV.
En este punto es necesario visibilizar que el archivo del proyecto no obedeció a un consenso de que en Costa Rica debe prohibirse la FIV porque atenta contra una visión particular de la vida humana, sino una combinación entre este pensamiento y el de quienes consideraron que la aprobación del proyecto en discusión hacía la técnica absolutamente inviable.
Compromiso con derechos humanos. Un argumento que han utilizado los opositores a la FIV es la denuncia de la supuesta injerencia de la CIDH y la violación a la soberanía nacional que hace al emitir informes y recomendaciones sobre las denuncias que tramita, denuncias que son interpuestas ni más ni menos que por ciudadanos costarricenses.
Quienes así argumentan olvidan que es el mismo Estado costarricense el que se compromete al cumplimiento del sistema internacional de derechos humanos al firmar o ratificar los compromisos a nivel internacional.
Es muy sencillo vanagloriarnos de ser un país respetuoso de los derechos humanos y firmar todo documento de la materia, si finalmente no existe una voluntad política para garantizar su cumplimiento.
Llama también la atención que quienes han denunciado la afectación a la soberanía nacional por el informe preliminar de la CIDH, no hayan argumentado lo mismo ante el fallo de la Corte Internacional de Justicia en la discusión sobre la isla Calero. ¿Cuál es la diferencia en términos del papel que juegan los organismos internacionales?
31 de julio del 2011 . En menos de 40 días se vence el plazo que la CIDH ha otorgado al Estado costarricense para que avance en las medidas que permitan la FIV en el país.
Esta vez no será posible utilizar el argumento de que se está discutiendo el tema en la Asamblea Legislativa y que próximamente se espera la aprobación del proyecto de ley.
Quienes defendemos los derechos humanos realizaremos nuestras acciones de incidencia ante la CIDH para que no amplíe el plazo nuevamente y emita su informe de fondo, o bien eleve el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sea esta quien restituya los derechos violentados.
En todo caso, en los últimos meses ha quedado claro que en Costa Rica no existe la voluntad política para legislar en derechos humanos y nos recuerda, una vez más, la urgencia de abogar por un Estado laico.
