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Una fecha para los anales de la historia nacional

Actualizado el 27 de febrero de 2015 a las 12:00 am

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Una fecha para los anales de la historia nacional

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Hay días que condensan los aires de cambio de una época o al menos el espíritu renovador que los favorece.

El 23 de febrero, en la mañana, en San Ramón, el presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, rodeado de la comunidad, representantes de instituciones públicas y de la propia Asamblea Legislativa, firmó la Ley 9292, que permitirá la ampliación de la ruta N, entre San José y San Ramón y sus radiales.

Ese mismo día, pero en la tarde, el plenario, en medio de la algarabía de representantes y diputados de Limón, votó favorablemente, en primer debate, el empréstito para la ampliación de la ruta 32, entre Pococí y Limón centro.

Hay quienes afirman que no existen las casualidades. Sin embargo, que en la misma fecha los poderes Ejecutivo y Legislativo hayan coincidido en la promoción de proyectos de infraestructura con alcance estratégico, los cuales tenían un rezago histórico a cuestas, con años de promesas incumplidas y críticas de la ciudadanía, muestra que, a pesar del pesimismo de algunos, el país puede avanzar por la ruta del consenso.

Lecciones aprendidas. En ese contexto, quisiera destacar varias lecciones aprendidas de la aprobación de ambas iniciativas.

En primer lugar están las relacionadas con la participación ciudadana. En ambos casos, importantes proyectos de infraestructura pública estuvieron rodeados de críticas y dudas legítimas, siendo esa participación la que promovió, desde su propia indignación y autoorganización, revisiones y alternativas en los poderes públicos.

Fue una indignación participativa y creativa; autogestionaria en la formulación de soluciones; con capacidad propositiva, liderazgo, perseverancia y rigor para proponer alternativas ahí donde se creían cerrados los caminos, o con apoyos y movilizaciones ahí donde fue necesario recordar el peso y el valor de comunidades locales adscritas en lo más profundo de la nacionalidad costarricense.

Además, esa participación ciudadana se incorporó al acompañamiento técnico tanto en el poder Ejecutivo como en el Legislativo.

No fueron sencillamente unas ideas lanzadas al viento para que las recogieran los políticos de turno a ver qué pasaba. Todo lo contrario, la ciudadanía fue capaz de hacer proyectos de ley, como en el caso de San Ramón, o de plantear las dudas que llevaron a la revisión legislativa y ejecutiva, como en el caso de Limón.

En segundo término, en ambos procesos hay que destacar la participación fundamental de la Asamblea Legislativa y del poder Ejecutivo, como una muestra de que es posible la construcción de acuerdos, a pesar de la ausencia y el escepticismo de algunos, incluyendo al propio ministro del MOPT.

Gracias al decidido apoyo del presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, y de legisladores, que, a pesar de la heterogeneidad en su origen partidario, fuimos capaces de respaldar desde las comisiones hasta el plenario ambas iniciativas.

En todo lo anterior, se encuentra un modelo de hacer las cosas, que recupera la participación ciudadana, la transparencia y, por qué no, la eficacia en la gestión política y pública, incluyendo una prensa que acompañó a la ciudadanía y alentó incluso la revisión de las condiciones originales de ambos proyectos, completamente alejada del enceguecido e innecesario espíritu hostil asumido en otras ocasiones.

La doble celebración del 23 de febrero quedará en los anales de la historia nacional. Ese día, tal vez escribirán los historiadores en el futuro, por fin, después de mucho tiempo, los costarricenses dimos muestra de nuestro espíritu de renovación.

Ahora bien, más allá de apoyos y lecturas políticas, aún queda mucho por hacer en cuanto a los retos derivados de la ejecución de ambas obras. Tenemos la fe de que el sector público y privado estarán a la altura de las circunstancias, y que las tradicionales excusas de ineficiencia, ineficacia y corrupción quedarán atrás.

Así como las comunidades llevaron a la propia renovación del ejercicio de la política, no habrá duda de que el control social estará atento para evitar los fracasos anteriores de obra pública, y que esta vez, a diferencia del pasado, todos quedamos avisados.

El autor es diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC).

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