Opinión

A favor de las mujeres vulnerables

Actualizado el 04 de agosto de 2013 a las 12:00 am

Se ha duplicado el número de hogares pobres jefeados por mujeres

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Cosa rara, la prensa nos regaló hace unos días una noticia positiva: el avance en la aprobación de un proyecto de ley para reducir las penas a las mujeres condenadas por introducir droga a las cárceles. Se trata de mujeres en su mayoría de entre 25 y 35 años, con educación incompleta, solteras o en unión libre, y madres de varios hijos.

La reforma va más allá de reducir significativamente el período de la pena de cárcel, pues permite también que se les impongan medidas alternativas como la estadía en centros de confianza, libertad restringida o hasta el beneficio de cumplir la pena en su casa, a aquellas que cumplan los siguientes requisitos: vivir en condición de pobreza, ser jefas de hogar o adultas mayores en condición de vulnerabilidad, o tener a su cargo a menores de edad, a adultos mayores o a personas con alguna discapacidad. De convertirse en realidad, sería una necesaria puesta al día de nuestra legislación con los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y con las tendencias modernas en esta materia.

Ventaja de la propuesta. La propuesta tiene la gran virtud de establecer la diferenciación entre las mujeres que infringen la ley por primera vez, por motivos de necesidad o por estar sometidas a relaciones de poder, de aquellas que son delincuentes consuetudinarias o que forman parte de bandas criminales y traficantes de drogas. A la vez, se reconoce el daño social derivado para los hijos cuando estas madres son encarceladas, y para ellas mismas, a quienes luego les resulta difícil restablecer los vínculos emocionales con aquellos y reinsertarse en la sociedad. Como sabemos, en nuestra sociedad lo común es que las mujeres se hagan cargo por completo de los niños, de los enfermos, de los ancianos y de las personas con alguna discapacidad. Todos ellos quedan en gran riesgo cuando ellas son privadas de libertad; los estudios que respaldan el citado proyecto de reforma a la Ley de Estupefacientes, revelan que los hijos de estas reclusas incurren en deserción escolar, conductas rebeldes, drogadicción, criminalidad, etc. La intención del proponente del proyecto es evitar estos efectos colaterales indeseables y que sólo contribuirían a fomentar la ya preocupante descomposición social.

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La reforma es especialmente importante si tomamos en cuenta la creciente feminización de la pobreza: en los últimos 20 años se ha duplicado la cantidad de hogares pobres jefeados por mujeres, que han llegado a representar aproximadamente el 40% del total de hogares pobres del país. La pobreza también se ha urbanizado: 55% de la esa población vive en zonas urbanas. Y hay otros datos relevantes para este tema: los hogares pobres tienen más miembros que los no pobres, tienen menos personas ocupadas, y aquellos donde habitan adultos mayores sufren mayor pobreza. Además, el mayor número de pobres son menores de 12 años. (XVIII Informe del Estado de la Nación). Si combinamos todos estos datos, podemos vislumbrar que las mujeres jóvenes con educación incompleta, que residen en zonas urbano marginales, que tienen niños o adultos mayores a su cargo, y que no están acompañadas de forma permanente por una pareja, son uno de los grupos más vulnerables de la sociedad y, de rebote, lo son sus hijos y toda otra persona dependiente de ellas.

Mujeres en prisión. En los Considerandos del proyecto de ley, se menciona que “el problema social que se produce al Estado costarricense manteniendo a esas mujeres en prisión, es mucho mayor que el costo o condición adversa que asumiría el mismo ente estatal, si se lograran implementar políticas socioeconómicas que, manteniendo a esas mujeres fuera del presidio, les diera las herramientas necesarias para salir adelante sin necesidad de caer en este tipo de ilícitos.”

Este considerando es clave, porque reconoce que si bien la reforma es un paso en el buen camino, por sí sola no basta para mejorar la situación de dichas mujeres y de sus familias. Si la situación no se aborda integralmente, las probabilidades de que aquellas reincidan en esa falta o en otras más graves, es alta. Lamentablemente, el proyecto no va más allá de hacer esa declaración; no prevé cuáles serían esas herramientas ni dispone qué instituciones deben acometer la tarea de prevenir la reincidencia de esas mujeres en esas u otras faltas.

Un plan posible. En Costa Rica existen muchas ONG y suficientes instituciones públicas dedicadas a apoyar a las mujeres, a paliar los problemas sociales y a combatir la pobreza. Aún con la descoordinación y el desperdicio de recursos que sabemos que existe en varias de esas instituciones, no debería ser tan difícil establecer un plan que complemente ese proyecto de ley, a tiempo para rescatar a esta población, para proveer una red de apoyo que facilite su inclusión social, con acceso a educación o a capacitaciones técnicas, a empleos dignos y justamente remunerados con el correspondiente acceso a seguridad social, que provea apoyo para la atención de sus hijos y otras personas a su cargo, que ayude a romper los círculos de violencia y sumisión que las llevan a cometer ese tipo de delitos y que podría llevarlas a reincidir.

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