Con ocasión de los numerosos reportajes que con gran despliegue ha cubierto ese diario sobre el fondo de jubilaciones, se ha abierto la posibilidad de escuchar diversidad de perspectivas y evaluarlas con el fin de mejorar el trabajo de este poder de la República. Se informa de que “14 magistrados con pensión aprobada se resisten a irse”. Sin embargo, llama la atención que se califique ese hecho como impropio o – peor aún – perjudicial para el país.
Resistencia, implica que existe una fuerza que nos obliga a irnos y nos oponemos. Pero, por el contrario, la única fuerza que mantiene a la mayoría de magistrados de la Corte a quedarse a trabajar, pudiendo estar en bufetes particulares o descansando en su casa –yo incluido– es precisamente nuestro compromiso con la justicia costarricense.
Mayor estabilidad y seguridad. Costa Rica tiene sin duda muchos distintivos, pero no parecía –hasta ahora– que el desprecio por la experiencia fuera una de ellas. En el mundo encontramos sociedades desarrolladas y de tradiciones milenarias en las que la experiencia y la edad son valoradas como un tesoro nacional como son China o Japón, para solo citar dos. Pero ello no solo ocurre en Asia, sino que el respeto a la experiencia y las “canas” es también una constante de sociedades europeas, especialmente en puestos de gran responsabilidad. El caso de los jueces y en particular de los de mayor rango “magistrados”, no es la excepción, porque, se trata el derecho de una materia técnica y la administración de justicia de una, además, que requiere destrezas específicas. Entre mayor es la experiencia de los jueces, mayor seguridad tendrá la sociedad de que las decisiones serán ponderadas y estables y mayor la seguridad de que sobra experiencia y capacidad para llevar las presiones del cargo que son muchas.
Claro que no existe garantía de que las decisiones de los jueces siempre serán perfectas o infalibles, pero sí existe una relación proporcional entre la experiencia y el margen de error de tal forma que, a mayor experiencia, menor tiende a ser el error. Por ese motivo se propicia la carrera judicial en los Poderes Judiciales, que procura generar estabilidad e independencia en los jueces, así como que los jueces entre mayor la experiencia sea, vayan escalando puestos en la judicatura. En otros oficios, como la medicina y la aviación, por ejemplo, también es ampliamente valorada la experiencia, e incluso en disciplinas como la periodística también es apreciada y resulta una garantía para el cuidadoso y mesurado papel que corresponde a la prensa en una democracia.
Esta es una política común en los Poderes Judiciales de países desarrollados, como la Corte Suprema de los Estados Unidos que dispone la estabilidad vitalicia de sus magistrados, quienes, con pocas excepciones, tienen edades superiores a los 60 años y permanecen, normalmente, durante más de dos décadas en sus puestos. A manera de ejemplo, la magistrada Sandra Day O´Connor, la primera mujer magistrada de la Corte Suprema, ejerció su cargo durante 24 años y se retiró a los 75 años. Stephen Breyer, aún en el cargo, tiene 74 años y 18 años en el cargo. La carrera judicial y el régimen de pensiones son dos caras de una misma moneda cuando de estabilidad e independencia se trata.
Pero, además, en el caso de nuestro país, encontramos argumentos de mayor consideración a favor de la necesidad de su permanencia durante largos períodos en la magistratura, que no se relacionan con su función técnica de jueces de casación o en el caso de los de la Sala Constitucional de su Magistratura Constitucional, sino que tiene que ver con su función de gobierno judicial, encargada así por el constituyente de tal forma que los magistrados tienen un doble rol y carga de responsabilidad, la de jueces y la de gobierno propiamente dicha.
Solvencia del fondo de pensiones. Si la preocupación es la “sanidad del fondo de pensiones”, está claro que el fondo de pensiones del Poder Judicial, constituido desde 1937, se ha manejado siempre con responsabilidad y, según han reconocido las propias autoridades, tiene garantizada su solvencia por lo menos hasta el año 2045, entre otras razones porque los aportes de los empleados judiciales son mayores con respecto a otros regímenes.
Lo anterior no significa que no haya que hacerle ajustes, como es normal en todo fondo de pensiones, pero sin motivo de alarma, en palabras del propio superintendente de Pensiones, quien ha señalado públicamente que este tiene solidez, no a 30 años plazo como está ahora, sino más allá, y así será sin duda una vez que la Corte reciba el nuevo estudio actuarial solicitado en diciembre pasado. Pero si esa fuera la preocupación, una larga permanencia en el cargo es altamente beneficiosa también para cualquier régimen de pensiones y el del Poder Judicial no es la excepción. Más magistrados activos significan más salud para el régimen por más tiempo, y una mayor edad de retiro como la que se informa es nada menos que la tendencia mundial para dar solidez a los sistemas de pensión alrededor del mundo.
Por otra parte, la opinión pública y la academia coinciden en que nuestro país ha perdido su capacidad para concebir y llevar adelante procesos de largo plazo, que hemos caído en la miopía del “cortoplasismo” en el ámbito público y por ello parece sumamente desconcertante que ahora se señale al Poder Judicial por tener éxito y sostener uno de los pocos proyectos de este tipo que –prácticamente– le resta a este país, con visión de largo plazo, impulsado por magistrados y magistradas de gran capacidad y valía.
La conversión paulatina de la escritura en oralidad (luego de casi dos siglos de escritura), la inversión tecnológica, la renovación de códigos procesales, de introducción de procesos de medición de la calidad y participación ciudadana, son procesos que, entre muchos otros, se están llevando a cabo con visión de futuro y son ampliamente reconocidos a nivel iberoamericano. Es una lástima que una prensa calificada y responsable, no tenga la capacidad de valorar la importancia de una política pública de la justicia como tal y su relación con el desarrollo del país, centrándose en atender los aspectos de interés mediático del momento, sin hacer un balance integral de los temas que trata.
El hecho de encontrarnos al día de hoy con una Corte Plena con la experiencia, preparación y la independencia de la que se informa en el artículo, debería más bien llenarnos de orgullo y tranquilidad como nación.
Después de todo, nada menos que las libertades públicas y el Estado de derecho dependen del Poder Judicial, y un sistema de justicia débil solo ha servido para mirar al otro lado cuando se trata de luchar contra los abusos del poder. La historia está llena de ejemplos.