EscucharNo corría el aire en el pabellón hacinado, pero María contemplaba plácidamente a Sasha, su bebé recién nacida. María estaba lejos de su familia y sus amigos, pero había llegado a una tierra de relativa abundancia, donde, por lo menos, no faltan pañales ni aceite.
Cubriendo Venezuela para Human Rights Watch durante los últimos ocho años, he visto al país sumirse en una espiral de represión y carencias. En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad han empleado un uso excesivo de la fuerza y lanzado gases lacrimógenos indiscriminadamente contra manifestantes opositores, y el Tribunal Supremo de Justicia en la práctica cerró la Asamblea Nacional (aunque luego revirtió parte de sus sentencias, respondiendo a un “exhorto” del presidente). Quedan pocas dudas de que el gobierno de Nicolás Maduro se parece cada vez más a una dictadura con todas sus letras.
Mientras observaba a María y Sasha en el Hospital de Maternidad de Roraima, un estado brasileño fronterizo con Venezuela, no pude evitar pensar en mi historia. Como Sasha, nací en el exilio. Mi madre huyó de la última dictadura argentina días antes de que militares irrumpieran en su casa. Mi padre la acompañó al extranjero. Nací tres años después, en lo que entonces era un refugio para exiliados. Nací en Venezuela.
Conocí a María mientras entrevistaba a algunas de las miles de personas que han huido de Venezuela. Muchas, como María, se escapan de la situación económica. Algunos son refugiados políticos, como lo fueron mis padres. Lo cierto es que los motivos por los cuales uno huye de su lugar de origen suelen ser complejos y estar interrelacionados.
Carestía. En toda Venezuela, innumerables personas esperan horas para comprar arroz o harina, aunque la comida suele acabarse antes de que les llegue su turno. En los hospitales no hay gasas, jeringas, ni medicamentos básicos, y los doctores envían pacientes a sus casas sin poder atenderlos. El gobierno venezolano no ha buscado suficiente asistencia internacional humanitaria para abordar la escasez de alimentos y medicinas, insiste en que no hay crisis y persigue a quienes hablan sobre ella.
Claramente, la Venezuela actual no es la Argentina de los 70. El régimen militar argentino fue responsable del asesinato y la desaparición forzada de miles de disidentes, muchos de los cuales fueron arrojados al mar desde helicópteros, y de robar bebés de sus víctimas para criarlos como propios. Los homicidios masivos en Argentina son incomparables con los abusos actuales en Venezuela.
Lo que sí es similar es la concentración de poder y la represión del disenso. En el 2004, el expresidente Hugo Chávez copó con adeptos el Tribunal Supremo, y con el tiempo consiguió que el resto del poder judicial, el aparato electoral y las demás instituciones públicas quedaran bajo su control absoluto. Como Chávez, Maduro ganó las elecciones, pero ha usado su poder irrestricto para censurar y castigar a sus críticos, encarcelar opositores políticos, obligar a canales de televisión a dejar de transmitir, perseguir penalmente a periodistas y emplear fuerza brutal contra manifestantes pacíficos.
La última vez que Human Rights Watch visitó públicamente Venezuela fue en el 2008. En esa ocasión, Chávez dispuso la detención y expulsión de mis colegas. Desde entonces, seguí viajando regularmente a Venezuela cuidándome de nunca incluir mi nombre en las publicaciones de Human Rights Watch. Pero el riesgo de represalias oficiales –contra mí y contra nuestras contrapartes en el país– se ha vuelto demasiado alto. Por ello, al menos durante un tiempo, tendré que exiliarme del país donde nací y que acogió a mi familia. El lado positivo es que finalmente podré hablar sobre lo que he visto en Venezuela, sin ocultar mi identidad.
Presión en aumento. Hasta hace poco, la mayoría de los líderes latinoamericanos guardaba un silencio vergonzoso mientras el gobierno venezolano ponía a su merced a las instituciones democráticas y reprimía a disidentes. Pero eso finalmente está cambiando. En el marco de la discusión sobre la aplicación a Venezuela de la Carta Democrática Interamericana –un acuerdo regional que obliga a los miembros de la OEA a responder colectivamente cuando la democracia de un país vecino está comprometida–, la presión ha ido aumentando.
La comunidad internacional contribuyó a restablecer la democracia en Argentina, y puede y debe hacer lo mismo por Venezuela. Cuando tenía cuatro años, la junta militar argentina cayó ante la presión interna e internacional, y mis padres me llevaron junto a mi hermano –ambos nacidos en el exterior– a Buenos Aires por primera vez. Hoy vivo aquí con mi familia.
Confío en que María, al igual que mis padres, un día llevará a su hija Sasha a su casa, y que Venezuela será un país donde habrá un gobierno democrático y quienes cometieron abusos responderán ante la justicia. Ese día, mi segundo exilio habrá terminado.
Tamara Taraciuk Broner es abogada sénior, Human Rights Watch. Este artículo fue publicado originalmente en inglés por el “Miami Herald”.
