Opinión

Ni evasión ni violación de derechos

Actualizado el 14 de noviembre de 2015 a las 12:00 am

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Como presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, haré algunas aclaraciones importantes con respecto al artículo publicado en este diario el 9 de noviembre, titulado “Evasión e información” y firmado por el viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda Fernando Rodríguez.

Rodríguez se refirió al proceso de decisiones sobre cambios normativos que, presumiblemente, deben realizarse para cumplir los estándares de transparencia exigidos por la OCDE, para ser aceptados en esa organización.

El viceministro copia en su artículo parte del acápite sétimo del resumen ejecutivo del informe, y dice que la OCDE “nos pide poner en marcha un programa de supervisión para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de mantener la información de propiedad y la identidad de todas las entidades, y ejercer sus facultades de ejecución adecuadas para garantizar que dicha información esté disponible en la práctica”. Pero de la lectura de tal documento, es absolutamente claro que no se nos “pide”, sino que se nos “recomienda” poner en marcha tal programa.

El informe de la OCDE también reconoce que la Administración Tributaria tiene “acceso directo a un amplio espectro de información obtenida como parte de los requisitos de registro y suministro aplicables en Costa Rica, y guardados en sus bases de datos institucionales”.

Durante el período de revisión (del 1.° de julio del 2011 al 30 de junio del 2014) autoridades competentes fueron capaces de acceder a información requerida por “un convenio relacionado con propiedad e identidad, contabilidad, información bancaria y otros tipos de información” (acápite 9, página 9).

Más adelante, en el acápite 14 del resumen ejecutivo, se reconoce que Costa Rica ha provisto de forma eficiente información solicitada por otros países.

En conclusión, no estamos frente a un requisito, sino a una recomendación, lo que constituye la primera gran inducción a error e inexactitud del artículo del viceministro Rodríguez.

Exigencia. Las razones en las que descansa la iniciativa de crear un registro tributario de accionistas no parece ser una “exigencia” del Foro de Transparencia de la OCDE, sino la implementación de una política fiscal de las autoridades actuales del Ministerio de Hacienda. Debemos llamar las cosas por su nombre.

Por otra parte, para el viceministro, dotar a la Administración Tributaria de los “medios idóneos” para obtener información, además del registro de accionistas, pasa por asegurar que “el acceso a la información por parte de la Administración Tributaria no sea vetada bajo ninguna excusa legal”.

La defensa de un principio constitucional y por tanto un derecho ciudadano no puede, y mucho menos debe, considerarse una excusa legal. El artículo 24 de la Constitución consagra el derecho fundamental de la inviolabilidad de los documentos privados. En materia tributaria, solo establece expresamente una excepción: los libros contables y sus anexos. Todos los demás documentos privados están tutelados por la inviolabilidad, lo que implica que ningún otro documento de las personas, físicas o jurídicas, puede ser válidamente exigido por la Tributación a los contribuyentes.

Por tanto, el reglamento en ciernes que anuncia Hacienda, que pretende exigir el registro de accionistas a todas las personas jurídicas, es evidentemente inconstitucional.

La Ley 8.968, del 7 de julio del 2011 y sus reformas, denominada Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, que el viceministro quiere que no se aplique a información que Tributación solicite a los contribuyentes, es muy clara en los datos que no pueden ser entregados y sus excepciones, y en el tipo de datos que hay y respecto del tratamiento diferenciado en cuanto a su protección.

La gestión de los tributos o la educación fiscal no son excepciones para contar con la autorización previa del propietario de los datos.

El documento de la OCDE centra sus objeciones en los fideicomisos, que es otro asunto, completamente aparte, por lo cual no es válido que el registro de accionistas, y mucho menos la pretensión de eximir a Tributación de los alcances de la Ley 8.968, sean requisitos fundamentales para que el país sea miembro de la OCDE, como concluye el viceministro en el artículo citado.

En la Cámara de Industrias de Costa Rica reiteramos que rechazamos totalmente la evasión, la informalidad y el contrabando, pero ello nunca va a implicar que aceptemos la violación de los derechos que nuestras leyes nos otorgan.

El autor es el presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica.

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