El endeudamiento afectará las estimaciones del déficit fiscal para el presente año

 8 junio

En la tramitación de la ley de presupuesto nacional para el año 2017 hubo importantes recortes tanto a programas de entidades del Gobierno Central como a otras instituciones, entre ellas, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), aun cuando muchos de estos recursos se habían incluido en el plan para atender una instrucción dada por la Sala Primera.

El recorte de ¢47.000 millones al presupuesto del PANI por parte de la Asamblea Legislativa motivó la interposición de una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV, la cual resolvió que el presupuesto de la República para el 2017 contiene un vicio de fondo inconstitucional, al reducir un 45,96% de los fondos que legalmente le corresponden al PANI, lo que “se traduce en la reducción del presupuesto destinado a la atención de la niñez, la adolescencia y la familia, en violación de las normas y los principios establecidos en las leyes relacionadas con los derechos de este grupo de la población”.

Respetuoso de lo dicho por la Sala Constitucional, el Ministerio de Hacienda presentó, en abril, el primer presupuesto extraordinario del 2017, donde, una vez más, el Ejecutivo cumple con la incorporación presupuestaria de los recursos destinados a la niñez y a la adolescencia del país. Adicionalmente, se incorporan recursos para atender necesidades urgentes, como los compromisos adquiridos por el país en su proceso de incorporación a la OCDE, la atención de contratos en marcha, las afectaciones del huracán Otto, el programa Agua para Guanacaste y la veda de pescadores.

Financiamiento. Como ministro de Hacienda, soy consciente, ante la realidad fiscal del país, de que este presupuesto extraordinario deberá ser financiado, en su mayor parte, con deuda, afectando las estimaciones del déficit fiscal para el 2017.

No aprobar los proyectos pendientes para el fortalecimiento de la Hacienda pública implicará enfrentar repercusiones en materia económica y social; sin embargo, hay compromisos ineludibles que debemos atender. También soy consciente de que Costa Rica requiere todo nuestro esfuerzo y constancia para dotarle de leyes fortalecidas en Hacienda pública, así como de acciones administrativas continuas y firmes para mejorar los ingresos y la calidad del gasto. Así lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, con la convicción de que vamos por el camino correcto.

Las acciones encaminadas a controlar la calidad en el gasto, las mejoras en los programas tecnológicos, los mayores controles contra la evasión, entre otros, han dado buenos resultados. Estos esfuerzos hicieron que los ingresos totales crecieran un 29% en el 2016 con respecto al 2013; no obstante, es insuficiente, y, por ello, debemos contar con las herramientas legales para cerrar portillos a la evasión y a la elusión, mejorar la estructura tributaria, modernizar la legislación de impuestos y ordenar las finanzas públicas.

Necesitamos un país con leyes tributarias modernas y recursos frescos para hacer frente a los diferentes y nuevos compromisos que, como Estado, estamos obligados a cumplir y que hacen cada vez más rígido el presupuesto nacional de la República.

Efectos no considerados. Esta realidad debe llevarnos a reflexionar sobre lo siguiente: los diferentes votos y resoluciones de la Sala Constitucional y de la Sala Primera no consideran los efectos fiscales que genera su cumplimiento. Presupuestar recursos que no estaban previstos para atender una resolución emitida por alguna de estas Salas agrava la situación de las finanzas públicas, debido a que, al no contar con recursos propios, el gobierno deberá financiarlos con nueva deuda. No presupuestarlos desencadenaría acciones legales y graves consecuencias, tanto en el ámbito administrativo como en el personal.

Como gobierno, nuestro compromiso será siempre honrar esas obligaciones; sin embargo, hoy, sin nuevos recursos, cada compromiso debe asumirse con deuda. Si, por el contrario, redujéramos nuestros niveles de endeudamiento con la modernización de las leyes fiscales de renta y ventas aprobando los proyectos presentados ante la Asamblea Legislativa desde agosto del 2015, las finanzas públicas podrían recuperarse poco a poco, y a mediano y largo plazo podríamos contar con un déficit y una deuda que no amenacen nuestro desarrollo.

Durante el 2016 hubo un importante avance en la aprobación de proyectos que conforman el plan de fortalecimiento hacendario. Hoy, contamos con las leyes de lucha contra el contrabando y el fraude fiscal, con una ley que resguarda los recursos de la caja única del Estado, cuatro que ordenan abusos que se permitieron en materia de pensiones con cargo al presupuesto de la República y, finalmente, la ley que permite cobrar el impuesto a las sociedades.

Para culminar este proceso, es necesario reducir de manera considerable el déficit y evitar el crecimiento acelerado de la deuda; es preciso lograr el consenso que culmine con la aprobación de los proyectos de ley para modernizar el impuesto sobre la renta y para convertir el impuesto general sobre las ventas en un impuesto al valor agregado. A ellos se suma la importancia de contar con una regla fiscal, instrumento moderno que permitirá crear una disciplina fiscal y contribuir al saneamiento de las finanzas públicas a mediano plazo. El proyecto de ley también está a la espera de ser discutido y aprobado.

Solución definitiva. No podemos dejar de lado la necesidad de contar con una solución definitiva para combatir los destinos específicos y generar opciones de financiamiento que no estrujen el presupuesto de la República. Desde el Ministerio de Hacienda trabajamos en una propuesta que presentaremos pronto a consideración del legislativo.

El fortalecimiento de las finanzas públicas debe ser una tarea conjunta de los jerarcas de los tres poderes de la República y de los demás actores de la sociedad. Es importante anteponer los intereses de nuestra nación ante cualquier interés particular.

Es nuestro compromiso asegurar a las futuras generaciones un Estado social transparente, fortalecido con las mejores prácticas y los mejores servicios públicos de los que por muchos años, de una u otra manera, nos hemos beneficiados todos los costarricenses.

El autor es primer vicepresidente de la República y ministro de Hacienda.