EscucharLa reforma del artículo 75 de la Constitución Política, con el propósito de acabar con el anacronismo de la confesionalidad del Estado, evolucionando hacia un Estado laico, y la firma de un acuerdo con el Vaticano son aún temas pendientes de resolver, a pesar del amplio debate que ambas materias han suscitado.
Es oportuno y conveniente entonces retomar estos temas ahora que tenemos nuevas autoridades en el gobierno y en la Asamblea Legislativa y que coincidentemente también se han producido cambios en las instancias jerárquicas de la Iglesia Católica.
En las abundantes opiniones sobre el tema del Estado laico se pueden apreciar coincidencias y diferencias de conceptos y visiones entre quienes se decantan a favor de la reforma constitucional.
Todos coinciden en que “el cambio es una exigencia de la sociedad democrática, reacia a discriminar a las minorías o privilegiar a las mayorías, especialmente en temas de conciencia y libertades individuales”, como bien lo señaló este diario en uno de sus editoriales sobre el tema (13/10/2011).
Sin embargo, existen diferencias sobre cuál es el Estado laico que queremos, es decir, sobre el rumbo que debe tomar la sociedad y las instituciones políticas al abandonar el precepto constitucional que estableció que la religión católica, apostólica y romana es la del Estado.
Posturas. Unos abogan por el concepto de “laicidad”, la “sana laicidad” que la propia Iglesia católica promueve como base de la relación Estado-Iglesia; una laicidad que respete la importancia de las raíces, la historia y la cultura cristianas y el papel de las religiones en la formación integral de la persona; la “laicidad” que reconoce la autonomía de lo político y lo civil respecto de lo religioso y que respeta a quienes profesan cualquier religión y a los que no profesan ninguna; una laicidad en la que “(...) la religión, al estar organizada también en estructuras visibles, como sucede con la Iglesia, se ha de reconocer como presencia comunitaria pública”, como la concibe el papa emérito, Benedicto XVI.
Otros propugnan por el “laicismo”, concepto que excluye la religión de la vida pública mediante su confinamiento al ámbito privado y de la conciencia individual; un “laicismo” que asume una actitud beligerante con la religión en general y con la Iglesia católica en particular; el “laicismo” que Norberto Bobbio caracterizó como “un comportamiento de los intransigentes defensores de los pretendidos valores laicos contrapuestos a las religiones y de intolerancia hacia las fes y las instituciones religiosas”
Estas diferentes concepciones sobre el Estado laico han estado igualmente presentes en el debate sobre el acuerdo entre nuestro país y la Santa Sede, que negocian las autoridades de ambos Estados.
Los que abogan por el laicismo expresan sus opiniones negativas y se oponen al acuerdo, desentendiéndose del papel relevante de la religión y de la Iglesia Católica en la sociedad. Con la intención de darle una connotación peyorativa, denominan al acuerdo como “concordato”, para relacionarlo con una práctica de la Edad Media.
Por otro lado, quienes propugnan por un Estado que practique una sana laicidad, consideran que el acuerdo es un instrumento moderno de dos sujetos de derecho internacional, como son Costa Rica y el Vaticano, y que constituye una oportunidad para plasmar de forma clara la independencia entre el Estado y la Iglesia, concepto que también deberá, de manera independiente y soberana, estipularse constitucionalmente reformando el artículo 75, ya que “poner a la Constitución Política en sintonía con el pensamiento moderno y las garantías por las cuales aboga es una idea a la que hace años le llegó su tiempo”, como lo afirmó otro editorial de este periódico (4/1/2013).
Dar el paso. El Acuerdo es, sin duda, una coyuntura idónea para terminar con cualquier discriminación, poniendo a todas las religiones en igualdad de condiciones, estipulando que el trato que se le otorgue a la Iglesia Católica sea el mismo para las demás confesiones, como ya se consignó en el acuerdo firmado entre Brasil y la Santa Sede en el año 2008.
Ese acuerdo, sin duda, es un buen ejemplo a seguir, ya que, como lo expresó monseñor Lorenzo Baldisseri, el nuncio apostólico en Brasil, protagonista de las negociaciones, mediante el Acuerdo firmado con el gobierno del presidente Lula, “la Iglesia promueve aún más la libertad religiosa y facilita las relaciones jurídicas con el Estado también para las otras instituciones religiosas”. Nuestro país debe, con madurez y sin titubeos, dar el paso adelante en ambos temas.
