Una vez más hubo pacto. Y así el escándalo de las intervenciones telefónicas no traspasará de la frontera judicial. Sus ramificaciones políticas -si las hubo- quedarán sepultadas pues la Asamblea Legislativa fue marginada de cualquier investigación.
El Gobierno y el inminente candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Miguel Angel Rodríguez, acordaron antier que una comisión de tres hombres muy honorables -pero cuyos derechos y poderes no están muy claros- indague el caso.
Esta rápida transacción debe ser aclarada públicamente por la oposición. Más cuando en los días previos los socialcristianos exigieron con firmeza la constitución de un grupo de diputados para investigar el affaire DIS-Astur, llegaron a bloquear las sesiones legislativas y a amenazar el viaje al extranjero del presidente José María Figueres.
Fue cuestión de 25 minutos, una reunión entre Rodríguez y sus diputados y ¡zas!... desistieron. Y aquí la incertidumbre: ¿realmente querían que se indagaran a fondo las supuestas intervenciones telefónicas o utilizaron el caso como trampolín para negociar algún proyecto de ley o garantía de proyecto de ley que les interesa?
La voz disidente del diputado del PUSC Alejandro Chaves es muy clara: la decisión de su partido sienta un "pésimo precedente puesto que abre un portillo para que en el futuro otros temas de importancia sean sacados del dominio de la Asamblea Legislativa".
Ya el expresidente Mario Echandi rechazó el nombramiento, la Iglesia desautorizó la participación del obispo Angel San Casimiro y el tercer posible miembro, el exvicepresidente Jorge Manuel Dengo, no se sabe si aceptará. Es decir, el grupo ha desaparecido antes de existir, y de todo el episodio solo quedan dudas y sinsabores.