31 julio, 2015

Varios casos de corrupción han ocupado los titulares en países de Centroamérica y han motivado a organizaciones de la sociedad civil a exigir una mayor rendición de cuentas y persecución penal de todos los implicados.

Su demanda es perfectamente comprensible si tenemos en cuenta que, más allá de la injusticia social que genera la corrupción, existen pruebas empíricas de sus efectos negativos en aspectos vinculados con el desarrollo, como por ejemplo el ingreso per cápita, el crecimiento económico, la mortalidad infantil, la alfabetización y la estabilidad macroeconómica, entre otros.

En el Banco Mundial entendemos que la corrupción es el enemigo público número uno para el desarrollo en el mundo, no solo en Centroamérica.

Por ello, apoyamos a los países en esta lucha con normas como la inhabilitación de empresas para que participen en proyectos financiados por el banco de desarrollo, si han incurrido en fraude e iniciativas para la transparencia en industrias extractivas, en el sector de la construcción pública y para la recuperación de bienes robados.

Obviamente la pregunta es cómo atacar la corrupción en la práctica. Para ello es importante entender que el hábito del soborno es solo una de las consecuencias de un amplio abanico de factores y circunstancias que alimentan la deshonestidad. La corruptela es un reto complejo, y reducirla no depende de una sola variable que pueda ser cambiada con la voluntad de los políticos.

Identificar el origen. Desde una perspectiva de políticas públicas es importante identificar esos factores y circunstancias detrás de las prácticas de corrupción para que los países puedan diseñar intervenciones apropiadas y eficaces. En el estudio del Banco Mundial intitulado ¿Importa el clima de inversión?, hemos considerado las causas y determinantes de este problema y planteamos dos hipótesis para explicar sus matices.

Una, conocida como la de “derechos de control”, considera la posibilidad de que un funcionario público (que en algunos casos recibe un salario muy bajo) ejerza un control implícito sobre empresas para pedir sobornos. Este control podría deberse a características inherentes a marcos regulatorios complejos (que a su vez pueden estar relacionados con el número y la calidad de las regulaciones), así como al poder discrecional de los funcionarios encargados de hacer cumplir las normas. La segunda, conocida como “el engrase de las ruedas”, considera que las empresas también tienen incentivos para sobornar a funcionarios con el objetivo de saltarse las normas y así asegurar contratos de una manera más rápida.

En nuestros análisis encontramos que ambos comportamientos existen en la mayoría de países con altos índices de corrupción. Estos resultados tienen alcances claros para las políticas públicas. A pesar de que la combinación de acciones apropiadas depende de las circunstancias de cada país, reducir este flagelo requerirá de una mezcla que combine tanto incentivos como un mayor énfasis en el cumplimiento de la ley.

Revisión de normas. Esto implica que, por una parte, los países pueden evaluar sus marcos regulatorios para distinguir entre normas que están justificadas desde el punto de vista del interés público y las que están obsoletas o simplemente benefician a ciertos grupos de interés.

Los países también pueden considerar el marco regulatorio desde una perspectiva administrativa. Un marco regulatorio bueno podría estar mal aplicado (a causa de procedimientos engorrosos o de personal poco calificado) o ser ejecutado fuera de tiempo, lo cual podría llevar a un aumento de costos para el sector privado.

En este sentido, la simplificación administrativa, junto con una administración pública más profesionalizada, sería una herramienta eficaz para reducir el costo y mejorar la eficacia de las normas, al tiempo que aumentaría el cumplimiento y reduciría el poder de los funcionarios públicos para pedir sobornos. Además, los países pueden buscar soluciones por el lado de la observancia de la ley, como aumentar los esfuerzos para vigilar el cumplimiento de las normas e incrementar las multas y sanciones para quienes infrinjan las leyes.

Sistema judicial creíble. Otras medidas que llevan a la reducción de la corrupción son las mejoras en el sistema judicial para aumentar la probabilidad de penalizar a todos los involucrados en tales hechos, lo que aumentaría el costo por entrar en ese tipo de acuerdos irregulares.

Este hallazgo tiene consecuencias importantes, ya que un sistema judicial creíble, además de reducir la corrupción, aumenta la probabilidad de cumplimiento de las normas.

Dicho en otras palabras, mejorar el sistema judicial tendría una doble recompensa para reducir la incidencia de la corrupción.

La lucha no es fácil, pero por lo mismo el Banco Mundial está siempre listo a acompañar a los países que se embarquen en la erradicación de este mal.

Humberto López es director del Banco Mundial