Es una manera solapada de pasar recursos finan-cieros del presupuesto nacional al CNP

 25 junio

No deja de sorprenderme el Consejo Nacional de Producción (CNP) al tratar de confundir a la gente diciendo que la ley no obliga a los centros educativos a comprarles más caro. El solo hecho de tener que adquirir los productos con ellos ya es una forma implícita de pagar más caro, y eso es fácil de demostrar.

La intermediación del CNP hace que compremos alimentos a mayor precio. Esta forma de operar el abastecimiento, que implica entre un 10% y un 15% de sobreprecio en los productos que adquieren los comedores, es pensada para que se inyecten recursos económicos para financiar parte o toda la operación del CNP con los dineros del Programa de Comedores Escolares.

Obligarnos a comprarles a ellos a través de un tercero, con contrato-proveedor, además de violar su misma ley, le cuesta al Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (Panea) un sobreprecio en el presupuesto anual de cada comedor donde aparece la figura del CNP.

Esta es una manera solapada del gobierno para pasar recursos financieros del presupuesto nacional al CNP para paliar de manera temporal la crisis financiera de esta institución.

Desvestir un santo. Solo para el año 2017 el MEP emitió una lista de 130 nuevos centros educativos adscritos prácticamente a la Dirección Regional San José Central que pasaban a ser atendidos por el CNP. Semejante ocurrencia no he visto: desvestir un santo para vestir otro, con los recursos del Programa de Comedores Escolares.

Con ese estribillo, que la ley busca fortalecer a los pequeños y medianos productores, se abre el portillo para aplicar un sistema deficiente e incapaz de ofrecer un servicio de calidad y atención de bajo costo para superar el esquema que anteriormente se brindaba.

Ya hay quejas recurrentes de centros educativos que sufren la pésima atención por esta imposición, y, aun así, esta administración de manera insensata obliga a esta nueva cantidad de centros a someterse a este experimento.

En cuanto a las solicitudes a la Contraloría, todos conocemos los esfuerzos prácticos y legales que los centros educativos de Puntarenas han realizado para estar fuera del CNP, y todos sabemos de otros que en otras regiones ya padecen por haber firmado contrato con el CNP.

Temor. Lo que ha sucedido es que existe un silencio general ante esto, todos tenemos un miedo sin razón, todos sabemos que funciona mal y nadie dice nada, y cuando digo nadie me refiero a todos los involucrados: autoridades, funcionarios, Juntas. Habría que revisar cuáles fueron las razones por las cuales la Contraloría denegó la solicitud, estoy casi seguro de que fue por la forma, y, además, porque la Contraloría nos dice reiteradamente que esa ley debe aplicarse, pero también nos recuerda cómo debemos actuar cuando la ley se viola.

Deberíamos documentar los precios que pagan las otras instituciones del Estado por sus compras al CNP a través del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) y revisar si hay o no sobreprecio. Si lo hay, cuestionarnos por qué se permite, y si no lo hay, por qué solo al MEP se le aplica.

Las Juntas de Educación o administrativas de los centros educativos las conforman cinco ciudadanos vulnerables, a los cuales con mayor facilidad se puede presionar o amenazar para que inmediatamente tengan que firmar con el CNP.

El autor es miembro del Foro de Juntas de San José.