Opinión

La esclavitud moderna

Actualizado el 27 de agosto de 2014 a las 12:00 am

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La esclavitud moderna

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La llamada “esclavitud moderna”, o trata de personas, cobra alrededor de 20,9 millones de víctimas, de acuerdo con el “Informe de la trata de personas”, realizado por la Organización Internacional del Trabajo. Entre esas víctimas, cerca de 18,7 millones son explotadas en la economía privada por individuos o empresas. Esta cifra implica que aproximadamente tres de cada 1.000 personas en todo el mundo sufren de una situación de trabajo forzoso en algún momento de su vida.

Como país tradicionalmente defensor de los derechos humanos, Costa Rica ha reconocido que los movimientos migratorios requieren de un tratamiento especial, sobre todo cuando nos enfrentamos a consideraciones de protección para grupos especialmente vulnerables, como los solicitantes de asilo y refugio, las víctimas de trata de personas, los niños no acompañados, los migrantes varados y las víctimas de violencia o trauma físico o sexual.

Testigos de casos recientes. Particularmente, en las últimas semanas hemos sido testigos de la identificación de casos de trata alrededor del mundo, realidad a la cual no escapa nuestro país.

Hace cuatro años, dentro de nuestras fronteras se identificó uno de los casos más conocidos sobre este flagelo, en el cual se pudieron identificar alrededor de 50 personas, víctimas de la trata con fines de explotación laboral, concretamente en el sector de pesca.

Todas estas personas, provenientes del continente asiático, eran engañadas y movilizadas desde sus países de origen para realizar labores de pesca en nuestros océanos, con la promesa de recibir salarios que superaban por mucho las expectativas de ellos y sus familias.

Sin embargo, no se generó pago alguno, y las condiciones de trabajo y convivencia dentro de las embarcaciones eran infrahumanas.

Estas personas estuvieron en cautiverio por varios meses, sin acceso al entorno, lo que produjo grandes afectaciones a su salud física y mental, y una sucesiva lista de derechos humanos violentados.

Si bien este caso fue manejado en aquel entonces con un enfoque integral, y hoy estas personas residen, por su propia voluntad, con sus familias, gracias a la colaboración de instituciones gubernamentales y organismos internacionales, el caso se encuentra todavía en sede judicial.

Acciones urgentes. En los ultimos años, se han impulsado reformas al marco normativo nacional, como el Código Penal, entre las cuales se tiene la variable de trata interna (es decir, la que se genera dentro de nuestras fronteras), la incorporación de responsabilidades en el ámbito de la Ley General de Migración y Extranjería, la creación del Equipo de Respuesta Inmediata vía decreto ejecutivo, así como la reciente Ley Contra la Trata de Personas (N.° 9095).

El problema, sin embargo, supera los alcances de la ley.

Es urgente, por tanto, impulsar acciones para reforzar los equipos de investigación de nuestros cuerpos policiales, tanto en la detección, identificación y judicialización de situaciones de trata de personas. En este esquema no es posible excluir el trabajo de sensibilización y capacitación de nuestros fiscales de la República, así como de los jueces que imparten justicia en nuestros tribunales.

Estamos ante una situación que de no prevenirse continuará cobrando más víctimas. Pero ello solo podrá lograrse si las autoridades y la sociedad trabajamos en forma conjunta, reconociendo que la base del trabajo debe de ser la prevención, la comprensión del fenómeno y sus manifestaciones, y entender cómo ciertas condiciones estructurales son caldo de cultivo para que se potencie el fenómeno y el delito de la trata de personas.

No podemos perder de vista que se trata de un negocio de altísimas ganacias, solo superado por el narcotráfico y el trafico de armas.

Una vez más, el combate de este delito es responsabilidad de todos, pues rebasa los alcances de cualquier Gobierno o cualquier legislación.

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